El Gobierno nacional analiza aplicar «sanciones extraordinarias» a la empresa Edesur por la continuación de los prolongados cortes de servicio que sufren miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El viernes, algunos usuarios cumplieron más de una semana sin luz en medio de la extendida ola de calor. Según el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, «en los últimos 10 días, en el caso de Edesur, los cortes acumulados no bajaron de 70.000 usuarios», situación que ameritaría una sanción extraordinaria por contrato de concesión.
«La baja de la demanda de energía, aparte de temperaturas más templadas, debería generar en las empresas la posibilidad de ir reparando todas y cada una de las líneas que salieron de servicio, con prioridad a aquellas que llevan más de 24 o 36 horas sin servicio», dijo en declaraciones a El Destape Radio.
Según Martello, existen distintos tipos de multas aplicables a las prestadoras, entre las cuales destacó el obligatorio resarcimiento para usuarios afectados por cortes prolongados más allá de las veinticuatro horas. «En el último semestre hubo devolución a los usuarios por 2.400 millones de pesos porque la empresa no se puede escapar de pagar», explicó en ese sentido.
La advertencia del funcionario se produce luego de la denuncia penal que presentó el organismo por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos. El viernes quedó sorteado el juzgado del juez Julián Ercolini, uno de los principales implicados en los escandalosos chats posteriores al encuentro que mantuvieron funcionarios políticos de CABA, judiciales, empresarios y ex agentes de inteligencia en lago Escondido.
Además de la denuncia contra el directorio de la empresa, el ENRE se comprometió, por pedido de la Secretaría de Energía de la Nación, a elevar un informe al Congreso de la Nación para que la Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de Servicios Públicos analice la continuidad o no de la concesión.
Al ENRE se sumaron además una denuncia de la ciudad de Buenos Aires y una de la Defensoría del Pueblo porteña por «la falta de trato digno y carencia de información» para los usuarios afectados.
