Por Gabriela Calotti
Darío Machado militaba en Vanguardia Comunista, una organización de izquierda revolucionaria «que, si bien no tenía una connotación foquista o guerrillera, en ese momento activaba fuertemente para derrotar a la dictadura militar, incluso por las armas si era necesario. Yo militaba desde 1974», indicó al comenzar la audiencia número 80 de este juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno.
Machado sería secuestrado por fuerzas conjuntas en su casa de la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, la medianoche del 12 de agosto de 1978. Durante un mes permaneció en El Vesubio, ubicado en la General Paz y Ricchieri.
Después de unos días en el Batallón de Logística X en Villa Martelli, donde les informan a él y a otros tres hombres y tres mujeres que estaban bajo «consejo de guerra», fue trasladado a la Brigada de Investigación de la Policía bonaerense de Banfield, precisó Machado el martes ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.
«Ahí nos reciben muchos policías. Nos reciben a los cuatro: éramos Faustino Fernández, Daniel Wejchemberg y Jorge Wats, ya fallecido. Pasamos la noche bajo la escalera en un ‘escobero’. Un sitio triangular muy pequeño, donde tuvimos que estar dos agachados y dos parados y nos teníamos que ir rotando», contó.
Tras su breve paso por la Brigada de Lanús los llevaron a la comisaría de Monte Grande, donde estuvieron un mes, siempre «en calidad de detenidos-desaparecidos, sin tener contacto con la familia», precisó.
Estando en la Unidad 9 de La Plata declaran ante un tribunal castrense en el 1er Cuerpo del Ejército. Su causa pasa a la Justicia federal y queda en libertad en mayo de 1979 «por falta de mérito», explicó.
Antes de cerrar su testimonio, Machado sostuvo que siempre lo impulsó «el deseo de verdad y justicia», y lamentó que esta haya llegado «bastante» tarde. «Muchos represores murieron sin tener ningún tipo de condena», consideró.
En cambio, opinó que «lo que sí veo es que ese odio continúa, ese odio de clase que tenían quienes habían mandado a esa gente a torturar, secuestrar. Y esa gente sigue impune y sigue haciendo de las suyas. La democracia no lo ha resuelto», concluyó este sobreviviente que declaró en numerosos juicios previos.
Consejo de guerra
Ricardo Wejchenberg fue secuestrado el 21 de junio de 1978 junto a su esposa en su casa de la calle Guardia Vieja, en CABA. Fueron llevados al Vesubio y luego ella fue liberada. «Fue un alivio para mí», aseguró antes de explicar que ella estaba embarazada de seis meses. En cambio, él permaneció 53 días en ese centro clandestino. «Escuché torturas y hasta cómo mataban a golpes a un compañero», afirmó.
Según su declaración, allí estuvieron secuestrados 35 militantes o simpatizantes de Vanguardia Comunista. Aseguró que salió junto a tres compañeros, Jorge Wats, Faustino Fernández y Darío Machado, y tres mujeres, Dora Garín, Marta Cipes y Mónica Piñeira. «Quedaron 25 compañeros, de los cuales nunca se supo más nada», afirmó al tribunal en esta audiencia virtual.
«Antes de eso, nos hicieron firmar una declaración en la cual nos acusábamos de una serie de delitos subversivos. Nos dejan en el camión con esa declaración. Nos dicen que van a hacer una llamada anónima al Ejército». «A los cinco minutos aparecen varios vehículos del Ejército. Nos llevan al Batallón de Logística 10 en Villa Martelli, donde ahora está Tecnópolis», recordó.
A los tres días los llevan a la Brigada de Lanús. Wejchenberg también recordó que «a los cuatro nos encierran en un escobero debajo de una escalera».
Wejchenberg fue liberado de la Unidad 9 de La Plata en mayo de 1979.
«No sé por qué hicimos todo este camino, por qué el consejo de guerra… Supongo que tiene que ver con la lucha de las Madres y de los Familiares que consiguieron que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», reflexionó en voz alta este sobreviviente.
En efecto, el 6 de septiembre de 1979 la CIDH llegó al país y durante catorce días visitó cuarteles y centros de detención, realizó entrevistas y recibió miles de denuncias que le permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. Marcó un punto de inflexión en la supervivencia de la dictadura cívico-militar que terminaría tres años después.
Al referirse brevemente al impacto que tuvo en su vida el secuestro, confió en que lo empezó a pensar años más tarde. «Tuve que hacer terapia muchos años de mi vida. Me había recibido de psicólogo, pero por esto no ejercí nunca la profesión», concluyó Wejchenberg, quien aseguró que se recuperó «lo mejor posible ayudado por los compañeros».
Extorsionados por el terrorismo de Estado
Luis Taub trabajaba en la casa de cambio y turismo «Brasilia», ubicada en pleno centro porteño en la calle Corrientes al 600. El martes explicó una vez más ante la Justicia que se trataba de una empresa familiar, cuyo director era su padre, Benjamín Taub, que había pagado un millón de dólares por el fondo de comercio.
