Por Gabriela Calotti
Tras afirmar que este es un «juicio anticonstitucional» porque los magistrados que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata «no son mis jueces naturales», Di Pasquale, que se definió como «exmilitar», no tuvo ningún reparo en sostener: «Estoy seguro de que no existió ningún plan sistemático de lesa humanidad y tampoco un plan de aniquilamiento y menos aún un plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Estos son simplemente eslóganes».
En el marco de la audiencia número 96 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las brigadas de investigaciones de la Policía bonaerense ubicadas en Banfield, Quilmes y Lanús –esta última, con asiento en Avellaneda–, donde funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, Di Pasquale fue el único imputado que aceptó ampliar su indagatoria por los nuevos casos sumados a la causa.
«Acá se desarrolló una guerra revolucionaria», sostuvo el imputado, antes de preguntarse «por las pruebas que tiene la Fiscalía para hablar sobre el papel del Destacamento de Inteligencia 101 […] Esto es un relato», agregó Di Pasquale, que ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en el juicio La Cacha, en el juicio Brigada de San Justo, y también por delitos similares en Neuquén, como por ejemplo los perpetrados en el centro clandestino de detención (CCD) conocido como La Escuelita.
Di Pasquale intentó en todo momento deslegitimar los cargos y responsabilidades que le atribuye el Ministerio Público Fiscal y la tarea de la Fiscalía.
Dijo que en 1978 y 1979, al frente de la «sección de actividades especiales, cumplí dos funciones: la primera era preparación de personal de inteligencia para infiltrar en Chile […] El segundo punto era el control de seguridad de las unidades» militares repartidas en la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ante la inminencia del Mundial de Fútbol. La conducción [castrense] apreciaba que una acción de los terroristas sobre un cuartel iba a tener una trascendencia a nivel internacional por la cantidad de periodistas que había en ese momento» en el país, explicó.
En cambio, según la Fiscalía, Di Pasquale «privó ilegalmente de la libertad y aplicó tormentos en el Pozo de Banfield».
Con claro desprecio se refirió a los derechos humanos, comparándolos con el tráfico de armas. «Hay muchos que viven de los derechos humanos», sostuvo y luego se preguntó irónicamente si los militantes de organizaciones armadas son considerados «población civil» y «perseguidos políticos».
«Me parece que se está tergiversando la historia. Me parece que no se está diciendo toda la verdad y estos juicios son funcionales a la tergiversación de la historia», antes de querer embarcarse en la enumeración de los ataques que según él las organizaciones armadas perpetraron contra cuarteles militares, pero también «los que asesinaron a [José Ignacio] Rucci, a [Timoteo] Vandor», dijo refiriéndose a dos dirigentes del sindicalismo ortodoxo peronista.
El juez Ricardo Basílico, presidente del TOF Nº 1 lo interrumpió para solicitarle que se remita a los hechos que se le imputan en la presente causa. Fue entonces cuando Di Pasquale afirmó: «Yo no formé parte de ningún aparato organizado. Yo formé parte del Ejército argentino», y dijo que se considera «un preso político».
Aunque aseguró que «todo el Ejército argentino participó en la lucha antisubversiva», luego, interrogado por el abogado querellante Pablo Llonto, negó que los oficiales a su cargo y él mismo participaran en acciones en la llamada lucha contra la subversión.
Di Pasquale intentó hacer creer al tribunal que los reglamentos del Ejército no se aplicaban en la realidad o que las órdenes eran impartidas por su superior, Alejandro Arias Duval, de forma verbal, y más aún, que en el Destacamento de Inteligencia 101, integrado por unos 150 efectivos militares, solo había tres o cuatro oficiales de inteligencia.
«Desde afuera resulta difícil entender que los Reglamentos eran letra muerta», reflexionó el juez Esteban Rodríguez Eggers, que le hizo varias preguntas al imputado sobre la estructura y el funcionamiento del Destacamento.
Allí prestaron servicios otros tres imputados en este juicio: Roberto Armando Balmaceda, Carlos María Romero Pavón y Julio Alberto Candioti.
«¿En algún momento tomaron conocimiento que dentro de las unidades hubiera centros de detención ilegal, tanto en las unidades como en comisarías o dependencias policiales?», le preguntó Rodríguez Eggers. Ahí el enredo de Di Pasquale fue más evidente.
«No, mire, lo que dicen que eran el Pozo de Banfield, no, era la Brigada de Investigaciones… en los cuarteles no había centros de detención. Obviamente lo escuché, pero para mí no eran ilegales. El estar detenido en una Brigada de Investigaciones no era ilegal», respondió el imputado.
