En una nueva jornada marcada por la intromisión del Poder Judicial en la contienda política, la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados volvió a reunirse y contó nuevamente con una exposición del ex administrador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Héctor Marchi, quien reveló más detalles sobre las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial y acusó directamente al presidente del tribunal de supuestas maniobras de corrupción.
Al mismo tiempo que se conocía el fallo con el que el máximo tribunal suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, las acusaciones de Marchi volvieron a poner en el centro de la escena al presidente de la Corte y a su colaborador más cercano, Silvio Robles, involucrado en los escandalosos chats filtrados del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
Su testimonio no solo estuvo atravesado por el reciente apartamiento de su cargo, por el que atribuyó amenazas a Rosatti, sino que también acusó al supremo de «negociar fallos» en su favor a través de contratos por una investigación que se le seguía en Santa Fe por enriquecimiento ilícito. Además, contó que el presidente del tribunal le pidió que destruyera el legajo de Mariano Althabe, integrante del directorio de la obra social del Poder Judicial, para ocultar que esa designación había sido propuesta por él.
«Para ser más claro, después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué», dijo Marchi.
El informe al que hace referencia corresponde a una serie de documentos que formaron parte de la auditoría que realizó en su carácter de administrador, en la que detectó diversas irregularidades en el manejo de la obra social de los judiciales.
«Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social», denunció.
En su segunda declaración ante los diputados de la Comisión, Marchi pidió investigar además «el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos». Según él, los contratos -pedidos por Silvio Robles- eran para la Cámara de Casación Penal, y a través de ellos Rosatti buscaba mejorar su situación procesal en una causa iniciada en su contra en Santa Fe, donde un chofer declaró haberle llevado dinero «todos los meses».
