Luego del repudio general y las movilizaciones callejeras, el gobernador jujeño Gerardo Morales debió dar marcha atrás y anunció que derogará el mentado decreto donde busca criminalizar la protesta en su provincia. Así lo definió el referente de Juntos por el Cambio en una conferencia de prensa, donde informó que dejará sin efecto el Decreto N° 8464, orientado a aplicar multas y sanciones a quienes obstruyan el «libre tránsito y circulación» en territorio jujeño.
Arrinconado por el rechazo general de organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales, el actual precandidato presidencial por el macrismo tuvo que dar marcha atrás y comprometerse a la derogación del decretazo, aunque también presionó para que los docentes en huelga en Jujuy «vuelvan a las aulas», bajo amenaza de descontarles del salario los días de protesta.
«Me comprometo a derogar ese decreto. Ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto», dijo este martes en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.
El polémico decreto fue dado a conocer en los últimos días por parte de la gestión de Morales, en pleno contexto de huelgas, de docentes jujeños que reclaman mejoras salariales y en rechazo de una inusitada reforma estructural de la Constitución provincial que, según denuncian, busca «recortar derechos». El proyecto de reforma del oficialismo jujeño propone modificaciones en 193 de los 212 artículos que tiene la Constitución vigente, aprobada en 1986. Con 29 convencionales propios, 13 del Frente Justicialista y 6 del FIT-U, el macrismo viene imponiendo su mayoría para avanzar de manera expedita.
Este martes se desarrollaron manifestaciones de diversos sectores en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y el Frente Milagro Sala junto a delegaciones de CTA se dirigieron a la Casa de Jujuy ubicada en el distrito porteño.
En ese marco, esta semana también la CGT y ambas CTA repudiaron a Morales con diversas expresiones. Se sumaron legisladores locales y nacionales, referentes sociales y de la Iglesia, en solidaridad con el paro de docentes en esa provincia con su respectiva batería de reclamos.
Asimismo, la CTA y la CTERA denunciaron al gobernador jujeño ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La presentación fue firmada por Hugo Yasky, Daniel Catalano, Eduardo Llano, Sonia Alesso y Roberto Baradel (secretario general, secretario adjunto, secretaria administrativa y secretario de Relaciones Internacionales, respectivamente, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina) y entregada por Baradel y Andrés Larisgoitía. Será evaluada en los próximos días por el comité internacional.
La denuncia fue recibida este martes por la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Corinne Vargha. En la presentación se hace foco sobre la violación de la libertad sindical (convenios 87 y 98) en virtud de la grave limitación de la protesta social a través del dictado del Decreto Provincial N° 8464.
