Tras el reclamo de los cinco gobernadores patagónicos que rechazaron de plano la modificación propuesta por el Gobierno de Milei al Régimen Federal de Pesca que libera la actividad y elimina regulaciones básicas para la protección de la producción nacional, y las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Gobierno analiza aceptar cambios en la ley durante el debate parlamentario.
La preocupación del oficialismo es la falta de acompañamiento en los sectores aliados a su gestión, principalmente el PRO, con dos figuras cercanas a Mauricio Macri que se sumaron al rechazo: el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. El jueves, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró que el Gobierno libertario está abierto a incluir modificaciones en la denominada ley ómnibus.
El martes, el mandatario chubutense criticó en duros términos las modificaciones propuestas para el mercado pesquero, y afirmó que algunos puntos implican «pegarse tiros en los pies». También cuestionó al asesor principal de Milei en materia de desregulación, el macrista Federico Sturzenegger, sobre quien ironizó: «Debe saber de pesca lo que yo sé de física nuclear».
El mismo martes se había conocido el comunicado que firmaron los gobernadores de las cinco provincias que componen la región patagónica, donde llamaban a defender «la soberanía nacional, los recursos que son de nuestra región y lo empleos para trabajadores argentinos», y vaticinaban «consecuencias devastadoras para la totalidad de la industria pesquera de las provincias patagónicas».
Los mandatarios del sur apuntan principalmente a cuatro ejes. En primer lugar, la eliminación de la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, que podría afectar la generación de empleo en territorio nacional, principalmente en el sector de estibadores y logística. En segundo lugar, «la competencia desigual en la asignación de cupos de captura» con la modificación del artículo 27 del Régimen Federal de Pesca, que establecía el otorgamiento de cupos de acuerdo con el historial de los últimos diez años, donde se tenían en cuenta las capturas, la capacidad de inversión de las empresas y la cantidad de empleo generado en ese período. Con su eliminación, empresas argentinas y extranjeras competirán sin necesidad de mostrar esos antecedentes.
Otro eje crítico de la desregulación es la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina para el desarrollo de la actividad a través de la modificación del artículo 40, que establece un piso mínimo del 75 % del personal embarcado de nacionalidad argentina con diez años de residencia. Con la modificación, las empresas podrían contratar personal extranjero que no esté alcanzado por los convenios colectivos del país.
«Sumado a esto, también resulta preocupante que la reforma pretendida sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca provoca una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras por cuanto la modificación remueve atribuciones del Consejo Federal Pesquero para que las funciones sean ejercidas exclusivamente por parte del funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional», añadieron en el comunicado que lleva las firmas de Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).
«La provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero», expresó en sus redes sociales el gobernador Axel Kicillof, quien manifestó su rechazo a la desregulación de la actividad, «ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones».
El mandatario se reunió, junto a su ministro de Desarrollo Agrario y concejales bonaerenses de Unión Por la Patria de los distritos afectados, con sindicatos y cámaras empresarias del sector para evaluar los alcances de la medida y las estrategias para revertir el proyecto.
En un comunicado de prensa, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca expresó que «la propuesta de eliminar los permisos de pesca irrestrictos y cuotas, junto con la cancelación del cupo mínimo de mano de obra nacional, podría conducir a una inestabilidad laboral grave y afectar a miles de trabajadores directos e indirectos en el sector», y añadió: «Asimismo, se plantea que la apertura para la captura de recursos sin el requisito de desembarcar en puertos argentinos podría conllevar un riesgo de sobreexplotación y disminución de la sostenibilidad de las especies. La posibilidad de pesca ilegal, el descontrol en el cumplimiento de las cuotas establecidas y la transnacionalización de los recursos pesqueros son preocupaciones añadidas».
El miércoles, el titular del Sindicato Marítimo de Pescadores, Pablo Trueba, advirtió durante una entrevista radial que si se aprueba el proyecto de ley «Argentina pierde su zona exclusiva económica sobre los recursos ictícolas», y afirmó: «En Mar del Plata, el puerto pesquero más grande del país, en toda la cadena (la marítima, la portuaria y la industrial), estamos hablando de 46.000 puestos de trabajo en riesgo».
