El debate histórico que se dio en 2018, con el visto bueno de la Cámara de Diputados y el rechazo del Senado, dejó un escenario bien diferente para pensar los desafíos del recorrido que tendrá el proyecto este 2019. El puntapié fue la conferencia de prensa de hoy a las 17:30 hs, con la presencia de los primeros quince diputados firmantes, sobre un total de aproximadamente setenta.
Como ya adelantó Contexto, la iniciativa llega con una serie de modificaciones tras lo aprendido en las exposiciones y debates que se dieron en el Congreso durante el año pasado. Algunas de ellas son la determinación como sujetos de derechos de las mujeres y personas gestantes, quienes podrán acceder hasta las catorce semanas a un aborto legal y seguro; equiparar los términos «aborto» e «interrupción voluntaria del embarazo»; explicitar la gratuidad de la práctica; no incorporar la figura de objeción de conciencia, y reforzar las otras dos consignas que levanta la Campaña, que tienen que ver también con los derechos reproductivos: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar».
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Si bien hay un camino importante allanado tras el debate de 2018, con una fuerza joven militante que ya consiguió la despenalización social y que nuevamente hoy se presentará en las calles, el proyecto se enfrenta a otro escenario, donde la arena política está signada por las próximas elecciones, con las sesiones del Congreso relegadas en medio de la campaña electoral.
Desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito apuestan a que de todas formas se debata este año, al menos en Diputados. El pronunciamiento y el visto bueno de buena parte de la sociedad, que lo ha demostrado en las calles, es una de las cartas más fuertes para demandar un nuevo debate y para que quienes aspiren a cargos se definan al respecto de la posición.
Desde la Campaña entienden que el tratamiento no puede esperar. De otra forma, se seguirán vulnerando los derechos a la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar y cosechando más muertes si no se avanza con la aprobación.
«Desde 1980, ‘las complicaciones derivadas de abortos practicados en situaciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna, y desde la recuperación de la democracia, han muerto 3.030 mujeres por esta causa'» (REDAAS, 2018).
En este sentido, y según la misma fuente, «las muertes por abortos inseguros en Argentina representan un 17% de las muertes maternas en el trienio 2014-2016», destaca la licenciada Carolina Eduardo en el informe «El aborto en Argentina: un estado de situación que refuerza la necesidad de la legalización», del Observatorio de Comunicación, Estudios de Género y Movimientos Feministas de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP.
Más allá del plano legislativo, con un Ministerio de Salud devenido en Secretaría con la gestión de Mauricio Macri, la necesidad de discutir un cambio de gobierno también se vuelve crucial en torno a este debate. «El hecho de que el Ministerio haya sido convertido en una Secretaría logró demostrar la pérdida de responsabilidades y obligaciones, que ningún otro organismo logró suplir. Su gestión fue reducida», apunta Eduardo.
En este marco, los programas de prevención de embarazo, de enfermedades de trasmisión sexual y mortalidad materna, así como la falta de anticonceptivos y la aplicación del Protocolo Legal del Embarazo, se han visto coartados de la mano del ajuste que lleva adelante la alianza Cambiemos.
En este escenario, los obstáculos son muchos, pero la apuesta a que siga en agenda resulta clave, y más aún en un escenario electoral. Si este año el proyecto logra pasar Diputados, tal como lo hizo el año pasado, podría tener un resultado positivo si se apuesta a llegar a un Senado con una composición favorable, al estar en juego en los próximos comicios la renovación de veinticuatro bancas.
La posibilidad de que llegue un nuevo gobierno que le dé el visto bueno, que asuma el compromiso político y que apueste a la salud pública también es fundamental. En un escenario donde los números de mortalidad materna y de embarazos no deseados son elevados, «generar políticas diseñadas y pensadas exclusivamente para las personas con capacidad gestante es imprescindible; y legalizar el aborto es indispensable», apunta Eduardo.
