Por Mariana Álvarez García*
A 39 años de la última dictadura cívico-militar no se puede hablar de Jujuy y su pasado represivo sin poner en el tapete la complicidad de las grandes empresas con la última dictadura militar. De entre ellas señalamos a mina el Aguilar y Ledesma S. A. A. I., esta última históricamente representativa de un gran poder económico y político en nuestra región. Ledesma, es aún hoy la principal fuente de empleo y propietaria casi excluyente del territorio del departamento Libertador General San Martín.
Hablar de las víctimas de la represión en Jujuy (hasta ahora 127) es recordar a las desapariciones de trabajadores y pobladores de estas empresas como el colectivo de mayor número. Es recordar la persecución político-sindical de estas empresas años antes del golpe para con sus dirigentes sindicales. Si bien la reapertura de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en todo el país, se dio por impulso que proporcionó el Estado nacional a las políticas de Verdad, Memoria y Justicia a partir del año 2003, en nuestra provincia era una realidad muy lejana. Por entonces la llamaron “capital de la impunidad”.
Es recién a partir del 24 de marzo de 2012, tras una marcha multitudinaria de más de 70.000 personas en la calle, encabezadas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que se pudo desactivar y terminar con casi una década de retardo y mora del juez subrogante Olivera Pastor. Después de la renuncia de este juez, tras su asunción y al cabo de unos pocos meses, el juez tucumano Fernando Poviña procesó a Carlos Blaquier, dueño de la empresa Ledesma y al entonces gerente administrador Alberto Lemos por la responsabilidad en el secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, entre los que está el ex intendente Luis Aredez, y por el secuestro de 20 personas durante el operativo conocido como “la noche del apagón”, detenciones ilegales y secuestros en julio de ese mismo año en Libertador General San Martín y Calilegua, efectuadas con las camionetas que la empresa Ledesma proporcionara a las fuerzas represivas.
Desde el procesamiento de Blaquier en el año 2012, se ha planteado un escenario complejo que ha desbordado el ámbito jurídico para interpelar a toda la sociedad jujeña. Ha generado opiniones a favor y en contra. Comenzó a circular el rumor acerca del cierre de la empresa y su radicación en otro país, creándose así un clima de división y tensión entre los pobladores y las víctimas y organismos de derechos humanos, llegando a burdos actos como el abrazo simbólico a la empresa en la que participaron empleados e intendentes de la zona.
Mientras tanto la investigación judicial empezó a demorarse por los innumerables planteos recursivos de la defensa que, gracias a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, logró apartar de las causas al representante del Ministerio Publico Fiscal, el fiscal ad hoc, Dr. Pablo Pelazzo. Así estaban las cosas hasta que el pasado viernes 12 de marzo la sala IV de la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M Hornos y Eduardo Rafael Riggi, dictaron la falta de mérito para Blaquier y Lemos. La cámara sostiene que si bien está probado el préstamo de las camionetas por parte de la empresa a las fuerzas represivas, los imputados no pudieron representarse que serían utilizados para cometer delitos. La concesión de esta medida deja al descubierto la pretensión de cierto sector del poder judicial de instalar impunidad para amparar y beneficiar a los poderes concentrados que fueron los ideólogos y beneficiarios del plan sistemático de desaparición de personas acaecido en la dictadura. Se confirma así que cierto sector de la justicia no quiere avanzar contra los responsables civiles y empresariales implicados en los delitos de lesa humanidad, dejando en evidencia, la falta de independencia respecto de los poderosos, la falta de democratización del poder judicial, la afinidad ideológica de parte de estos jueces con esa dictadura cívico militar. Como lo afirman valientemente las víctimas, sus testimonios no son “fabulas”, “ni cuentos chinos”, son realidades que llevan en su cuerpo, y que claman justicia, una justicia verdaderamente independiente. Ese será nuestro próximo desafío.
*Hija de desaparecidos. Abogada
