Por Lucas Miguel*
Cuatrocientos cincuenta y seis. Ese es el número de causas abiertas con imputados por crímenes de lesa humanidad en todo el país: incluye a las 144 causas que tramitan en primera instancia; otras 40 en las que los fiscales han formulado el requerimiento de elevación a juicio; las 120 que fueron elevadas y esperan fecha de juicio oral; las 16 que actualmente están en debate; y las 136 que ya tienen sentencia.
El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el organismo especializado de la Procuración General de la Nación que articula la persecución penal de esos delitos con los fiscales federales de cada jurisdicción.
Las cifras demuestran lo que queda por juzgar después doce años de reabiertos los procesos. Esos números no incluyen las causas que aún no tienen imputados identificados, de forma tal que el desafío es potencialmente mayor.
Desde otra perspectiva, la tarea llevada a cabo está demostrada en el número de 614 personas juzgadas: 564 condenadas -sumando la condena dictada el viernes por la tarde a un ex policía en Formosa, luego de que la Procuraduría cerrara las estadísticas- y 50 absueltas, número que también puede variar, no sólo por la cantidad de causas que falta juzgar sino porque más del 75% de las sentencias está en etapa de revisión: de las 136 dictadas, sólo 31 adquirieron firmeza. En los tribunales superiores se puede revertir lo resuelto en los de juicio.
EN SÓLO 16 JUICIOS EN CURSO, 270 ACUSADOS AGUARDAN SENTENCIA. ES CASI LA MITAD DE LAS PERSONAS JUZGADAS EN UNA DÉCADA.
Genealogía de una historia de lucha
Aunque histórico, poco se logró en la década del 80 con los juicios a las juntas militares, de 1985, y a los cabecillas del denominado Circuito Camps, en alusión al nombre del castrense jefe policial bonaerense, Ramón Camps, de 1986. Al cabo de esos dos juicios en Argentina hubo diez condenados y seis absueltos. Sólo 16 personas juzgadas por la masacre.
Los acusados de aquellos juicios fueron las caras visibles de la represión ilegal: los comandantes militares y los entonces figurones mediáticos Camps y Miguel Etchecolatz, con un reducido séquito, que incluyó al médico policial Jorge Bergés y al cabo Norberto Cozzani.
Las sentencias de la Cámara Federal porteña en ambos procesos ordenaron seguir investigando a los mandos intermedios y a otros autores mediatos y directos de los hechos, pero aquella voluntad fue truncada con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de diciembre de 1986 y junio de 1987, respectivamente.
En la década del 90 -y aún un poco antes-, los indultos para los únicos presos y para los procesados de los más altos rangos, la aparición de los ya adolescentes hijos de los desaparecidos en el escenario público con los escraches, la intención del gobierno de ascender en la Armada a impunes torturadores confesos y la apertura de juicios en Europa contra los represores argentinos, entre otros sucesos, mantuvieron activa la memoria.
El reinicio
La reapertura de las causas con la nulidad legislativa de las leyes de impunidad en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2005 permitió recomenzar la tarea. Primero llegaron a juicio las causas por entonces más avanzadas: en 2006, el policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz y el federal Julio Simón, alias «El Turco Julián».
El ex comisario de Camps llegó a esa instancia en La Plata con una causa nutrida de prueba obtenida en los juicios por la verdad, los procesos que, iniciados a fines de los 90, lograron poner en la agenda los crímenes del terrorismo de Estado, recabando prueba pero sin buscar el castigo de los culpables. Hasta que cayeron las leyes y la prueba cobró fuerza.
El juzgamiento del «Turco Julián», en tanto, tuvo que ver directamente con aquella caída. A Simón se lo juzgó y condenó en la Capital Federal en 2006 por el secuestro y las torturas de los padres de la nieta recuperada Victoria Poblete. La investigación penal de la apropiación de la niña, que no estaba vedada por las leyes de impunidad, derivó en el fallo del 21 de marzo de 2001 que, en primera instancia, declaró la inconstitucionalidad de aquellas normas y procesó a Simón y al fallecido Juan Antonio del Cerro. Ese pronunciamiento es el que fue confirmado por la Corte en 2005.
Las primeras causas que llegaron a juicio con la reapertura fueron pequeñas en cantidad de imputados y víctimas si se las compara con la mayoría de las que hoy arriban a esa instancia. No hubo una planificación al comienzo y las primeras en llegar a juicio fueron las pesquisas más avanzadas en los juicios por la verdad o las suspendidas a fines de los 80. Ocurrió en medio de resistencias políticas y judiciales, y de un Poder Judicial y un Ministerio Público no preparados con personal idóneo, con poca infraestructura y con normas procesales que no fueron pensadas para el juzgamiento de crímenes cometidos en masa y de forma sistemática.
