Cristina Kirchner recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra a cargo de la causa por el intento de asesinato en su contra, debido a su vínculo con el Ministerio de Seguridad de CABA y su falta de imparcialidad en la investigación. La vicepresidenta pidió que Capuchetti sea apartada de la causa debido a las relaciones incompatibles con la gestión porteña, luego de que la semana pasada se conociera que la magistrada está contratada por el instituto de seguridad porteño.
Cristina anunció la nueva recusación este lunes por la mañana a través de su Twitter. «En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», tuiteó la mandataria.
Se trata de la segunda recusación de Cristina Fernández contra Capuchetti. En noviembre de 2021 había pedido su apartamiento por «irregularidades y arbitrariedades» en el desarrollo de la investigación.
El documento sostuvo que el viernes se conoció públicamente que Capuchetti mantiene desde 2014 un «trabajo» como investigadora rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, órgano encargado de formar a los cuadros superiores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a los funcionarios dedicados.
«Es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica», remarcó la presentación de los abogados de Cristina Fernández sobre el vínculo político entre la jueza federal y la Administración porteña.
El texto enfatizó también las incompatibilidades que conlleva el ejercicio de la magistratura. «Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces», según establece el Decreto Ley Nº 1285/58.
La recusación detalló que la función del ISSP es política y no académica, ya que para este último fin la CABA cuenta con el Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad.
Además, los abogados aclararon que para cualquier actividad que no sea la docencia universitaria, la jueza debería contar con autorización de la Corte Suprema. «No tenemos conocimiento de dicha autorización», agregaron.
Coima o soborno sostenido
En nueve años, Capuchetti apenas hizo un trabajo para el ISSP. «Es casi una admisión de que cobraba por no hacer nada», advirtió la recusación. «Estamos, entonces, frente a lo que parece prácticamente una coima o soborno sostenido de un operador judicial hacia una jueza federal», sostuvieron los abogados.
Acto seguido, denunciaron: «La relevancia de todo esto es que la contratación de Capuchetti solo es entendible si se la percibe como una forma de incidir en el comportamiento de una jueza a través de dinero y de otorgarle un cargo que puede presentarse como académico, lo que puede servirle para legitimarse y para sumar puntos para concursar, entre otras cosas».
El accionar de Capuchetti en la causa por el atentado
En otro de los puntos, la recusación advirtió sobre el accionar de la jueza en la actuación de la Policía de la Ciudad en la causa por el atentado a Cristina. En la causa, Capuchetti libró una serie de oficios al Ministerio de Seguridad de la Nación relacionados con el accionar de la custodia de la vicepresidenta y le tomó declaración testimonial a su jefe. Sin embargo, «llamativamente, se olvidó de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente la fuerza de seguridad que con más contundencia debería haber investigado». Vale remarcar que esa Policía era la que tenía jurisdicción sobre el lugar donde se produjo el atentado y la que, por lo tanto, tenía el deber de garantizar la seguridad, subrayó la recusación.
La presentación señaló que el operativo de seguridad montado por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’alessandro, frente a la residencia de Cristina Kirchner desde el 22 de agosto de 2022, cometió «agresiones policiales injustificables» contra la militancia y dirigentes políticos y, al mismo tiempo, «permitió que dos asesinos estén al borde de cumplir su cometido».
«Mientras las fuerzas a cargo de D’alessandro agredieron a Máximo Kirchner cuando quiso visitar a su madre, no tenían problema en que los miembros de Revolución Federal, quienes ya tenían causas por manifestar su voluntad de matar a Cristina Fernández de Kirchner, subieran al departamento de la vecina de la vicepresidenta, se sacaran fotos y, presumiblemente, realizaran tareas de inteligencia. Situaciones que la jueza Capuchetti decidió no investigar», se explayó la presentación.
Marcelo D’alessandro, el empleador de la jueza
En otro apartado, la recusación ahondó en la relación entre Capuchetti y D’alessandro. «¿Respecto de qué fuerza Capuchetti no hizo absolutamente nada? De la policía de la CABA ¿De quién depende la policía de la CABA? Del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA ¿Quién le paga un sueldo por realizar tareas incompatibles con su trabajo a Capuchetti (si es que hace algo)? El Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA ¿De quién depende este organismo? De Marcelo D’alessandro, de quien ahora se sabe a ciencia cierta su involucramiento en tareas directamente mafiosas en las que, entre otras cosas, amaña casos judiciales y utiliza su cargo como responsable de la seguridad y justicia de los vecinos de la CABA con fines exclusivamente políticos partidario», apuntaron.
A su vez, cuestionaron que estos hechos «explican la falta de avances que ha tenido la investigación por el atentado contra Cristina. En ese sentido afirmaron que la causa se trata de un cúmulo de obstrucciones a la producción de pruebas, de impericias procesales y de decisiones sustantivas equivocadas. Aun así, lo revelado es suficiente para, por sí solo, generar el apartamiento de la jueza», completaron.
Por último, pidieron el «inmediato apartamiento» de la jueza, «ya sea por su evidente interés en el resultado del proceso o, subsidiariamente, por su falta de imparcialidad objetiva».
