En un nuevo episodio del largo historial de irregularidades en la era de gobierno de Cambiemos, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que hubo corrupción en una serie de negociados inmobiliarios durante el período de gobierno de Mauricio Macri. Se trata de operaciones de venta de inmuebles del Estado hacia particulares, donde los bienes fueron entregados a un precio mucho menor que el pautado en el mercado.
En efecto, de manera mayoritaria y con votos de integrantes tanto del oficialismo como de la oposición (incluido el ex compañero de fórmula presidencial del propio Macri, Miguel Ángel Pichetto), la conducción de la AGN avaló este informe donde muestran la serie de irregularidades con que fueron desarrolladas estas operaciones.
Entre ellas, de manera central, destacaron que el Estado durante la gestión de Cambiemos «vendió inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado, no destinó terrenos para la implementación de planes de vivienda social y no cumplió con la legislación vigente». En concreto, se trató de unos 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares.
Para recabar información, la AGN auditó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre los inmuebles pertenecientes al Estado nacional en lo referido a alquileres, ventas y traspasos entre los años 2016 y 2019, período en el que gobernó el macrismo.
«No se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación, calculando equivocadamente el monto resultante de la venta lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos (9,8 millones de USD)», expresa el informe en relación con la irregularidad de precios con que fueron realizadas las transacciones.
En la totalidad de las operaciones hubo irregularidades en los precios de base de las subastas. Se vendieron por debajo del valor tasado y eso significó una pérdida de 62 millones de dólares.
Esto representó, acorde a las actualizaciones por inflación, un perjuicio para el Estado de 9,8 millones de dólares. En casi 6 de cada 10 operaciones no hubo auténtica subasta, hubo baja participación de oferentes y la Administración macrista no hizo nada para convocar a una verdadera puja que aumentara los precios.
Anulación del blanqueo de capitales para familiares de funcionarios PRO
Por otro lado, hubo otro revés en relación con los años de gestión de Cambiemos: la Justicia anuló los artículos del Decreto 1206 de 2016 (firmado por el entonces presidente Macri) que habilitaba a familiares de funcionarios públicos a incorporarse al mentado proyecto de blanqueo de capitales. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, fue quien resolvió la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 de dicho decreto, por considerarlo «inconstitucional» y por «violar principios de republicanismo y la voluntad popular».
