El Gobierno nacional amplió la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, admisión de dádivas y posible cohecho agravado de magistrados y tráfico de influencias agravado, en el marco de la causa que investiga el viaje a lago Escondido de jueces federales, directivos del Grupo Clarín, el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques, y el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
«Hoy ampliamos la denuncia en la causa que investiga el viaje a lago Escondido de jueces federales, directivos de Clarín, el fiscal general de CABA y el exministro D’Alessandro por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien en diciembre había presentado la denuncia inicial.
«La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito», sintetizó el ministro.
Los magistrados imputados en diciembre por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepareson, son: Julián Ercolini (juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10), Carlos Mahiques (juez de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2), Pablo Cayssials (juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9), Juan Bautista Mahiques (actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Marcelo D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires).
La fiscalía también imputó por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 258 del Código Penal a Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarín), Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín), Nicolás Van Ditmar (administrador del inmueble de lago Escondido perteneciente a Joe Lewis), Leonardo Bergroth (ex director de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado – SIDE) y Tomás Reinke (publicista especializado en publicidad digital y política).
La ampliación de denuncia presentada este lunes apunta a exponer la decisión coordinada de los integrantes del vuelo privado, con destino al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos. En este sentido, la presentación recoge lo publicado en distintos medios de comunicación, dando cuenta de que los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que abonar nada a cambio. Incluso, las publicaciones sugieren que, cuando el viaje tomó estado público, los implicados habrían empezado a orquestar movimientos para crear una ficción de pagos, y hasta habrían recurrido a fraguar documentación, las famosas facturas «truchas».
Asimismo, solicita que se investigue, entre otras, el incumplimiento, por parte de los jueces Cayssials y Ercolini, de su obligación de excusarse de intervenir en causas vinculadas a los integrantes y promotores de la comitiva que viajó a la estancia del magnate británico ubicada en lago Escondido. De ese modo, se habría incumplido el art. 55 y subsiguientes del Código Procesal Penal de la Nación, que los obligaba a inhibirse.
Particularmente, el escrito señala «las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín dictadas por el Juez Cayssials con posterioridad al viaje a lago Escondido», para beneficiar de forma directa al grupo empresarial en el que Jorge Rendo y Casey se desempeñan como directivos.
La presentación también señala que el juez federal Ercolini omitió inhibirse en la causa penal en la que se investiga al ex ministro del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, por sus relaciones espurias con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
En el cuerpo de la denuncia, el ministro Soria advierte sobre el traspaso de la causa judicial a los Juzgados de Comodoro Py, ordenado por la Cámara Federal de Comodoro Py, y «la llamativa demora» de la Justicia federal para resolver el pedido del Estado nacional para ser tenido como querellante. La falta de resolución del pedido presentado el 7 de diciembre pasado no permite «la constitución de una parte ajena al propio sistema judicial aquí investigado, poniendo un manto de dudas sobre la legitimidad del presente proceso», sostiene el escrito.
La denuncia contrasta la doble vara con que la Justicia federal decidió tratar la causa que investiga los chats y la que investiga el viaje a lago Escondido: mientras que para el primer caso «se habilitó la feria judicial de verano a los meros fines de archivar la causa y beneficiar a D’Alessandro y Robles, esa decisión no fue tomada en el presente expediente, en los que se investigan hechos de igual o mayor gravedad y urgencia».
«En causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad», afirma Soria en la ampliación de la denuncia presentada en el Juzgado Federal Correccional N° 1 de Comodoro Py.
