El 29 de enero de 2016, la murga porteña Los Auténticos Reyes del Ritmo se encontraba ensayando en las calles de la villa 1.11.14 del barrio de Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, cuando irrumpió Gendarmería en el lugar y comenzó una balacera que dejó a dieciséis personas heridas, entre ellas, un niño de ocho años que casi pierde un ojo. El hecho, puntapié de lo que serían los violentos años con Patricia Bullrich al mando de Seguridad, llegó finalmente a la Justicia con la condena a los efectivos.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 condenó a Esteban Rafael Smolares (37), Saúl Humberto Juárez (36), Darío Fernando Solez Páez (33) y Elvio Ezequiel Cardozo (44) la pena de tres años y seis meses de prisión y de cumplimiento efectivo, mientras que Yanina Soledad Maldonado (32) recibió tres años en suspenso, todos ellos como coautores del delito de «vejaciones en concurso ideal con lesiones de importancia leve, por mediar abuso de las funciones de miembros integrantes de una fuerza de seguridad y ambas figuras agravadas por el uso de un arma de fuego», según informó Télam. Además, los primeros cuatro no podrán ejercer cargos públicos por siete años, mientras que Maldonado por seis.
El ataque se produjo cuando, durante el ensayo, se acercó un patrullero de Gendarmería con una grúa de la Policía Federal diciendo que necesitaban cruzar la calle para retirar un coche robado. Aunque la murga abrió el paso, los murgueros más chicos se demoraron y los oficiales, en lugar de esperar a que los niños terminaran de apartarse, comenzaron a increpar a los vecinos y rápidamente dispararon balas de goma.
El hecho ocurrió un mes después de que la gestión de Mauricio Macri, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, declarara la emergencia en seguridad, una medida que inauguró una etapa punitiva en Argentina, con la represión como moneda corriente.
«Nos parece que el veredicto del Tribunal 12 es muy importante, estamos muy conformes con la decisión, que deja en evidencia la gravedad de los hechos y manda un mensaje muy claro de que la violencia institucional no puede tolerarse», explicó el abogado Pablo Rovatti, quien junto con su colega Esteban Galli auspició a las víctimas.
«En este juicio quedó muy claro que lo que hubo fue un abuso grosero de las funciones de un grupo de seis funcionarios que, para abrirse paso de prepo por un lugar repleto de gente que ensayaba para una murga, dispararon más de veinte veces con municiones anti tumulto contra los cuerpos de chicos y chicas, adolescentes, madres y padres que los acompañaban en el ensayo», afirmó.
El abogado expresó que «esos disparos dejaron hasta el día de hoy las marcas en los cuerpos de las víctimas, y solo por fortuna no dejaron a alguien ciego».
