Por Gabriela Calotti
Cuando faltan apenas 25 días para que se cumplan 40 años de las elecciones generales que nos permitieron recuperar la democracia luego de la peor dictadura genocida que ejecutó un plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición de personas y robos de bebés para poder imponer un plan económico de hambre y saqueo de nuestras empresas, industrias y riquezas, dos candidatos a presidente y vice de la ultraderecha como Javier Milei y Victoria Villarruel, la amiga de genocidas, han levantado la bandera del negacionismo. Sus aliados Patricia Bullrich y su mentor político en la última década, Mauricio Macri, los precedieron en ese afán por tergiversar nuestra historia reciente.
El pasado fin de semana, durante el primer debate presidencial en el que participó el dirigente que se dice libertario, fue más lejos aún. Ambos partidos alientan ideas muy similares como cargarse nuestra moneda engañando a la gente con una falsa dolarización o con una libre circulación del peso y el dólar. En el caso de Milei y Villarruel, pasaron del negacionismo en materia de derechos humanos al cuestionar la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos, a hacer, lisa y llanamente, apología del terrorismo de Estado y reeditar la Teoría de los dos Demonios. Hablan de una guerra. Los militares genocidas y Macri hablaban de una “guerra sucia”. Fue terrorismo de Estado pues se trató de la violencia política desde el Estado contra sus ciudadanos, a los que privó de un juicio justo.
“Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos. Fueron 8.753. Por otra parte estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos (…) pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ERP pusieron bombas, cometieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad”, afirmó Milei el 1º de octubre, ignorando, supongamos, que los delitos de lesa humanidad los perpetra un Estado.
Milei desconoce que la cifra que él mencionó fue una “cifra abierta” que dejó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por Ricardo Alfonsín y que recogió testimonios hasta 1984.
Y hay que responderle. No quedarnos callados.
“Que la cifra de 30 mil no responda al conteo uno por uno de los cuerpos de las víctimas no implica que la cifra sea caprichosa o arbitraria. Fue una estimación bien elaborada, a partir de ciertas informaciones proporcionadas por el mismo aparato represivo allá en el año 77’, 78’, sobre la cantidad de centros clandestinos de detención que existieron en el país durante esos años. La cifra no es simbólica, indica una verdad: la verdad de la condición de desaparecido», sostuvo el miércoles el escritor, crítico literario y docente de la UBA, Martín Kohan, en declaraciones a la Radio Universidad de la La Plata.
La desaparición forzada de personas fue la “principal metodología represiva elegida por la dictadura”, afirmó este jueves la Dirección de Políticas de Memoria y Reparación de la UNLP en su cuenta de Instagram. “El carácter clandestino de la represión es el que impidió conocer su escala exacta” pero sobrevivientes como Adriana Calvo -fallecida en 2010- y muchos más, familiares, compañeros de militancia y organismos elaboraron listados como pudieron con su memoria.
“En enero de 1977, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) preparó el informe “Argentina, proceso al genocidio” publicado en España. Allí dice que “más de 2.300 personas fueron muertas oficialmente por las fuerzas militares y policiales entre marzo y diciembre de 1976 (…) 20.000 han sido secuestradas y han desaparecido y más de 10.000 están prisioneros en cárceles y campos de concentración militares”. Esos cálculos –subraya el texto- fueron proyectados a partir de la información sobre los secuestros, los centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio (CCD) y las patotas que operaban durante los secuestros.
El 25 de marzo de 1977, en su carta abierta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh planteaba: “Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda del terror”, recuerda el mismo documento de la UNLP.
Documentos desclasificados en 1996 por el gobierno norteamericano que databan de 1978 daban cuenta de “22.000 personas entre muertas y desaparecidas desde 1975 en la Argentina, según información que un agente de inteligencia chileno, Enrique Arancibia Clavel, que estaba destacado en Buenos Aires, había obtenido del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino que tuvo un papel primordial en el terrorismo de Estado, según el hilo de IG difundido en conjunto con la Prosecretaría de DDHH de la Facultad de Humanidades de la UNLP.
