Por Florencia Abelleira
“Desde hoy, 28 de octubre de 2015, está garantizada la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la Educación Superior y la gratuidad de los estudios de grado en las Universidades públicas”, expresó la diputada nacional Adriana Puiggrós, luego de que el Senado de la Nación aprobara las modificaciones y convirtiera en ley su propuesta para la Ley de Educación Superior (LES). El PRO se había opuesto y en Diputados votó en contra. Cuando los senadores se dispusieron este miércoles a votar el proyecto para convertirlo en Ley, la compañera de fórmula de Mauricio Macri, Gabriela Michetti, se retiró del recinto y no votó: es decir, mantuvo aquella postura.
Esta norma, desde su sanción en 1995, dejaba abierta una puerta para el cobro del arancel en las Universidades. Como explicó la diputada del Frente para la Victoria en una entrevista para Radio Universidad, existen todavía Universidades que cobran aranceles para ciertas carreras o tecnicaturas. “Lo que logramos sancionar es una modificatoria de los puntos cruciales de la ley actual, porque establece la responsabilidad del Estado en la totalidad de la Educación Superior, y establece también la gratuidad en la educación pública universitaria y no universitaria de grado”, indicó, y dejó bien claro que todas aquellas Universidades que les cobraban determinada cuota a sus alumnos “van a tener que adecuar sus presupuestos para no cobrar aranceles”.
Respecto de que siguiera vigente ese aspecto, dijo que “es grave porque abre la puerta para el establecimiento del arancel directo, que es lo que quieren algunos sectores, sectores que promueven que la Universidad tenga arancel como hasta hace poco lo tuvo la Universidad chilena”.
La Ley de Educación Superior se sancionó en agosto de 1995, dos años después de la Ley Federal de Educación (LFE), en el marco de una serie de reformas que respondían a las ideas neoliberales establecidas por el Consenso de Washington.
El gobierno de Carlos Menem impulsó la profundización de un modelo social que aceptaba la apertura económica y la lógica del mercado como reguladora de las instituciones del Estado.
La gran contradicción de la LES es que nombra a la educación, en toda la norma, como un servicio y no como un derecho. Además, su artículo 59º inciso «c» dice: “podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro Nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas; por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderle por cualquier título o actividad”, no dejando en claro el principio de la gratuidad tal cual lo indica la Constitución Nacional.
Adriana Puiggrós, desde que asumió como presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se ha empeñado en luchar por la sanción de una nueva Ley de Educación Superior. Asimismo, recurrentemente ha dicho que, mientras se dan las condiciones para ese avance, habrá que modificar la que rige desde hace veinte años. También contó en la entrevista emitida por el programa Mañana 1390 que en una época “se cobraban cien dólares de arancel que equivalían a cien pesos, lo que producía que el 30% de los alumnos quedara fuera del sistema educativo”. Para la diputada, esta finalidad terminaba siendo una medida discriminatoria y también ideológica, porque ninguna Universidad puede costear sus costos cobrando aranceles. “Si hoy se pusieran aranceles, habría que cerrar las 17 Universidades nuevas que hemos creado”, opinó.
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El cambio por exclusión
La semana pasada, el candidato a intendente por Cambiemos en San Miguel, Octavio Frigerio, consideró que «la política universitaria que hoy existe es la del más reaccionario y antiprogresista de los subsidios, que es el de la gratuidad, entre comillas, universitaria». Además, opinó que este sistema genera frustraciones en los jóvenes por la deserción que hay en la actualidad. Dijo que hay que evitar «esta colosal y cuantiosa frustración de tantos jóvenes argentinos que abandonan sus estudios universitarios entre el primer y el segundo año, y que determina que la Argentina sea uno de los países más baja en relación con los egresados y los ingresantes».
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