Por Leandro Gianello
Un allanamiento en Villa Ponsati, en la periferia de La Plata, constató la presencia de jóvenes que trabajaban en condiciones precarias, por sumas irrisorias, en un taller textil clandestino. El procedimiento formó parte de una serie de operativos que vienen desarrollándose desde hace diez días contra el trabajo esclavo en la región, y fue realizado en una propiedad de la calle 74 entre 117 y 118.
En este caso, los galpones fueron clausurados y se secuestraron prendas y elementos de costura, pero la situación no es un hecho aislado: los talleres clandestinos y el trabajo esclavo son una problemática que afecta a la ciudad de La Plata, en donde, según datos de 2012, serían más de treinta los lugares funcionando con estas características.
Diversas investigaciones han determinado que la proliferación de talleres textiles es una constante que se multiplica los días previos a fechas festivas, y la relación estimada es que de un taller surgen cuatro, que se constituyen para abastecer la demanda.
Bajo este esquema, en los días previos a eventos anuales importantes, en donde la venta de prendas es mayor, los equipos que no se utilizan durante el año se ponen en funcionamiento con la consiguiente multiplicación de casos.
El fiscal Fernando Cartasegna, titular de la UFI Nº 4 encargada de los operativos, señaló a Contexto que en estos casos “la posición de la Fiscalía es basarse en una evaluación lógica de la situación que encuentra al realizar un procedimiento”, lo que implica un tratamiento especial de las situaciones, que en su mayoría derivan de un delito más complejo que es la trata de personas.
En La Plata, “hace seis años comenzaron los allanamientos de este tipo, impulsados por delitos conexos con la trata de personas”, un problema constante que no varía según el paso de los años.
Desde la Fiscalía, señaló Cartasegna, “buscamos concientizar a la gente que trabaja en estos lugares sobre su situación”, una tarea que se realiza mediante un equipo de profesionales y varios organismos del Estado, ya que las ramificaciones de las problemáticas sociales que originan el fenómeno pueden rastrearse a través de varios factores, que van desde la inmigración ilegal a la reducción a la servidumbre, pasando por deficiencias educativas o pobreza estructural.
Todas estas condiciones pueden confluir y formar parte del esquema que obliga a un grupo de personas en particular, casi todas víctimas de una situación marginal, a confeccionar prendas de forma ilegal para un cúmulo de empresas y marcas de ropas que luego son vendidas en el centro de La Plata, según estimaciones, con un precio cincuenta veces mayor.
Para lograr la inclusión de los elementos y espacios del Estado o el sector privado en el proceso de investigación sobre los talleres clandestinos, “coordinamos nuestro trabajo comunicándonos con diversos organismos y empresas de servicios, como el municipio o las empresas de electricidad”, agregó Cartasegna.
En los operativos, como este último en Villa Ponsati, participa personal del Ministerio de Trabajo de provincia y nación, ARBA, AFIP, junto con un “gabinete multidisciplinario que asiste socialmente a los afectados”, indicó el titular de la Fiscalía Nº 4.
El control de este tipo de actividad clandestina, dice Cartasegna, “busca perseguir a quienes hay que perseguir”, apuntando a los responsables directos que propician las condiciones de trabajo esclavo y precarización habitacional de las personas que, simplemente, buscan generar un recurso económico para poder sobrevivir.
“Vamos un poco más allá, no nos quedamos con el simple allanamiento”, añadió el Fiscal, una postura que innova, teniendo en cuenta que, según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, hay más de 30 mil personas trabajando bajo esas condiciones en la zona del Gran Buenos Aires, y cerca de 10 mil talleres ilegales en todo el territorio nacional.
En nuestra ciudad se han registrado en los últimos años algunos casos de funcionamiento de talleres ilegales en los cuales, además, se han encontrado niños en condición de trabajo esclavo.
Ya en 2011 se realizaron una serie de allanamientos en la localidad de Hernández, en donde más de veinte personas y niños, la mayoría de nacionalidad boliviana, trabajaban en condiciones precarias en un taller clandestino de ropa.