Esas cifras también son retomadas por el periodista estadounidense John Dinges para su libro “Los años del Cóndor”.
“Para 1980, la cifra de 30.000 se había convertido en un estimado consolidado, que daba cuenta no de las cantidades, sino de la magnitud del horro de la desaparición forzada”, agrega el texto de la Dirección de Políticas de Memoria y Reparación de la UNLP.
En el ámbito judicial de los derechos humanos, abogadas y abogados querellantes y fiscales conocían bien a Victoria Villarruel. En las últimas semanas, la número dos de Milei organizó un acto en la Legislatura porteña, con la anuencia del todavía en funciones –aunque no parezca- jefe del Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, para reconocer a “todas las víctimas”. Ese fue el disparador de investigaciones periodísticas que trajeron más luz sobre sus verdaderas intenciones y sus acciones en un pasado no tan lejano.
A fines de agosto, luego del resultado de las elecciones PASO, la abogada Guadalupe Godoy, querellante en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad difundió en un tuit la foto de un cuaderno que había sido encontrado en una requisa en 2007 en la celda a Miguel Osvaldo Etchecolatz –fallecido en 2022-, uno de los mayores genocidas en la provincia de Buenos Aires, donde figuraba el nombre de Victoria Villarruel. En ese cuaderno el represor “se organizaba para el juicio del año 2006”, al cabo del cual se produjo la segunda desaparición de Jorge Julio López, perpetrada el 18 de septiembre de ese año, el mismo día en que debía conocerse la sentencia a prisión perpetua contra quien fuera la mano derecha del general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense.
Hace unos días, investigaciones del periodista Ari Lijalad, del multimedio El Destape, revelaron que la abogada Villarruel, hija de un militar y nacida en 1975, diputada de la Nación desde 2021, no sólo era cercana de Jorge Videla o Etchecolatz, sino que desde 2008 preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).
“Entre sus fundadores (a quienes ocultan en su página web oficial) figuran varios representantes de ese universo de relaciones con los civiles que fueron funcionarios de las dictaduras, los abogados de las principales compañías del país e incluso vínculo directo con Macri”, dice Lijalad en la investigación.
“Si Javier Milei es elegido presidente, Victoria Villarruel presidirá el Senado. Cuando el presidente viaje será presidenta en ejercicio”, advierte Lijalad en su nota que produce escalofríos.
Las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final de Alfonsín y luego la de Amnistía de Carlos Menem, obstaculizaron por varios años que la justicia tomara cartas en el asunto e investigara con profundidad lo ocurrido hasta que los Juicios por la Verdad, impulsados en 1998 por organismos de derechos humanos y algunos jueces y fiscales encomiables, desembocaron, años después en las políticas reparatorias de memoria, verdad y justicia que impulsó el gobierno de Néstor Kirchner.
Desde 2006 cientos de genocidas han tenido juicios justos. Sin embargo mantienen a rajatabla un pacto de silencio. Si Milei y su caterva de negacionistas, incluidos Bullrich y Mauricio Macri, quieren toda la verdad, deberían preguntarles a los genocidas, a quienes el macrismo además otorgó en gran cantidad el beneficio del arresto domiciliario, dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006 y hasta principios de septiembre pasado se dictaron 307 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad: fueron condenadas 1159 personas y 178 resultaron absueltas. Actualmente hay 17 juicios en curso en distintos puntos del país y otras 65 causas fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal para que arriben a esa etapa de debate oral y público. Son 678 las personas detenidas, de las cuales 520 cumplen prisión en modalidad domiciliaria.
