En medio de las negociaciones del Gobierno con la oposición “amiga” para generar modificaciones en la mentada ley ómnibus, desde el PRO generaron un nuevo revuelo con una nueva “sugerencia” para el proyecto de normativa: la eliminación de la Defensoría del Público y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La legisladora Silvina Giudici fue quien aprovechó la coyuntura para reflotar un proyecto del macrismo para eliminar la Defensoría “a cambio” de, por ejemplo, no cerrar el INCAA.
“Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos que se hayan tomado estas sugerencias”, fue el comentario que Giudici hizo circular en redes sociales este lunes y que no tardó en hacer eco.
La diputada nacional del PRO fue a fondo y justificó su posición con acusaciones hacia la entidad que busca disolver. “Brindo algunos datos más: la Defensoría requería 1500 millones anuales para sostener 140 empleados, entre parientes y amigos de su titular más 5 cargos de alta dirección para perseguir opiniones distintas, dictar manuales de estilo e intentar sancionar periodistas a través de NODIO”, expresó.
Luego apuntó contra los fondos concursables para los medios comunitarios y alternativos. “FOMECA por su parte, insumió 2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo, etcétera”, señaló.
El planteo de la legisladora no tardó en generar varios rechazos, no solo por la propuesta de recorte en sí a dos políticas de Estado que fueron consensuadas con amplitud al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino por el intento de querer justificar el recorte en nombre del cine y el teatro, como si una cosa fuera un obstáculo para la otra.
“Los medios cooperativos, comunitarios, populares son fundamentales para la pluralidad de voces en la democracia. El FOMECA y la Defensoría del Público son claves para su sustentabilidad, parte de una las leyes más consensuadas de la historia”, indicaron desde el sindicato de prensa SIPREBA.
La propia Defensoría se pronunció con un comunicado. “Según versiones publicadas en distintos medios de comunicación, la disolución de la Defensoría del Público habría sido incorporada al proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, como medio de negociación, a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura”, plantearon en el texto.
“Rechazamos de pleno esa posibilidad, pero además reclamamos al Congreso Nacional ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados”, agrega.
“La Defensoría del Público es un organismo que desarrolla sus funciones en el marco del Poder Legislativo. La Defensora, Miriam Lewin, fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y tiene mandato vigente hasta el próximo 24 de junio. Un organismo de derechos humanos que escucha a las audiencias, atiende sus reclamos y defiende su derecho a expresarse y a estar bien informadas, no puede ser disuelto simplemente por una línea de una ley que indica: ‘Deróganse los artículos 19 y 20, Capítulo V de la Ley Nro 26522’”, expresa el texto de la Defensoría que no tardó en hacerse viral.
