Por Antonio Mangione
Hace años que los medios hegemónicos, cada tanto, publican notas sobre las Universidades públicas. Todas en tono peyorativo. Para los defensores del mercado, la Universidad pública es “ineficiente”, “en Chile hay más egresados por cada 1.000 habitantes que en Argentina”, y “la Universidad tiene que volver a ser para una élite” (dice Umberto Eco. Sí, Eco). Llevamos unos doce o catorce años con una nota cada tanto sobre este tema.
La explosión de artículos periodísticos de este tipo en los últimos diez días no tiene registro.
En una nota publicada en Clarín, Daniel Muchnik, economista, dice entre otras cosas “Arancelar la universidad, ¿sigue siendo un tema tabú?”, y afirma: “Con el tiempo, muchos principios se van decantando o transformando. En algunos casos más rápidamente que lo deseado”. Se refiere a la gratuidad. Califica a las Universidades públicas de sucias y con profesores con discursos que provocan enfrentamientos (sic).
Unos días antes, el periodista economista Marcelo Zlotogwiazda afirmó que hay muchos egresados de las ciencias sociales. ¿Solución? Cupos. Un día después, La Nación le hace una entrevista en donde se explaya sobre el tema y agrega: «El cupo universitario es una manera de que el Estado intervenga», y además “el derecho a estudiar lo que uno quiere no puede estar por encima del interés social”.
Febrero arrancó con una nota de tapa de Clarín de Ricardo Braginski, donde analiza los datos de un estudio del CEA (Centro de Estudios de la Educación Argentina) de la privada Universidad de Belgrano. Informe que será presentado en febrero y al que Clarín accedió en exclusiva. Ahí se expresa que las Universidades públicas son ineficientes porque gradúan menor proporción de estudiantes que las privadas. Es tan escandaloso el informe que hasta Alieto Guadagni (que no tiene mucha simpatía por la Universidad pública) dice que hay que ver los datos con cautela, porque hay Universidades públicas con mejor “eficiencia” que las privadas en la graduación.
No es propósito de este artículo contestar a cada una de las declaraciones de más arriba. Propongo abordar la pregunta central: ¿por qué estamos hablando de esto? Veamos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Universidad pública?
Da la impresión de que nos estuvieran proponiendo un orden natural de las cosas. El mercado es lo natural, el esfuerzo y la voluntad individual es lo natural, lo que ocurre en Chile o en Brasil es aquello natural y deseable, el arancel es natural. Plantean una única forma, natural, de ser y de hacer. El poder real, las corporaciones económicas y académicas (que las hay) en todo el mundo, hacen un esfuerzo enorme por terminar con la educación pública.
Saben perfectamente que la educación es otro muy buen negocio. Lo saben las Universidades de rectores de Chile por ejemplo (de las que son dueños), que se financian con el arancel que los estudiantes pagan con préstamos dados por las financieras que pertenecen a esos mismos rectores.
El de arriba es un modelo: el modelo mercantilizado de la educación.
Argentina tiene otro modelo: uno basado en el derecho. Nuestro país concibe desde hace años a la educación superior como un derecho. La Reforma Universitaria de 1918, incompleta aunque decisiva, propuso democratizar las Universidades y terminar como pudiera con el sistema de cátedra, entre otras conquistas. En 1949 y por decreto, Juan Domingo Perón suspende el arancelamiento en las Universidades. Carecer de dinero para ir a la Universidad entonces ya no va a ser un obstáculo. Es recién en 2015 que por ley a iniciativa del Frente para la Victoria, durante el segundo mandato de Cristina Fernández, se declara a la Universidad pública, libre y gratuita. Sabían muy bien por qué lo hacían ley.
La concepción de la educación superior como un derecho universal aplica a todos los individuos en todo el mundo, bajo cualquier régimen político, donde además el Estado es responsable y garante de ese derecho.
La Universidad pública argentina invierte en un bien social. No piensa la Universidad sólo como un sistema estandarizador y de ubicación temprana de trabajadores. Tampoco ha descuidado atender vacancias y ha priorizado carreras de interés en lo económico, político y cultural, vinculadas al mundo del trabajo. La Universidad como derecho es un sistema de inclusión y movilidad social, de empoderamiento de masas. Es pensada desde el derecho a educarse no para el enriquecimiento del mercado, sino como herramienta para el empoderamiento de la nación.
