Esta semana, la secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata, Ileana Cid, anunció el traslado de la denominada zona roja del Mondongo a la calle 122, una medida rechazada por una gran cantidad de organizaciones que denuncian que el Municipio busca criminalizar sus identidades.
La funcionaria municipal realizó el anuncio a través de una reunión con organizaciones sindicales y de la diversidad. Según detalló, las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución tendrán un plazo de quince días para trasladarse a 122, lo que fue rechazado de manera categórica por todos los espacios presentes en la reunión, quienes destacan que se trata de una medida que genera mayor exclusión y criminalización, particularmente a la comunidad travesti-trans, que representa el 80 % de las personas que se encuentran en la zona roja.
Hoy por hoy, sin límites demasiados concretos, se puede decir que la zona roja comprende los alrededores de diagonal 73 entre Plaza Rocha y Plaza Matheu, y las calles aledañas a avenida 1 entre 60 y 68. La iniciativa municipal busca reubicar a las trabajadoras en 122 entre 52 a 55, es decir, atrás del Bosque, a metros de la facultades de Humanidades y Psicología y en el límite de La Plata con Berisso y Ensenada, generando así también un nuevo conflicto en puerta entre diferentes jurisdicciones.
En Argentina, el trabajo sexual no está prohibido. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, en 2018 el Senado derogó el artículo 68 del Código de Faltas de la provincia, que establecía de cinco a treinta días de arresto y sanciones económicas a quienes «ejercieren la prostitución dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare». Sin embargo, al no existir normas que regulen o den un marco de derechos a las trabajadoras, la criminalización está a la orden del día.
En esa línea va la capital de la provincia comandada por el intendente Julio Garro, que en 2021 sancionó, gracias a su mayoría en el Concejo Deliberante que presidia por ese entonces Cid, el nuevo Código de Ordenamiento Urbano, luego de años de fuerte resistencia de la oposición y de organizaciones de amplios sectores. Dicha normativa establece que es el Ejecutivo el encargado de delimitar los lugares permitidos para ejercer el trabajo sexual. El Código prevé, tal como los edictos policiales, severas penas a quien «ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados».
Dando luz verde a lo aprobado en 2021, nuevamente en un año electoral el Ejecutivo local pretende reubicar a las trabajadoras sexuales, que, a través de diversas organizaciones, tajantemente le manifestaron su inconformidad a Ileana Cid. Por medio de un comunicado, las organizaciones indicaron que, además de violar los derechos y garantías establecidos en la Constitución, condena particularmente a la comunidad travesti-trans «a la clandestinidad de la noche, reproduciendo la condena social y poniendo en riesgo su integridad en todo sentido», amparándose en el discurso de la inseguridad para «criminalizar nuestras identidades».
En esa línea, manifiestan que el traslado significa exponer una vez más «a la inseguridad y confiándolas a lugares de extrema vulnerabilidad».
Las organizaciones alegan además que El Mondongo tiene una relevancia histórica para la comunidad travesti-trans, siendo escenario no solo de su trabajo y de sus luchas, sino también porque tienen su domicilio en este lugar, siendo «vecinas» del barrio de donde las pretenden desalojar.
Desde la llegada de Julio Garro, las organizaciones de la diversidad apuntan contra el intendente por sus dichos transodiantes y por no generar políticas para el sector, incumpliendo por ejemplo el Cupo Laboral Travesti-Trans sancionado hace ocho años en la provincia. La decisión del Ejecutivo municipal es considerada una avanzada más sobre la comunidad travesti y trans que se resiste al traslado.
«¿Son las compañeras travestis y trans las responsables de la seguridad en el barrio?- que son sus argumentos a la hora de sancionar este proyecto con este artículo- No, no lo somos. Volvemos las personas travestis y trans a ser criminalizadas a través de códigos de Faltas que además limitan el uso del espacio público y qué espacio podemos o no ocupar», cuestion´´o Galaxia Rod, de Marea Rosa. En ese sentido, explicó que la situación remite a los mencionados edictos y códigos de faltas, lo que significa «un retroceso histórico en lo que es la construcción de los derechos humanos de las personas travestis y trans, no sólo en Argentina sino también a nivel internacional».
Sobre la reubicación, Rod destacó que se encuentran «en total estado de alerta», y resaltó que Cid nunca puso «sobre la mesa las problemáticas de nuestro colectivo ni se tomó en cuenta que la inseguridad la pasamos primero nosotras». Vale destacar que en los últimos años al menos cuatro mujeres trans fueron asesinadas en la zona roja de La Plata, cuestión que el Ejecutivo local nunca atendió.
«Es una medida atroz que lo único que quiere lograr es expulsarnos a las personas travestis y trans de la categoria de vecinas, de ciudadanas, quieren ocultarnos bajo la alfombra», concluyó Rod.
