La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que actualmente se encuentra tratando el jury a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, volvió a reunirse con el fallo conocido como 2×1, que favoreció a los genocidas de la última dictadura cívico-militar como temática central. La principal oradora fue Estela de Carlotto, quien criticó duramente a los magistrados.
La comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard citó además al ex ministro de Justicia Germán Garavano (que se encontraba en el ejercicio de sus funciones cuando se conoció al fallo) para que dé cuenta de si hubo influencia del Ejecutivo en esta decisión; así como también a periodistas, para que ratifiquen los comentado en sus artículos sobre las consecuencias del 2×1. Se trata de Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.
En 2017, el supremo tribunal decidió otorgar el cómputo de pena del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a trece años de prisión por delitos de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención que funcionaba dentro del Hospital Posadas.
Con una interpretación forzada del artículo 2° del Código Penal, Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco reflotaron una norma derogada en 2001. Según la Ley Nº 24.390, luego de transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva se computan dos días por cada uno de encarcelamiento cautelar efectivamente cumplido. La polémica estriba, entre otras cosas, en que ese instrumento fue sancionado para descomprimir una serie de motines que se dieron a mediados de la década del noventa, jamás para beneficiar a criminales de la dictadura.
En la comisión de Juicio Político, Estela de Carlotto leyó en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo e hizo un recuento de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia llevada adelante en Argentina y el retroceso notorio a fines de 2015, tras el nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el tribunal supremo a través del Decreto Nº 83/15, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri.
La titular de Plaza de Mayo caracterizó como «primer aviso» lo que aconteció con el fallo Fontevecchia, donde la Corte Suprema consideró que no debía acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió que la Justicia argentina violaba la libertad de expresión al condenar a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por haber hecho pública información sobre el hijo del expresidente Carlos Menem en 1995. Esto significó para de Carlotto que «las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos serían interpretadas desde los propios despachos de sus señorías».
De igual manera, desde Abuelas de Plaza de Mayo recordaron que el 18 de abril de 2017 la Corte se pronunció en el fallo «Alespeiti», por el cual concedió la prisión domiciliaria al exmilitar Felipe Jorge Alespeiti, quien ya había sido condenado a veintidós años de prisión, dejando atrás lo resuelto por Casación.
En mayo de 2017 llegó el fallo «Muiña» que Carlotto caracterizó como un «intento de golpe a la lucha de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos». Para la titular del organismo de derechos humanos, Rosatti, Rosenkrantz y Highton fallaron «favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia»
«En síntesis, podemos decir que entre febrero y mayo del 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cuerpo, pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en 2004, primero generando un acotamiento en las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, para luego plasmarlo en un caso individual pero de proyección ilimitada en ‘Alespeiti’ y finalmente consagrarlo al establecer una norma de impunidad general en el fallo ‘Muiña'», señalaron desde Abuelas.
Y cuestionaron que esto fue acompañado por una «lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que no aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza».
Asimismo, Estela de Carlotto hizo mención a la inactividad de la Comisión Interpoderes que funcionaba como un espacio de intercambio en el marco de los juicios de lesa humanidad, lo que fue reclamado por los organismos. «De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que el ministro Rosenkrantz en ejercicio de la presidencia de la Corte la convocó en octubre de 2020 en el medio de un conflicto político con el gobierno. Sabiendo que la reunión convocada no era más que una puesta en escena y una reacción del Juez ante su disputa con el gobierno, desde Abuelas decidimos no asistir a dicha reunión. Tan cierta fue nuestra sospecha acerca de esa convocatoria que luego de esa reunión, no hubo ninguna consecuencia, medida o acción concreta, y Rosenkrantz no volvió a convocarla. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti al día de hoy, tampoco lo ha hecho», concluyó.