Todo comenzó el 6 de septiembre de 1977, cuando secuestran a su padre. Al día siguiente lo vinieron a buscar a él. «Me vinieron a buscar personal de policía de la provincia y personal militar. Todos vestidos de civil».
Su primer destino de cautiverio fue la Brigada de la Bonaerense de Lanús.
«El motivo de la detención evidentemente ha sido para sacarnos plata», aseguró Taub, quien permaneció allí unos seis meses, hasta febrero de 1978.
Aseguró que su familia perdió no solo la casa de cambio, sino que la casa de sus padres fue saqueada varias veces. «Había muchas cosas de valor, dinero, oro, colecciones. Todo desapareció y de la casa de cambio desapareció todo el dinero», insistió, para luego agregar que también perdieron el Hotel Liberty, campos y otras propiedades.
«Permanentemente fuimos extorsionados y robados», sostuvo, indicando que durante su cautiverio y el de su padre, que estuvo secuestrado seis meses, los obligaron a firmar papeles en blanco y documentos cuyo contenido nunca pudieron ver.
Después de Lanús fue trasladado a una comisaría en Avellaneda y luego al Pozo de Banfield. De ese centro clandestino recordó a los uruguayos que estaban allí secuestrados y contó que en un «piso más abajo habían traído detenida a mi madre», Flora Gurevich.
De ahí fue llevado a Coti Martínez, a la cárcel de Villa Devoto, luego a Caseros, a la U9 de La Plata y finalmente a la cárcel de Trelew. «Fui liberado ya entrada la democracia», aseguró.
Su padre falleció nueve meses después de su liberación, «como consecuencia de todo lo que le tocó vivir», y de sufrir serios problemas de salud durante su cautiverio. Taub lamentó que sus padres fallecieran sin haber visto justicia. «Estamos a cuarenta y tantos años. Justicia fuera de tiempo no es justicia para nada. Este es un juicio para los libros», sostuvo, y cuestionó que «nunca el Estado nos dio un resarcimiento económico por todo lo que nos robaron. Yo recibo una pensión graciable del IPS que no tiene nada que ver con el fruto del trabajo de nuestra familia [habiendo sido] víctimas del terrorismo de Estado», dijo.
Interrogado al final por uno de los jueces del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers, sobre cómo debería ser la reparación desde el Estado, «que va más allá de los económico», Taub fue tajante al responder: «De verdad siento que nunca se reparó», y contó que «cuando se hicieron los juicios en Italia por el Operativo Cóndor, el Gobierno italiano me invitó a testificar y acepté y fui. Se ocuparon mucho de mí. Los abogados de derechos humanos con el tiempo volvieron a la Argentina y me llevaron a un acto en el Espacio de la Memoria en la costanera y allí están los nombres y apellidos de las víctimas de la tortura […] y una de las víctimas que debería haber estado ahí es mi padre… y quizá también yo. ¿Hay un reconocimiento moral?», se preguntó antes de concluir que «en su gran mayoría no fueron juzgados quienes cometieron estos delitos».
La reconstrucción de la vida de su padre
Julio Ernesto Cabrera era muy chiquito cuando sus padres, allá por 1973, deciden separarse. Él se va con su madre a Colón, en la provincia de Entre Ríos, y su padre, Julio Washington Cabrera, se queda en Buenos Aires. Vivían en Merlo.
Tras la muerte de su madre, el 18 de septiembre de 1997, él, ya de 27 años, decide empezar a buscar a su padre, sin imaginar un instante que formaría parte de los 30.000 detenidos-desaparecidos que dejó la dictadura cívico-militar, contó al tribunal, sosteniendo en su mano una foto en blanco y negro de su padre, con traje, en julio de 1972. «Es la foto más reciente que tengo de él», confesó.
Según la reconstrucción de la vida de su padre tras la separación que pudo hacer ya de adulto, su padre fue secuestrado la noche del 18 de octubre de 1976 en el Club Social Mitre, en el barrio de La Paternal, porque su papá trabajaba en el bufet. Allí estaban con él la hermana de su padre, Olga Cabrera de Franco, y Rosa Chaher. Los tres siguen desaparecidos.
Revisando un paquete de correspondencia de sus padres, logró ubicar a una prima. «Es ella la que me anoticia de que mi padre era desaparecido». Fue entonces cuando se puso en contacto con organismos de derechos humanos y tuvo acceso al legajo de su padre en la CONADEP.
Julio Washington estuvo secuestrado en el Pozo de Banfield. Al momento de su secuestro tenía 45 años. Se había unido a la resistencia peronista en 1955, había sido detenido en Tucumán a principios de los sesenta y años después se fue a Cuba. «Quiero que mi padre esté presente en este juicio exigiendo verdad y justicia», sostuvo su hijo.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia está prevista para el martes 20 de septiembre a las 8:30 horas.
