Hace un año, una gran movilización popular acompañaba a Cristina Fernández de Kirchner frente a la avanzaba judicial en su contra. En las puertas de su domicilio de Recoleta también se encontraba Fernando Sabag Montiel, quien atentó en su contra gatillando un arma con una bala que nunca salió. Su novia, Brenda Uliarte, lo esperaba a pocos metros. Detenidos desde entonces, la causa avanza hacia un juicio oral, pero la investigación de las conexiones políticas aún no prospera, a pesar del recurrente pedido de la querella al fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los autores materiales se encaminan a un juicio oral y público, con el Tribunal Oral Federal Nº 6 a cargo ya pidiendo las pruebas necesarias para esa instancia, pero sin fecha concreta aún. Es que el TOC 6 no tiene jueces titulares, estando por lo pronto a cargo por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal a cargo de esta instancia será Gabriela Baigún.
Sobre los autores materiales hay pruebas contundentes en contra, con Sabag Montiel detenido al instante, Uliarte comprometida en lugar y con los allanamientos realizados en su vivienda, a los que se le suma Nicolás Carrizo (jefe de ambos en el puesto de copos de nieve que tenían), quien se comprobó que estaba al tanto y avaló el ataque.
La fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue «premeditada», comprendiendo que idearon «un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la nación». Sin embargo, la duda acerca de los posibles autores intelectuales del hecho aún no logró un avance concreto de la Justicia.
Sobre este punto, los abogados de CFK vienen reclamando que se sigan varias pistas que comprometen al sector político, y sostienen que no se puede elevar a juicio la causa sin que se investigue esa línea. En este marco, la vicepresidenta pidió que se investigue a Revolución Federal, una organización libertaria con la que Brenda Uliarte mantenía vínculos, conocida por su marcha con antorchas y guillotinas a la Casa Rosada. En este punto, una investigación paralela dio cuenta de que uno de sus fundadores, Jonathan Morel, recibió importantes sumas de dinero vía Caputo Hermanos S.A. Se trata de un expediente apartado, que no se encuentra bajo la investigación de Capuchetti.
Otro de los puntos que podrían dar cuenta de una autoría intelectual es la determinada «pista Milman», en referencia al diputado del PRO, Gerardo Milman, a quien un testigo escuchó decir en un almuerzo con dos asesoras horas antes del atentado: «Cuando la maten, yo voy a estar en la costa». El mismo diputado, trece días antes del atentado, presentó un proyecto de declaración que alertaba sobre la posibilidad de que un «iluminado» atentara contra la figura de CFK. Esta pista no fue elevada a juicio.
Una de las novedades respecto de este punto viene del lado de Brenda Uliarte. Es que su abogado, Carlos Telleldin, declaró que ampliará su testimonio: «Pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie, sino para que vayan a provocar».
Otros puntos en los que no se ha profundizado fueron el reseteo a cero del celular de Sabag Montiel; los abogados vinculados al PRO que defienden a Carrizo; el rol de la panelista Delfina Wagner, quien también mantenía vínculos con los implicados; el rol de la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, quien recibía en su hogar a integrantes de Revolución Federal.