Lo anterior no nos exime de analizar todas y cada una de las problemáticas que supone este modelo de Universidad masiva y hacernos responsables de la parte que nos toca. Claramente esta tarea presenta desafíos. ¿Nos hemos ocupado? Sí. ¿Los hemos resuelto a todos? Claro que no. Sin embargo, se han puesto en marcha desde hace años diferentes políticas y estrategias. Becas para jóvenes de bajos recursos, financiamientos de perfeccionamiento docente, becas para áreas prioritarias, fondos para mejorar el ingreso, permanencia y egreso, entre otras políticas. Los programas de ingreso a la Universidad son cada vez mejores, porque, entre otros aspectos y fortalezas, atienden cada vez más la complejidad y heterogeneidad de procedencias e historias de vida.
¿Qué es lo que está en disputa?
El modelo de Universidad como derecho (es decir, pública, libre, laica y gratuita) es uno que disputa sentidos. Es un modelo que disputa el poder. Se lo saca al mercado, se lo entrega al Estado garante. Ahora todos pueden educarse en la Universidad si lo desean. No es un lujo, es un derecho. Es una nación instruida, educada con la mejor educación posible. Disputa el sentido de lo colectivo. El derecho del individuo a estudiar lo que quiere se transforma en un bien social. El que estemos todos y todas en la Universidad es un bien social. Todos empoderados, formados, instruidos, alertados, alfabetizados, politizados. Parece una pesadilla de la derecha.
En una de las notas de más arriba se propone que el que tenga plata pague por la Universidad y el que no, si tiene méritos y se esfuerza lo suficiente, recibirá una beca del Estado. El autor sabe que es mentira. Para el que no tenga plata, la Universidad será algo distante e inalcanzable desde su nacimiento.
La Universidad pública es concreta, no es sólo la expresión en teoría de un derecho. Tiene contornos físicos y jurídicos, se maneja en un marco de derechos laborales, atendiendo la salud de sus integrantes. Es una comunidad democrática, participan todos los sectores en su gobierno. Es abierta. Es plural. Sus trabajadores están en mayor o menor medida sindicalizados, y si no lo están, lo mismo son protegidos por los sindicatos y federaciones. Poseen convenios colectivos de trabajo. La Universidad pública es sinónimo de democracia, de participación, de reconocimiento mutuo, de debate plural. Disputa así el sentido de lo que es la democracia. Disputa también el concepto de autonomía del poder.
¿Y ahora?
Los que integramos la Universidad pública consideramos que esta estuvo amenazada durante los últimos cuarenta años y ahora vuelve a estarlo con el gobierno de Cambiemos. Como lo estuvo con Onganía, con los militares del 76 y durante el menemismo.
La situación actual es muy grave. Hace dos años que se despide a cientos de trabajadores por mes, se desfinanciaron programas en salud, educación, cultura, defensa, derechos humanos. Tenemos déficit y endeudamiento record, las importaciones están haciendo añicos la producción nacional, hemos perdido soberanía científica y tecnológica, se desfinanció el sistema de ciencia y técnica. Se saqueó a los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH. Argentina posee presos políticos, persecuciones, represión, muertos por la represión y una ascendente vocación negacionista sobre los delitos de lesa humanidad.
En este escenario de ajuste y represión, la Universidad se constituye en el último ámbito todavía no mancillado por el neoliberalismo. El sistema universitario público representa entre el 50 y el 70% del presupuesto de Educación y Cultura, resultando así un lugar muy atractivo para continuar con el ajuste. Los neoliberales lo saben: la este es un sector importante en términos prespuestarios. Saben también del profundo sentido de pertenencia de sus integrantes y del alto grado de movilización, y de las convicciones y responsabilidad con la que nos hemos manejado la comunidad universitaria.
Este escenario nos exige estar atentos, y muy especialmente nos obliga a analizar formas nuevas de encuadrar el debate y la defensa de esta educación universitaria pública, libre, laica y gratuita, y así garantizar que siga siendo para todos.
*Docente. Universidad Nacional de San Luis.
