Mientras en la plana nacional continúa la batalla por llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la esfera bonaerense elevaron una denuncia contra Marcelo D’alessandro y Silvio Robles. Fue el propio Gobierno de provincia conducido por Axel Kicillof el que presentó la acción judicial contra el ministro de Seguridad de CABA y el hombre de confianza de Horacio Rosatti bajo la figura de “tráfico de influencias”, por la vinculación de ambos para favorecer a la ciudad de Buenos Aires en el fallo por la coparticipación federal.
Según la denuncia radicada por el Gobierno bonaerense ante Tribunales Federales de La Plata, Buenos Aires es “históricamente la provincia más perjudicada por el esquema de coparticipación”. En ese marco, el Ejecutivo bonaerense afirma que ese escenario se agravó por el accionar ilegítimo de la Corte Suprema, al mismo tiempo que habría sido producto del “tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La acusación –que incluye el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”– remite, entre otros puntos, al escándalo de los mentados chats entre D’alessandro y Robles –actual vocero del presidente de la CSJN–, donde quedaban expuestas conversaciones que apuntaban a fraguar argumentos que permitieran a la ciudad de Buenos Aires ganar la disputa por los fondos coparticipables.
En los mencionados chats –que se filtraron el año pasado en los medios de comunicación–, Robles le “sugería” a D’alessandro las estrategias que debía seguir el Gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la Ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, tal como sucedió luego.
El abogado Gastón Marano había iniciado acciones legales para investigar a Robles y D’alessandro por los mentados chats. No obstante, la causa fue archivada por el fiscal Carlos Stornelli, quien argumentó que las pruebas habían surgido a través de una “filtración ilegal” en los medios.
En relación con la pugna por los fondos coparticipables redirigidos a CABA, desde Provincia de Buenos Aires señalaron que el Ejecutivo bonaerense precisó que “las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma», y agregaron que «hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.
“Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires”, se puntualizó desde el Gobierno bonaerense en la denuncia.
