Este jueves, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT presentó su informe anual en el cual analiza aquellos delitos contra la vida motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género, concretándose en 2022 una nueva suba de casos, siendo las identidades trans contra las que se manifiesta la mayor violencia.
Se trata de un informe en conjunto entre la Federación LGBT, la Defensoría del Pueblo de CABA a través de su Defensoría LGBT y la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, quienes entienden estos crímenes «como un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye -pero no se limita- violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida».
En total se registraron 129 casos, el 84 % de los cuales (108) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar, con el 12 % (15), se encuentran los varones gays cis; y en tercer lugar, con el 2 % (3) cada grupo, siguen los varones trans y las lesbianas.
De estos 129 ataques de odio, 89 corresponden a lesiones al derecho a la vida, mientras que 40 corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, considerada como violencia física que no terminó en muerte.
Del total de lesiones al derecho a la vida, el 20 % de los casos son asesinatos y el 80 % son casos de muertes por violencia estructural, es decir, muertes en donde la vulneración sistemática e histórica de derechos generó las condiciones materiales de precariedad en la que se inscriben estos decesos, todos ellos evitables.
En 2022 hubo 18 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual (12 fueron dirigidos a mujeres trans y 6 a varones gays cis) y 71 muertes por violencia estructural (70 mujeres trans y 1 varón trans).
Esta violencia estructural es denunciada sistemáticamente por la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país, marcando una necesidad de fortalecimiento de políticas públicas que garanticen derechos a la diversidad, particularmente a la población trans.
En ese sentido, según se destaca en el informe, esta violencia estructural y falta de derechos son las que que llevan a muertes tempranas y representan en 2022 el 55 % de los casos.
En este marco, uno de los reclamos centrales que hace el Observatorio es la aprobación de una ley integral trans, que «asegura el acceso pleno a todos los derechos de las personas trans, garantizando el respeto de su dignidad y asegurando la inclusión social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana».
Sobre el informe
Los datos presentados se basan en un relevamiento de medios masivos de comunicación e información recolectada por los organismos participantes en este informe a través de las denuncias que han recibido. Los organismos aclaran que los datos no son exactos, sino que permiten vislumbrar «una realidad que es, sin duda, mucho más grave que lo que sugieren los números».
En ese sentido, destacan que a no todas las personas trans asesinadas se les respeta su identidad de género en medios y que no todos los crímenes de odio de lesbianas, gays y bisexuales se visibilizan como tales, sino que en muchos casos se oculta su orientación sexual.
