Ante la inacción e impunidad que mantiene paralizado desde hace cuatro años el avance del juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, la defensa de la familia presentó un jury de enjuiciamiento para apartar del caso a la fiscal a cargo, Graciela Rivero, por comportamientos discriminatorios y de violencia institucional. Mientras el juicio sigue a la espera del avance con las audiencias, Rivero se mantuvo en los últimos tiempos rechazando y eludiendo todo tipo de contacto con la familia de Emilia, así como negando cualquier tipo de información sobre el proceso.
«Durante los más de 4 años que tiene en su poder la causa, Rivero nunca quiso tener contacto con la familia y manifestó que informar a las víctimas de la marcha del proceso y tenerlas al tanto de lo que planea realizar, no es una obligación que tenga una Agente Fiscal», expresaron desde la representación legal de la familia Uscamayta, en un comunicado lanzado este martes.
«La doctora Rivero no saluda a la familia, no les dirige la palabra, no los recibe. Una conducta casi de cosificación. La Ley Micaela está orientada, entre otros puntos, a evitar en estos casos la revictimización de quienes reclaman justicia, y acá lo que sucede es una reiteración sistemática donde hay una perturbación en el estado emocional y psíquico de cualquier persona», explicó el abogado Adrián Rodríguez, representante de la familia Uscamayta Curi, en diálogo con Contexto
Asimismo, como un gesto en reclamo de respuestas, la madre de la joven fallecida en 2016 en una fiesta clandestina en La Plata, Eugenia Curi, decidió encadenarse esta mañana en las puertas de la Fiscalía de La Plata, en 7 e/ 56 y 57, donde tampoco fue recibida por ninguna autoridad a cargo. En señal de apoyo, la acompañaron tanto familiares y allegados como militantes y figuras de los derechos humanos, como Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru.
La actuación de Rivero se da en un marco de reiteradas muestras de impedimento para que el juicio avance. «Rivero arribó a las audiencias del 17 y 18 de octubre del 2022 con un desconocimiento manifiesto de la investigación, alegando ella misma que ‘se debía posponer el debate’, fijado para el día 25 de octubre de 2022, ‘ya que desconocía la causa’», indicaron los abogados de la familia Uscamayta.
«Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de La Plata sostuviera a la Agente Fiscal, argumentando que no tenía obligación de tener contacto con las víctimas, puesto que esto no era causal de recusación. Graciela Rivero agradeció al mismo sostenerla en el cargo, como si el Tribunal fuese su patrón/a, y luego lanzó una amenaza a la familia de Emilia y al equipo jurídico que acompaña a la misma, refiriendo que se reservaba el derecho a iniciar acciones legales por las calumnias que se decían en los medios de comunicación».
La muerte de Emilia Uscamayta Curi tuvo lugar la madrugada del 1º de enero de 2016 en el marco de una fiesta clandestina realizada en una residencia de las afueras de La Plata, cuya organización puso al desnudo la complicidad de empresarios de la noche platense con funcionarios de la por entonces recién iniciada gestión del intendente Julio Garro. Desde entonces, el pedido de justicia por Emilia se convirtió en una bandera de lucha no solo por la vida de la joven estudiante de Periodismo, sino también por desenmascarar la trama de corrupción que involucra a empresarios locales y funcionarios.
En la causa están imputados cuatro empresarios del ámbito de la nocturnidad de La Plata por el delito de homicidio simple con dolo eventual y dos hechos de desobediencia, y un ex funcionario municipal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Estos son Raúl «el Peque» García, de estrechos vínculos con altos dirigentes de Juntos por el Cambio, como Maria Eugenia Vidal, Mauricio Macri y el intendente platense Julio Garro; los empresarios organizadores Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure; y el único funcionario municipal, ex secretario de Seguridad, Daniel Piqué. Hay otros funcionarios mencionados en la causa que aún no han sido imputados por la muerte de Emilia y que deben dar respuestas.
«Los responsables de la muerte de Emilia llevan más de siete años impunes y la Justicia no busca los mecanismos necesarios para avanzar en la causa, lo cual la convierte en cómplice. Es cada vez más explícito el entramado político y judicial orquestado por el municipio a cargo de Juntos por el Cambio con el intendente Julio Garro a la cabeza», agregó el comunicado de los familiares.
