El Gobierno argentino enviará la semana que viene una comitiva a Washington para intentar garantizar el desembolso de 5.900 millones de dólares pendientes este año sujetos a la tercera revisión que finalizó el organismo hace unos días en el país.
El Gobierno continúa con su reclamo de modificar la política de sobrecargos que el FMI cobra a países con préstamos que superan la cuota que les corresponde. El objetivo también es flexibilizar las metas acordadas en marzo de este año –cuando se cerró el acuerdo– para 2023 producto del impacto económico de la guerra de Ucrania y Rusia y teniendo en cuenta el calendario electoral.
El país logró durante tres años consecutivos el apoyo del G-20 en el reclamo por los sobrecargos. El último fue en la cumbre celebrada en Bali, Indonesia, aunque hasta el momento el directorio del organismo no ha hecho lugar a la sugerencia. Desde la cartera que conduce Massa sostienen que es contradictorio que la política de sobrecargos del Fondo sea más pesada para los países menos desarrollados que los costos de financiación de otros organismos, dado que es prestamista de última instancia.
En esa misma cumbre, tanto Alberto Fernández como Sergio Massa expusieron esta preocupación ante la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien se comprometió a insistir con el tema en el organismo. Según el mandatario, la titular del Fondo apoyaría la postura del país en este aspecto.
Por su parte, Massa le presentó un documento en el que analiza el costo que significó para el país el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que implicó un esfuerzo de más de 5.000 millones de dólares por el incremento en el costo de la energía, particularmente, pero también el encarecimiento de la producción y comercialización de materias primas y alimentos.
