Por Maximiliano Ceci
En la anteúltima audiencia del juicio a la Fuerza de Tareas N° 5 (FT5) de la Armada Argentina que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata realiza por los crímenes cometidos contra trabajadores del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada en la dictadura, la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Unión por los Derechos Humanos, la APDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Provincia, Justicia Ya! y Abuelas de Plaza de Mayo sumaron nuevos pedidos de prisión perpetua y de penas de prisión de hasta veinticinco años a los ocho imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de cuarenta víctimas.
En una larga jornada en que alegaron las seis querellas, Abuelas de Plaza de Mayo ratificó el pedido de que se juzgue el dolo de genocidio, ya que los hechos cometidos por la FT5 apuntaron a “un grupo de argentinos que intentó ser destruido en todo o en parte”, y recordaron el testimonio de la historiadora Laura Lenzi que aseguró que, además de las víctimas del cinturón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada, el Batallón de Infantería N° 3 –actual sede de la Facultad de Humanidades– tuvo un 40% de detenido clandestinos pertenecientes a la Juventud Peronista Universitaria. Los abogados Emanuel Lovelli y Coleen Torre pidieron las mismas penas de prisión perpetua para tres jefes de la Marina que había solicitado la fiscalía el miércoles pasado.
La semana pasada, los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira habían pedido penas perpetuas para el comandante de la Fuerza de Tareas Nº 5, Jorge Alberto Errecaborde, el comandante del B.I.M. 3, José Casimiro Fernández Carró, y el jefe de Operaciones e Inteligencia del B.I.M. 3, Roberto Eduardo Fernando Guitián, por tres homicidios agravados y cerca de una decena de secuestros y torturas.
Para el comandante de la Armada, Antonio Vañek, y el director del Liceo Naval, Juan Carlos Herzberg, los fiscales solicitaron seis años de cárcel; mientras que pidieron veintidós para el prefecto Carlos Ramón Schaller y veinticinco para sus pares Luis Rocca y Eduardo Antonio Meza, el último también integrante de la FT5.
La querella a cargo de APDH hizo el mismo pedido de penas, pero en su alegato se refirió a los testimonios que ventilaron la connivencia entre las Fuerzas Armadas y los jefes de los sindicatos que entregaron a compañeros que diferían con las lista oficial. En este sentido, pidieron que se investigue los jefes de los sindicatos de la carne, ATE, UOM y SUPE. Además, solicitaron al Poder Ejecutivo de nación que desclasifique los archivos de la Armada y Prefectura.
Por otra parte, la querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la de nación hicieron un análisis de los efectos culturales, económicos y sociales del terrorismo de Estado y determinaron que los hechos que se juzgan fueron “la realización de una obra conjunta” que responde a las estructuras de genocidio.
Sin embargo, difirieron en el pedido: pidieron perpetuas para Vañek, Herzberg, Rocca, Errecaborde, Fernández Carró y Guitián, y penas de veinticinco años para Mezza y Schaller. A todos les adjudicaron la figura de desaparición de persona.
También solicitaron que se investigue la participación de los sindicatos y de los empresarios en los secuestros, y pidieron al Ministerio de Defensa la exoneración de los beneficios y jubilaciones de todos los imputados.
Por su parte, la LADH pidió las mismas tres perpetuas que la fiscalía, pero para el resto de los imputados veinticinco años de cárcel.
Veredicto
El lunes 19 será el turno de los alegatos de las defensas y, tras darles la última palabra a los imputados, el tribunal dictará el veredicto. Desde el 13 de julio pasado el tribunal escuchó los testimonios de cerca de un centenar de familiares y víctimas de la represión en el cordón industrial de Río Santiago, ubicado en Berisso y Ensenada, que al momento de los hechos concentraba en Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica (hoy Techint), YPF y el frigorífico Swift más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, a quienes la dictadura persiguió y asesinó por su condición de gremialistas, activistas o militantes políticos. Para ello, la Marina y la Prefectura actuaron con la Fuerza de Tareas Nº5.
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