Tras el finde XXL, el Gobierno nacional avanzó con la ola de despidos y la militarización de las dependencias nacionales para evitar el ingreso del personal cesanteado, cuyo número, según confirmaron oficialmente, asciende a unos 15.000 trabajadores. Fuertes reclamos de los gremios.
Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien arrojó esa cifra y argumentó en su habitual conferencia de prensa diaria que se trata de «personal no necesario». «Esto es parte del trabajo que venimos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado. Como digo yo siempre, por más que les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga. En este caso, quienes no tenían un trabajo definido era un ingreso que sostenía un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes; no es justo», manifestó.
Al referirse a la presencia de fuerzas de seguridad en las dependencias, el portavoz de Javier Milei indicó que observaron cómo había «intentos de ingreso» por parte de los trabajadores y aseguró que «todo el que esté cometiendo algún hecho, algún acto fuera de la ley, tendrá sus consecuencias».
La militarización de ministerios y organismos estatales se dio a la par de la jornada nacional de lucha encabezada por ATE en repudio de la ola de despidos. «Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico», denunciaron desde este sindicato.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que «este fin de semana recibimos miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios: son más de 11.000 despidos fehacientemente comunicados en todo el país».
«Van por la cabeza de los 70.000 contratados. Por eso, a la tarde en un plenario de más de mil delegados vamos a definir la profundizar el plan de acción y vamos a proponer una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana», señaló Aguiar.
El responsable de ATE apuntó en este marco contra el presidente. «Milei decidió tercerizar el ajuste: ahora la motosierra la tiene Techint, porque el secretario de Trabajo [Julio Cordero] es un gerente de Recursos Humanos de ese grupo empresario. Pero le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra», añadió.
«La comunicación del despido resulta absolutamente ineficiente en términos jurídicos», aseguró, por otro lado, el dirigente, y agregó que el empleo público cuenta con altos índices de precarización.
«Esto es responsabilidad absoluta de todas las gestiones que se sucedieron por la Casa Rosada y no le dieron solución a este fraude laboral de 70.000 trabajadores que deberían estar en planta permanente: acá no hay ñoquis y el pueblo empieza a darse cuenta. El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre y se pasa el 80 % de su jornada laboral jugando en las redes sociales», concluyó.