En ese contexto, dos hechos repercutieron para que los juicios fueran repensados: La segunda desaparición de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006 y la muerte del prefecto Héctor Febrés, represor de la Escuela de Mecánica de la Armada, en una celda de la Prefectura Naval la noche previa a conocer el veredicto en el juicio, el 10 de diciembre de 2007.
La Procuración General de la Nación, cabeza de los fiscales federales, buscó en todas las jurisdicciones del país unificar causas y llevar a juicio a la mayor cantidad de casos y de presuntos victimarios. La finalidad fue ahorrar recursos y tiempo, y proteger a los testigos para que no tuvieran que exponerse, declarando una y otra vez en juicios fragmentados. El gobierno, por su parte, inició un programa para habilitar centros de detención penitenciarios para los acusados. Una comisión interpoderes comenzó a reunirse para tratar los problemas: desde falta de salas de audiencia para celebrar grandes juicios a la integración de tribunales y dotación de personal.
Los resultados del cambio pueden verse en la evolución de las condenas: a fin de 2006 había dos condenados; en 2007, 10; en 2008, 40, en 2009, 75; en 2010, 174; en 2011, 243; en 2012; 355; en 2013, 493; y a diciembre de 2014, 554. Hoy son 564.
Otro número revelador del cambio de estrategia en la planificación de los juicios es la cantidad de personas que actualmente están siendo juzgadas en la etapa definititoria: en sólo 16 juicios en curso, 270 acusados aguardan sentencia. Es casi la mitad de las personas juzgadas en una década.
Las investigaciones avanzaron sobre las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad, y, en ese contexto, se conocieron los nombres de los civiles que formaban parte de aquellas como miembros de extensas plantillas de Personal Civil de Inteligencia (PCI, en su jerga), agentes secretos.
También se profundizó sobre los autores directos, torturadores e interrogadores de los centros clandestinos que cumplían las órdenes ilegales que les daban sus jefes. Hurgar en los archivos de las fuerzas y en los legajos de sus integrantes permitió reconstruir secuestros, procedimientos fraguados y nóminas de “grupos de tarea”. Se pudo observar, asimismo, cómo esa maquinaria funcionaba con la complicidad de miembros del Poder Judicial, que no investigaron o que directamente intervinieron para favorecer la represión.
LA DIFICULTAD DE JUZGAR AL PODER ECONÓMICO TAMBIÉN APARECE EN LOS NÚMEROS: DE LOS 564 CONDENADOS, 54 SON CIVILES.
El móvil económico
La búsqueda de la verdad y la justicia permitió además conocer los móviles de varios crímenes: pudo confirmarse que la persecución política e ideológica tuvo un trasfondo económico, como en la empresa Loma Negra. La investigación en curso en Azul ha comprobado que la firma cementera de Olavarría redujo su previsión anual para el pago de indemnizaciones por despido después de la desaparición del abogado de los trabajadores, Carlos Alberto Moreno, quien lideraba las demandas.
Sin embargo, llevar a juicio a empresarios que promovieron el genocidio y se beneficiaron con la faena ejecutada por militares y policías tiene sus dificultades adicionales, posiblemente porque el poder económico que ganaron entonces les permite aún resguardar su impunidad. El razonamiento de la Cámara Federal de Casación para desprocesar al dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y a su ex administrador, Alberto Lemos, en la desaparición de los trabajadores azucareros es elocuente: los camaristas sostuvieron que estaba probado que la empresa facilitó las camionetas a la Gendarmería con las que se llevaron a cabo los secuestros, pero que no podía acreditarse que los empresarios supieran que se iban a utilizar para eso.
La negativa del juez Julián Ercolini a indagar a los directivos de Clarín, La Nación y La Razón en la causa por el desapoderamiento de Papel Prensa al grupo Graiver, se fundó en que aún no concluyó el demorado peritaje que ratifique las versiones sobre el pago de un precio vil, pero no se pronunció sobre la extorsión -base de la acusación fiscal- que declararon haber sufrido los integrantes del grupo.
La falta de mérito dictada en Bahía Blanca al empresario mediático Vicente Massot por parte del juez subrogante Claudio Pontet -recusado por la fiscalía por vínculos con el imputado- se basó en considerar parte del derecho a la libertad de expresión aquello que aparece reglado en los reglamentos militares de inteligencia como operaciones de acción psicológicas sobre la población para favorecer la acción de las fuerzas armadas.
La dificultad de juzgar al poder económico evidenciada en las últimas semanas también aparece en los números: de los 564 condenados, 54 son civiles: 19 apropiadores de niños y niñas; tres médicos y dos parteras; 24 PCI; un ex secretario judicial; un abogado, ex ministro; un sacerdote; un chofer; y dos empresarios.
Los dos empresarios condenados son los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, a 15 y 11 años de prisión, por facilitar la quinta donde se mantuvo secuestrado y fue torturado el abogado de los trabajadores de Loma Negra.
*Docente de la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata.
