Los gobernadores provinciales que mantienen canales de diálogo abierto con el Gobierno de Javier Milei (y que fueron clave en la aprobación en general del proyecto de ley ómnibus) comienzan a acelerar las negociaciones para coparticipar el Impuesto PAIS en medio de un nuevo poroteo al que se ve sometida la Administración libertaria en el Congreso para sumar apoyos en la votación en particular que se realizará la semana próxima.
La alianza de Milei con los diputados que responden a gobernadores provinciales terminó siendo un arma de doble filo que puede diezmar aún más el desguazado proyecto que terminó de votar en la tarde del viernes la Cámara de Diputados. El mayor logro de la presión de las provincias fue la discusión del “paquete fiscal” contenido en la ley Bases, que el ministro de Economía, Luis Caputo, se vio obligado a retirar para conseguir los votos. También se sumó la “limpieza” de la lista de empresas a privatizar y la presión de los patagónicos, que en bloque (con peronistas, radicales, fuerzas locales y hasta intendentes del PRO) obligaron a retirar las modificaciones a la ley de pesca.
La puja con los mandatarios provinciales continuó hasta último momento previo a la extensa sesión de Diputados, y el lunes tuvo un punto de inflexión: el plantazo del presidente a las negociaciones que había encabezado el ministro del Interior, Guillermo Francos, con las provincias, en donde había planteado la posibilidad de coparticipar el Impuesto PAIS, creado durante la Administración de Alberto Fernández, en el marco de la emergencia declarada por la pandemia.
El tributo fue noticia en los últimos días porque, en medio de una brusca caída en la recaudación impositiva producto del estancamiento económico y la alta inflación, fue el único que mostró un crecimiento superlativo de más 1.200 puntos porcentuales en términos interanuales. La coparticipación impositiva muestra que, desde diciembre, cada vez son menos los recursos para las provincias, más aún si se toma en cuenta el recorte casi total de las transferencias no automáticas de Nación (la consultora IARAF calculó que cayeron 98 %).
La quita del paquete fiscal, además, incluyó el proyecto con el que Milei tenía intenciones de reinstaurar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Tras la eliminación del tributo el año pasado, los gobernadores habían negociado con el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, suplir la pérdida en la recaudación coparticipando el impuesto al cheque, algo que el libertario no está dispuesto a hacer.
El Impuesto PAIS grava cualquier tipo de operación que se realice con el tipo de cambio oficial y tiene una asignación específica: el 70 % es utilizado para financiar a la Anses y el PAMI, y el 30 % restante compone un fondo fiduciario para la realización de obras en las provincias. La intención de los gobernadores es mantener los porcentajes, pero convertir el 30 % que le corresponde a sus jurisdicciones en transferencias automáticas que les permitan costear la delicada situación que atraviesan.
