El bloque de diputadas y diputados y el interbloque de senadoras y senadores del Frente de Todos repudiaron este lunes los chats de jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un ex agente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mantener oculto un vuelo en un charter privado a Lago Escondido y exigieron la renuncia de los involucrados y una «inmediata investigación y condena».
«Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina», remarcó el comunicado de las y los legisladores.
Así denunciaron los mensajes conocidos públicamente vía Telegram, donde jueces, ex agentes de inteligencia y empresarios organizan una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche y una estadía de lujo en la estancia del magnate Joe Lewis, dueño de cientos de hectáreas en la Patagonia.
«Jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles», sostuvieron en el comunicado titulado «Con la mafia no hay democracia».
Los chats pertenecen a un grupo de Telegram creado el 17 de octubre pasado, luego de la primera difusión de la noticia que situaba a los jueces viajando en un charter a Bariloche y a la estancia del magnate. Ese grupo estaba integrado por los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el ex jefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; Leonardo Bergot, también ex miembro de la Secretaría de Inteligencia, y empresarios del Grupo Clarín.
Los magistrados «reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas», prosiguió el escrito de las bancadas oficialistas.
En el viaje a Bariloche y en el grupo de Telegram «estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ‘investigaron’ la causa Vialidad y el juez de esta causa», advirtieron.
Frente a este escenario, las y los legisladores señalaron que «el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas», por lo que pidieron «la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación».
«Siempre supimos que se manejaban al margen de la ley, las instituciones y las reglas de nuestra República. Pero verlo y escucharlo de su propia voz, excede todo lo imaginado. No vamos a permitir que la mafia se apodere de la democracia», concluyeron.
El comunicado de los bloques bonaerenses del Frente de Todos
Por su parte, los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires también exigieron «una urgente investigación judicial». «Es preocupante para nuestra democracia ver a jueces federales y funcionarios públicos involucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de lujo a cambio de la ilegal obediencia para el armado de causas judiciales, encubrimiento de delitos, entre un sinfín de prácticas mafiosas ejecutadas por integrantes del poder judicial», subrayaron.
«Este escándalo institucional es un grave atentado contra la democracia, las instituciones y la división republicana de poderes», advirtieron.
Por último, reclamaron «la investigación de estos hechos mafiosos y la regularización del Consejo de la Magistratura, paralizado por el accionar de la Corte Suprema. No podemos permitir que estas mafias de poder económico, mediático y judicial estén por encima de nuestro pueblo, nuestra democracia y sus instituciones».