Pero ¿Que nos pasó para que una buena parte de la sociedad argentina se olvidara del terrorismo de Estado y acompañara en las PASO a un apologista de la dictadura que relativiza las atrocidades de los represores, y ni siquiera las nombra? ¿Qué pasó con esa buena parte de la sociedad argentina que salió a la calle para repudiar el 2×1 de la Corte Suprema, brazo ejecutor de la persecución política que dicta la derecha macrista? ¿Dejamos de ejercitar la memoria como práctica colectiva para que nunca más vuelva a ocurrir un genocidio en nuestro país, con juicios que son ejemplo en el mundo entero? ¿Dejamos de contar a nuestros hijes, sobrines, nietes la tragedia del terrorismo de Estado, de los secuestros en plena madrugada, de los más de 700 CCD que funcionaron en todo el país; de las torturas, las violaciones, el robo de al menos 500 bebés de los cuales sólo se pudieron recuperar 133 en estas cuatro décadas, que fueron entregados con partidas de nacimiento falsas a apropiadores y apropiadoras sin vergüenza alguna?
El hecho de que estos apologistas del terrorismo de Estado estén llegando a instancias de poder inimaginables hasta hace unos años parece empoderar a un puñado de personas a putear abiertamente en la calle a los miles de jóvenes, organismos y militantes que el 15 de septiembre marcharon multitudinariamente para conmemorar una vez más “La Noche de los Lápices” en nuestra ciudad, símbolo además de la represión y de la violencia política inclusive antes del golpe del 24 de marzo de 1976. En algunos colegios secundarios platenses algunos pibes hablan sin tapujos el lenguaje de Milei y se refieren a las “organizaciones terroristas”, en una clara bajada de línea negacionista del terrorismo de Estado, poniéndolos de forma falaz en pie de igualdad.
Reivindicar la lucha de los organismos de derechos humanos, de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas, pero también de los familiares muchas veces anónimos que a su manera lucharon por la memoria, la verdad y la justicia. Reivindicar a los miles de exiliados que siguieron peleando afuera para que se supiera lo que pasaba en Argentina. La valentía y el deber que los sobrevivientes cargaron en sus espaldas para testimoniar ante cuanto tribunal extranjero hubiera–principalmente en Francia y en España- y luego en nuestro país, para contar el horror en los CCD, merecen un reconocimiento. Porque repitieron una y otra vez los vejámenes, las humillaciones, los efectos de la picana eléctrica y de otras atroces torturas que nadie merece.
Esos testimonios que tienen valor de prueba fundamental en los juicios por delitos de lesa humanidad que comenzaron con los Juicios por la Verdad pero que vieron la luz en los tribunales federales a partir de 2006 y aún continúan, aunque a paso de tortuga, fueron imprescindibles para contar no sólo el terror vivido sino para nombrar a aquellas y aquellos desaparecidos que no figuran en ninguna lista, que nunca fueron casos tratados en tribunal alguno porque sus familiares fallecieron. Como sociedad tenemos la obligación de pedir por ellos y ellas.
Tenemos que responder con claridad y cambiar el eje de un debate que quiere violentarnos como sociedad democrática, crear caos para reprimir y poder llevar adelante su plan de negocios y saqueos, como ya hizo el macrismo hace pocos años. Ya lo dijo en abril pasado la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, la general Laura Richardson, cuyo país orquestó los golpes cívico-militares perpetrados en los años 70 en América Latina. Cuando le preguntaron a Richardson por qué es importante América Latina, sin dudar un segundo destacó “el triángulo del litio; la concentración de ‘las reservas de petróleo más grandes’; ‘los recursos de Venezuela, con petróleo, cobre, oro’; los bosques de la Amazonia, ‘los pulmones del mundo’; y, finalmente “el 31 % del agua dulce del mundo’».
“30.000 es un símbolo que los negacionistas discuten como número, porque no pueden negar lo que la cifra representa”, concluyó la Dirección de Políticas y Reparación de la UNLP. Nuestra es la reivindicación de la lucha y la resistencia.
Son 30.000 y fue genocidio.
