El juez federal Alejo Ramos Padilla dio luz verde a la elevación del juicio oral a ocho personas acusadas de integrar una organización que operaba en la zona roja cuando desapareció Johana Ramallo, hace seis años.
Mientras que aún se busca determinar a los autores de su feminicidio, el Poder Judicial avanza sobre ocho implicados en diversos delitos, que habrían operado como una organización criminal que vendía estupefacciones, pero que además utilizaban con diversas mujeres, entre las que se encontraría Johana Ramallo, para facilitar su explotación sexual.
De esta forma, Ramos Padilla dio lugar al pedido de la elevación a juicio requerido a principios de este mes por la titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, María Laura Roteta, la fiscal federal a cargo de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano, y la fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Patricia Cisnero.
Según se detalla en Fiscales.gob.ar, el portal de Ministerio Público Fiscal, las fiscales pidieron al magistrado que «a hipótesis principal de investigación se ciñera a investigar, desde una perspectiva de género, el femicidio de la joven en un contexto de criminalidad organizada».
Las fiscales acreditaron la existencia «de una organización criminal que desplegó su actividad delictiva a través de la captación y recepción de víctimas en la zona roja platense, sobre la que ejercían control de hecho, y que en la mayoría de los casos consiguieron la disposición de las víctimas a partir del suministro de estupefacientes y el aprovechamiento de las múltiples vulnerabilidades que presentaban, derivadas de la dependencia a las sustancias que les proveían, la corta edad y la precariedad de las condiciones sociales, económicas y familiares».
Según estableció esta investigación, dicha organización trabajaba de tres maneras: con un grupo de hombres que realizaban un trabajo de vigilancia sobre la zona roja para «captar» a sus víctimas, otro que posteriormente garantizaba la explotación bajo la influencia de estupefacientes y otro, conocido en la zona como «las viejas», que se dedicaba al cobro de las «paradas» utilizando la violencia.
«De acuerdo con la acusación, el círculo de sometimiento se generaba a partir del suministro de estupefacientes, en un marco de consumo problemático y en situaciones de extrema vulnerabilidad estructural, posibilitándoles así a las víctimas su fácil acceso a ellos para, luego, a partir del aprovechamiento de su adicción y generación de deuda por los estupefacientes consumidos, cobrarlos de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución», detalló Fiscales.
«Las representantes del MPF precisaron que, de esta forma, se tornaba necesario para las víctimas permanecer en la zona roja para pagar las deudas contraídas, pues el hecho de estar expuestas a la venta de sus cuerpos requería de un mayor consumo de estupefacientes para poder hacer frente a aquella actividad», agregó.
La desaparición y feminicidio de Johana
Johana fue vista por el última vez el 26 de julio de 2017 en 1 y 63, parte de la zona roja de La Plata, captada, se presume, por una red de explotación sexual que operaba en la zona. En un lento accionar de la Justicia, los restos fueron hallados en agosto en Berisso un año después e identificados recién en 2019.
A seis años de su desaparición, la Justicia llevará a juicio a los responsable de operar en la zona roja y presuntamente integrar la la red de trata que operaba en el lugar, mientras la investigación avanza para saber quiénes fueron los responsables de su feminicidio.
