La marcha federal universitaria del próximo martes en todo el país y con epicentro en CABA promete ser masiva y reunirá a rectores, trabajadores docentes y nodocentes, estudiantes, egresados, investigadores, becarios y público en general. En la previa a esa protesta contra el ajuste en las casas de estudio, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) le puso números al impacto de la motosierra y la licuadora de la Administración de Javier Milei en los salarios y en el presupuesto universitario.
En materia salarial, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el plan de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, le quitó un 29 % de poder adquisitivo a los docentes y nodocentes de las universidades, en el marco de imposiciones de aumentos menores a la escalada inflacionaria, fogoneada por la inflación del 118 % y la desregulación de precios. Se trata de la misma pérdida salarial que habían calculado los gremios universitarios durante todo el periodo de gGobierno macrista, entre 2016 y 2019.
Esas medidas «han puesto al sistema en una situación crítica, con una velocidad y profundidad inéditas», remarcó CONADU.
Vale aclarar que en el mes de febrero la gestión nacional adicionó un 6 % al 10 % que ya estaba comprometido como parte del último acuerdo paritario firmado con el Gobierno anterior. En marzo dispuso un incremento del 12 %. Todas las representaciones sindicales del sector rechazaron las cifras por ser absolutamente insuficientes y cuestionaron también el proceder gubernamental de negar la negociación colectiva.
En el caso particular de los docentes del nivel preuniversitario, a quienes Milei les quitó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), en febrero la suspensión del pago de ese adicional representó una pérdida del 6,2 % del salario básico de profesores y profesoras del nivel medio con 15 horas cátedra, mientras que en marzo perdieron un 5,5 % de sus ingresos.
En el plano presupuestario, el Gobierno de Javier Milei prorrogó para el año 2024 el mismo presupuesto que había sido asignado a las universidades públicas en 2023, con una inflación durante 2023 de 211 %. Luego decidió ampliaciones del 70 % en marzo y otro 70 % ofrecido la semana pasada, considerados insuficientes por las universidades.
En concreto, CONADU detalló que entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, el presupuesto ejecutado para gastos de funcionamiento de las universidades registró una caída real de 58 %.
«Esta reducción del presupuesto necesario para afrontar los gastos que requiere el mantenimiento de la actividad universitaria, es inédita por su celeridad y profundidad», denunció la federación docente. «No es la primera vez que asistimos a esta táctica de ajuste, que opera a través del recorte de partidas, la subejecución, y la licuación por efecto de la inflación. Así lo documentamos a lo largo de todo el período de gobierno de Mauricio Macri», prosiguió.
Y finalizó: «Pero en esta oportunidad, como está ocurriendo en otras áreas del Estado, la gravedad del ataque al sistema universitario público implica ya una serie de dificultades significativas, justifica la alarma respecto de la situación que se proyecta para los próximos meses, y explica la movilización actual de todos los sectores».
