El lunes 17 de abril vencía el plazo de quince días dispuesto por la Municipalidad de La Plata para el traslado de la zona roja desde el barrio El Mondongo a los límites entre Berisso y Ensenada, por lo que un conjunto de organizaciones acompañadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestaron su rechazo y reclamaron que se suspenda «cualquier medida que implique un potencial escenario de violencia que colocaría en una situación de especial vulnerabilidad al colectivo travesti-trans».
El organismo de derechos humanos acompañó así a OTRANS Argentina, Marea Rosa (organización de la diversidad), Somos Diversxs La Plata, La Divina JP, Venganza Afectiva, Frente TLGBI de la provincia de Buenos Aires, comisión organizadora de La Marcha Provincial, Secretaría Académica de la FALGBT, AMMAR y la Convocatoria Federal de Travestis y Trans Argentina.
Se trata de organizaciones que manifestaron ya su rechazo a la pretendida reubicación que quiere llevar adelante el Gobierno de Julio Garro, desplazándola a los márgenes de la ciudad. Estos espacios plantean la necesidad de que se abra una instancia de diálogo efectiva y que ahora, vencido el ultimátum dispuesto por el Ejecutivo local, no ocurran situaciones de violencia, por lo que la carta es dirigida al Ministerio de Seguridad provincial y al Municipio.
En dicha presentación, las organizaciones reclaman además que se implemente de una vez la Ley de Cupo Laboral Travesti y Trans y políticas integrales de cuidado.
La CPM manifestó a su vez que «la denominada reubicación pretende regular el trabajo sexual sin consentimiento de quienes lo ejercen, imponiendo la zona donde puedan trabajar y propiciando las condiciones para la imposición de multas a quienes circulan por fuera de ese espacio», por lo que advierten que «se constituye en una medida que viola claramente derechos esenciales de este colectivo, criminaliza la oferta de sexo en la vía pública y genera las condiciones de posibilidad para la profundización de vulneraciones».
«El organismo subrayó además su desacuerdo con la demarcación de espacios de segregación a los que se envía a personas y grupos específicos y que promueven la estigmatización, segregación y discriminación», agregó.
Seguridad para quién
Avalado por el Código de Convivencia que aprobó el Concejo Deliberante solo con el voto oficialista, el Ejecutivo pretende la reubicación (una medida que siempre es reflotada en años electorales) amparándose entre otros argumentos en la inseguridad que sufren los vecinos y vecinas de El Mondongo.
Las organizaciones plantean que quieren trasladar a las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución «a la clandestinidad de la noche, reproduciendo la condena social y poniendo en riesgo su integridad en todo sentido». En esa línea, manifiestan que el traslado significa exponerlas una vez más «a la inseguridad y confiándolas a lugares de extrema vulnerabilidad».
Las organizaciones alegan además que El Mondongo tiene una relevancia histórica para la comunidad travesti-trans, siendo escenario no solo de su trabajo y sus luchas, sino también porque tienen su domicilio en este lugar, siendo «vecinas» del barrio de donde las pretenden desalojar.
En diálogo con Sudaka, Claudia Vásquez Haro, referenta de OTRANS, destacó «que tenemos en claro que lo que está en juego es la violación de los derechos humanos de nuestras compañeras. Hay algo en común a todas y es que nadie quiere la reubicación de la zona roja. Inclusive para las que consideran que la prostitución es un trabajo, tampoco quieren la reubicación y esto tiene una fundamentación desde la apropiación del espacio, desde el cual han construido una memoria e historia travesti y trans».
En ese sentido, consideró que «la reubicación no se puede negociar, porque hay otros factores a tener en cuenta. Si a las compañeras las matan en Av. 1 ¿que se podría esperar si se las traslada a 122? Evidentemente, estarían más expuestas».
