Un nutrido grupo de trabajadores del Colegio Nacional «Rafael Hernández» de La Plata, compuesto por docentes, no docentes y alumnos, se convocó ayer lunes por la tarde frente a la puerta del edificio de 1 y 49 para protestar por la escalada en los despidos y la incipiente persecución política que estarían padeciendo sectores críticos hacia la gestión de Ana María García Munitis.
La Asamblea de Docentes del Colegio Nacional emitió un comunicado en el que denuncia el esquema “que viene llevando a cabo la actual gestión en contra de los trabajadores y trabajadoras” con opiniones contrarias “al modelo educativo implementado en 2014”.
Las consecuencias de esta política –continúa el texto difundido ayer– ”son cada vez mayor cantidad de docentes sin trabajo, recorte de horas para aquellos que disienten con las medidas que se toman y persecución para quienes se solidarizan con los despedidos”.
Según los propios referentes, esta forma de administración ha alcanzado a todos los sectores del Colegio y “se ha profundizado en los últimos meses”, ya que “se echaron a más trabajadores que en todos los años anteriores desde que asumió la actual gestión”.
Georgina Ermácora, una de las docentes cesanteadas de su cargo, explicó a Contexto que, a pesar de la voluntad de diálogo, “nos quieren ver afuera de la institución, ya que estamos identificados con un proyecto en un lugar en donde tal cosa no existe”.
Por su parte, Vanesa Manes, una de las preceptoras suplentes despedidas, dijo a este medio que, si bien la situación decantó recién en marzo pasado, “desde diciembre del año pasado no quisieron definir la situación” por la que atraviesan ella y varios compañeros más.
A pesar del momento difícil, “queremos negociar con las autoridades y que se convoque al gremio de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), pero la voluntad de hacerlo desde la gestión no existe”, advirtió Manes.
Cabe recordar que los suplentes que ahora se encuentran despedidos ocupaban cargos de titulares que nunca volvieron a sus puestos, pero la condición para que dejaran su trabajo era la notificación por escrito y no de forma verbal del cese de funciones, como pasó ahora.
En el caso de los cesanteados, la única garantía que tenían de continuidad laboral era esta confirmación textual, un suceso que no se cumplió con varios de los preceptores que ejercían funciones con anterioridad y desde hace muchos años.
Actualmente, el grupo de trabajadores más afectados es el de los preceptores, con nueve despedidos, una cantidad que crece por las suspensiones en otras áreas y con el recorte arbitrario de horas a profesores.
A su vez, el comunicado distribuido por los organizadores del reclamo indica que “en ninguno de los casos se respetaron derechos ni garantías laborales básicas, como la debida notificación y el plazo de preaviso, llegando en algunas oportunidades a informar el despido de un día para el otro e, incluso, en los pasillos de la institución”.
La vulneración de los derechos laborales es prácticamente sistemática y desconoce el convenio colectivo de trabajo que ampara la tarea de los trabajadores, explicaron.
Horacio Bustingorry, delegado de ADULP en el Colegio Nacional, dijo a Contexto que los despidos injustificados “suceden desde mediados de 2014. En este caso, son cesanteados bajo distintas modalidades, con casos en los que se desarrollaron concursos muy extraños cuando todos los afectados son opositores a la gestión”.
Con esta convocatoria “queremos visibilizar la situación y repudiar la falta de atención” sobre la crítica situación, “pero no nos negamos al diálogo. Recurrimos a este tipo de medidas” para lograr una respuesta positiva, destacó Bustingorry.
