En víspera del Día de las Mujeres Trabajadoras, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lanzaron el informe «El 8M en perspectiva económica: de las brechas de género como desafío estructural a las herramientas presupuestarias como forma de avanzar (2019-2022)», un balance de los avances, desafíos y obstáculos en materia de políticas públicas con perspectiva de género en el país. El informe repasa la evolución, progresos y obstáculos en materia de derechos, trabajo y economía vinculados a las mujeres, desde los años del macrismo a esta parte.
Formalidad e informalidad en el empleo, políticas de salud en clave de género o brecha de ingresos entre hombres y mujeres son algunos de los puntos en los que se detiene el estudio coordinado por el Observatorio de Género del CEPA, en base a estadísticas, leyes sancionadas, políticas aplicadas y sus efectos a lo largo de los años en cada contexto. Asimismo, señala los obstáculos y cuentas pendientes para seguir profundizando en el diseño e implementación de nuevas medidas de cara a ampliar derechos y garantizar mayor igualdad.
«Analizamos la evolución por género de las tasas de actividad, de desocupación, de desocupación joven, de informalidad, entre otras. En materia de ingresos, medimos las brechas generales pero también entre trabajadoras/es formales e informales, y el lado b de la feminización de la pobreza: la subrrepresentación de las mujeres en los impuestos que gravan la riqueza», explica el informe.
El balance hace una enumeración de algunas de las políticas públicas con perspectiva de género que se han llevado adelante, tanto a nivel nacional como subnacional, que promueven la erradicación de las desigualdades y las violencias por motivos de género en los últimos años.
«Para ello, clasficamos a las políticas en dimensiones: políticas para prevenir, erradicar y abordar las violencias por motivos de género, políticas para reducir, redistribuir y reconocer las tareas de cuidado, políticas para reforzar los ingresos de mujeres y diversidades, políticas para mejorar la inserción laboral de mujeres y diversidades, políticas de gestión para la igualdad y políticas para garantizar el acceso a la salud de mujeres y diversidades. Asimismo, presentamos la política del presupuesto con perspectiva de género como eje transversal y reflejo económico de los avances realizados», repasa.
Uno de los puntos destacados en el informe refiere a la situación de la informalidad-formalidad en el ámbito laboral, en relación con población hombres-mujeres. «Tal como ocurre con la desocupación, las mujeres son quienes tienen mayor participación en trabajos informales. Si miramos la tasa de informalidad por género nos encontramos con que, en el caso de las mujeres, la misma se posiciona por encima del nivel general y de los varones», señala.
En ese sentido, las estadísticas registradas señalan que, en el tercer trimestre de 2022, la tasa de informalidad de las mujeres fue del 39,4 %, con un crecimiento interanual de 3,4 puntos porcentuales, mientras que en los varones el crecimiento interanual fue de 5,1 puntos porcentuales, lo que significó una reducción de la brecha de tasas.
Cabe remarcar que la irrupción de la pandemia de covid-19 y su efecto de parálisis productiva total fue un factor fundamental dentro del planteo del análisis, en especial a la hora de realizar comparaciones en factores como la brecha de ingresos que distancian a mujeres y hombres. Según el informe, «durante el tercer trimestre de 2022, la brecha de ingresos al interior de lxs trabajadorxs formales fue de 16,5%, mientras que asciende a 34,6% entre las y los informales».
«En el mercado laboral formal, la brecha (entre hombres y mujeres ) de ingresos se redujo 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2021, alcanzando los niveles del 2016 y ubicándose en el mínimo de los últimos 6 años. Por su parte, la brecha del mercado informal tuvo una reducción mayor, de 3,6 puntos porcentuales, también logrando posicionarse en niveles mínimos dentro de los últimos 7 años (sin considerar el 2020 por la particularidad que le imprimió la pandemia)», explica.
En los diversos casos mencionados, tomando como punto de partida promedio el año 2016 (pleno inicio del macrismo) a esta parte, se puede observar una evolución positiva notable tanto en materia de empleo como de incremento de salario, entre otros. Por otro lado, como punto a tener en cuenta, el informe se detiene sobre la diferenciación que prima de manera binaria hombre-mujer en los balances, como dificultad a la hora de visibilizar la situación en la población no binaria, LGTBIQ+ y otros colectivos identitarios.
Otro punto destacado del informe son las diferentes políticas que se han aplicado en los últimos años en materia de perspectiva de género y ampliación de derechos para el colectivo de mujeres. Entre otros, algunos de los ejemplos mencionados son:
Plan 1000 días: sancionada en conjunto con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la Ley Nº 27.611 es una política estratégica del Estado nacional que tiene como objetivo la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Kits de acompañamiento de lactancia: dentro del Plan 1000 días se establece la entrega de estos kits en la primera consulta posnatal en dispositivos de salud pública. Impulsa la corresponsabilidad de los trabajos de cuidado, promueve el acceso igualitario a la salud y acompaña a las personas gestantes en el proceso de libre decisión.
Aborto legal, seguro y gratuito: la Ley Nº 27.610 amplió los derechos vinculados a la salud sexual y (no) reproductiva, ya que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la atención posaborto de todas las personas con capacidad de gestar y a métodos anticonceptivos. Es de aplicación obligatoria en todo el país.
Programa de vademécum de medicamentos esenciales gratuitos: en marzo de 2020 entró en vigencia el Nuevo Vademécum PAMI. Es un listado de 170 principios activos gratuitos seleccionados para garantizar el tratamiento adecuado de las patologías frecuentes en las personas mayores. El programa dispensa alrededor de 5 millones de medicamentos gratuitos mensuales a más de 3,1 millones de personas afiliadas a lo largo de un año, siendo el 64 % mujeres, e implica en promedio un ingreso indirecto mensual de casi 9.000 pesos.
Políticas de gestión menstrual: a partir del análisis de las desigualdades de género, se ha puesto en agenda la problematización de la gestión menstrual, la cual requiere de ciertas condiciones previas esenciales para las mujeres y personas menstruantes, tales como el acceso al agua limpia, instalaciones sanitarias acordes, acceso a productos de gestión menstrual, entre otras. A partir de 2020, en el marco del Foro de Justicia Menstrual, se han desarrollado diversas políticas destinadas a fortalecer el acceso a productos de gestión menstrual: encuestas, sensibilizaciones, publicaciones, compras y distribución de copas menstruales o toallitas reutilizables, transferencias de suma fija, fueron algunas acciones que se implementaron en estos años desde los distintas organismos del Estado.
En tanto, según destaca el balance del CEPA, otra de las herramientas de gestión fundamentales para propiciar la transversalización de las cuestiones de género en el Estado es la implementación de presupuestos con perspectiva de género: PPG. «A través de este instrumento, se puede cuantificar el esfuerzo que realizan los gobiernos a los fines de erradicar las desigualdades y las violencias por motivos de género», señalan. Según las estadísticas, en 2023, el 58 % del territorio nacional ya implementa el PPG en cada provincia, un 25 % tienen proyectos de ley para su implementación y un 16 % aún no ha avanzado.