«Una última cuestión, pues usted hizo referencia. En una institución burocrática como usted señaló, donde importaba la documentación, como oficial de inteligencia y testigo de la época, ¿por qué entiende que se ordenó la destrucción de la documentación vinculada con los hechos de la lucha antisubversiva?», le preguntó el magistrado.
«Desconozco cuál ha sido la intencionalidad de los que comandaban el Ejército. La documentación tiene un periodo de validez y después se ordena la destrucción. Eso está en el reglamento interno», dijo entonces. «Al cabo de cierto tiempo, se quema y se elimina y se hace un acta de lo que se quema», agregó.
«¿Sabe si en el Destacamento se quemó documentación?», inquirió el juez. «No, en mi época no», respondió Di Pasquale, con quien concluyó esta nueva etapa de indagatorias.
Aunque reconoció que la Policía bonaerense estaba subordinada al Ejército, negó tener relación directa con la Policía. «En lo operativo, la Policía dependía del Ejército», dijo sin embargo.
La sobreviviente que reconoció a nuevo imputado
Mercedes Alvariño Blanco ya había sido secuestrada en junio de 1974 por la Triple A, la organización paraestatal de ultraderecha peronista. Poco más de un año más tarde, el 19 de noviembre de 1975, fue secuestrada en la casa de su prima, en Ramos Mejía, donde estaba de casualidad pues hacía meses que andaba de un lado a otro.
Estuvo secuestrada en el CCD conocido como Puente 12, donde conoció la tortura. A los dos o tres días la trasladaron a El Infierno de Lanús. Fue allí donde un día la vino a ver a su celda «un tal Castillo. Luis Castillo», afirmó.
«A este señor Castillo lo conocía desde el año 73, teníamos una unidad básica y este señor se pasaba con un Peugeot siguiéndonos cuando íbamos y veníamos de la unidad básica», explicó. Supo que se llamaba Castillo por inteligencia de la organización Montoneros en la que ella militaba.
Aquel día en El Infierno, Castillo le quiso hacer firmar unos documentos diciéndole que en su casa habían «encontrado material del ERP y Montoneros». «No era mi casa, no había nada», le respondí.
«A la tercera negativa a firmar, sacó la 9 mm y me la puso en la sien para que firme», afirmó el martes ante el Tribunal, antes de describir a Luis Castillo como un hombre «delgado, alto, de anteojos […] Muy elegante y muy violento».
Sobre este punto intervino el defensor oficial de Castillo, Gastón Barreiro, para intentar deslegitimar la declaración de la sobreviviente, y tras reformular la pregunta por intervención de Basílico y de la Fiscalía, la testigo respondió que aquel día el ahora imputado «tenía unos lentes de montura dorada fina. No sé si los traía puestos, pero en un momento se los puso. Eran anteojos para leer».
El 27 de noviembre de 1976, Mercedes Alvariño Blanco fue trasladada a la cárcel de mujeres de Olmos.
Hija de desaparecidos pidió justicia
Carolina Ghigliazza es hija de Ricardo Ghigliazza e Irma Noemí Tardivo, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Ella y su hermana María Helena fueron criadas por su abuela paterna en General Rodríguez, luego de que su padre fuera fusilado, el 19 de septiembre de 1975, y meses después su madre fuera secuestrada.
El 8 de julio de 1976 su mamá fue secuestrada en la Escuela Nº 52 de Moreno, frente a niñas y niños de seis años de edad. «Arrastrada de los pelos» la metieron en un auto, contó.
Por testimonios de sobrevivientes supo que su mamá estuvo secuestrada en El Infierno. Por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) supo que fue asesinada en agosto de 1976.
«Mi mamá era maestra. Tenía 24 años cuando la asesinaron. Era militante. Estudiaba Filosofía y Letras. Participaba en dos revistas de poesía y militaba junto a mi padre en el Ejército Revolucionario del Pueblo», afirmó sin poder contener las lágrimas y con la voz entrecortada.
«Les pido que tengamos justicia», dijo al concluir su testimonio entre lágrimas, y luego de asegurar que la «injusticia es que 47 años después estemos discutiendo esto».
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013. De los 18 imputados iniciales, solo quedan 12, incluyendo a Horacio Luis Castillo, agregado en esta etapa del debate oral y público. Desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, murieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.
Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.
Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia, en formato virtual, se realizará el martes 14 de marzo a las 8:30.
