El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos manifestó su rechazo al accionar de la empresa Telecom por «amenazar a parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con actuar civil y penalmente en su contra, mediante una carta documento, si se aprueba una resolución que habilitaría el ingreso de un nuevo competidor al sistema del servicio de telefonía celular».
«Desde el interbloque del FdT condenamos este tipo de maniobras que apuntan a paralizar el funcionamiento del referido ente regulador y a controlar, a través de presiones y maniobras judiciales, a quienes deben tomar decisiones que a veces desagradan a poderosos grupos empresarios», sostuvieron en un comunicado difundido en redes sociales.
Telecom (Grupo Clarín y capitales mexicanos) envió cartas documento al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a los representantes del Congreso nacional en el directorio del organismo. Fue días antes de la reunión de ese directorio donde se resolvió el ingreso de un nuevo operador móvil virtual (Telecentro) al sistema de telefonía celular. «Allí, se les advertía de las consecuencias que caerían sobre ellos por su participación en esta decisión. Se les aseguraba que serían perseguidos judicialmente por los presuntos daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida a la compañía», señalaron las y los legisladores.
Alertaron por este «accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido», agregaron, en relación con el escandaloso viaje a la mansión del magnate Joe Lewis de directivos de Clarín, jueces, exespías y ex funcionarios porteños imputados en el caso.
En ese marco, ampliaron que el Grupo Clarín, «con su ya habitual doble vara se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real».
Por último, advirtieron que la sociedad «poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso».
El caso
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había autorizado a la empresa de cable, telefonía fija e internet Telecentro a operar el servicio de telefonía móvil y ordenó a las firmas Claro, Movistar y Telecom que le alquilen las antenas y la infraestructura de red en todo el país. Además, determinó el precio del alquiler. Ante esto, Telecom respondió con las mencionadas cartas contra las autoridades del Enacom.
La resolución preliminar del organismo establece un plazo de 30 días para que las operadoras móviles den acceso a la red a Telecentro, luego de que esta última obtuviera el registro como operador móvil virtual en el año 2016, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aprobó el Reglamento de Operador Móvil Virtual (Resolución 38 del año 2016).
Las empresas dueñas de las redes son las llamadas telcos: Claro (AMX Argentina), Movistar (Telefónica de España) y Telecom (Grupo Clarín y el empresario mexicano David Martínez). Telecentro y las telcos no se pusieron nunca de acuerdo en el precio del alquiler de las redes de antenas. Desde Telecentro señalaron que las empresas de telecomunicaciones pidieron excesivo dinero como barrera para su ingreso al servicio del cuádruple play (telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable).
Ante esta situación intervino el Enacom, tal como establece la normativa vigente. Dispuso las condiciones para el ingreso al servicio y determinó también el precio que debe pagar Telecentro por el arrendamiento de las redes.
En la carta que recibió López de Telecom, la empresa apuntó: «Siendo Ud. miembro del directorio del Enacom, le hacemos saber que le reclamaremos civilmente en forma personal todas y cada uno de los perjuicios y gastos que le ocasionará a Telecom, con su participación en esta decisión», sostuvo el representante legal de la empresa en la carta documento fechada el 16 de mayo, dos días antes de la reunión de directorio que aprobó la resolución preliminar.
«Es grave e inédito que una empresa nos mande una carta documento de amenaza. Están atacando a una institución pública formada por el Congreso y el Ejecutivo de la Nación, es una amenaza personal a cada uno de los miembros del Directorio y habrá una respuesta desde el organismo», sostuvo López.
El conflicto tiene un precedente que desnuda la presión y los beneficios que ha obtenido Clarín del Poder Judicial: en diciembre de 2021, la Justicia falló en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que declaró servicios públicos esenciales a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
