En medio del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema luego del escandaloso fallo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación federal, desde el bloque de Juntos por el Cambio apuestan a blindar a los integrantes del máximo tribunal y no dar lugar a que el tema se debata en el ámbito legislativo. El llamado a sesionar ya está en el Congreso y se espera una fuerte batalla por dar paso a las iniciativas legislativas.
Cabe recordar que el pasado viernes 13 de enero los diputados del Frente de Todos presentaron el proyecto de juicio político contra los cortesanos. El documento de más de 410 páginas cita a declarar a funcionarios vinculados con la CSJN y a otros funcionarios, entre ellos el asesor de Horario Rosatti; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’alessandro; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” De Pedro, y referentes de organismos de derechos humanos.
Mientras tanto, la negativa de Juntos por el Cambio pone en riesgo el inicio de las sesiones extraordinarias que darían paso a que se desarrollen las declaraciones ante la comisión de Juicio Político. La fecha para retomar la actividad legislativa está fijada para el próximo 23 de enero, pero el macrismo mantiene la tensión al sostener que no dará consenso a las sesiones de no ser retirado el pedido de juicio político.
En ese marco, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió que, en caso de que el bloque JxC se mantenga en su postura, se haga avanzar la actividad parlamentaria mediante DNU firmado por el presidente Alberto Fernández. “Hay 37 iniciativas legislativas en las que hay que buscar el máximo nivel de consenso. Pero si no hay nivel de consenso hay que ir y trabajar en materia de implementación por DNU”, sostuvo el mandatario chaqueño en diálogo con El Destape.
Cabe recordar que el reclamo de los gobernadores sobre el debate por la coparticipación se convirtió en un factor clave en medio de la pugna por el juicio político. “Es bochornoso lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y el próximo 23 se generará una agenda para terminar con esto que afecta profundamente a las provincias. Tenemos que discutir estas situaciones en las cuales el poder económico se apropia de los medios de comunicación para la construcción de un sentido que copta al poder judicial y toma de rehén al sistema político”, remarcó Capitanich sobre el debate.
Los intereses del macrismo en proteger a la Corte Suprema se visibilizan desde diferentes ángulos: no sólo se pone en juego el “favor” realizado por el máximo tribunal hacia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los fondos coparticipables, sino que también se cuela el escándalo por el intercambio de chats entre el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’alessandro y Silvio Robles, vocero y mano derecha del cortesano Horacio Rosatti.
En efecto, los principales pilares que sostienen el pedido de juicio político incluyen el fallo por la coparticipación de la Ciudad, la intervención de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, los mencionados chats entre Robles y D’alessandro, el caso Muiña (conocido como 2×1), el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y las declaraciones de Rosatti que “buscaron condicionar” a los otros poderes políticos del Gobierno Federal.
