Andrea Amarante es la tercera víctima fatal del crimen de odio que se perpetró la semana pasada contra cuatro lesbianas que compartían una pensión en el barrio porteño de Barracas, siendo la mayor masacre contra al comunidad LGBTIQ+ en democracia. Mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó el hecho y señaló que no es para «definirlo como un atentado a determinado colectivo».
Andrea falleció este domingo producto de las quemaduras del incendio intencional provocado por su vecino, Justo Fernando Barrientos, quien tiró una bomba casera en la habitación que compartía junto a Pamela Cobos, Roxana Figueroa y Sofía Castro Riglos, esta última, la única sobreviviente del caso.
Según reconstruyo el portal Presentes, Barrientos hostigaba a las cuatro mujeres y las había amenazado en reiteradas ocasiones. «Discutían bastante. Ellas llamaron a la policía una vez y entiendo que lo habían denunciado. Él les decía ‘engendros’ por su condición sexual. Les decía ‘tortas’, ‘gorda sucia’», señaló uno de los vecinos de la pensión.
Mientras Sofía se recupera, Barrientos está hospitalizado, en calidad de detenido, luego de autolesionarse tras el ataque. La causa la lleva adelante herméticamente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14.
El Ejecutivo, en tanto, mantuvo el silencio hasta este lunes, cuando en conferencia de prensa Adorni fue consultado al respecto acerca de qué hace el Gobierno para combatir los discursos de odio, que salen en reiteradas oportunidades desde allegados del presidente, como es el caso de su biógrafo, o del propio Estado. «No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo», planteó.
«Es muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es más abarcativa que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay muchas mujeres y hombres que lo sufren y no puede seguir pasando», concluyó. De los discursos de odio, nada dijo.
Reclamo en el Congreso
El viernes pasado, antes de conocerse la muerte de Andrea, organizaciones, activistas y militantes se nuclearon en la Plaza del Congreso para repudiar el hecho y exigir justicia.
Allí, Mónica Macha, diputada de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara Baja, manifestó que este ataque es parte de «las consecuencias de un Estado que se corre, que nos deja sin trabajo y sin políticas públicas». En ese sentido, se refirió al desmantelamiento del INADI, «un instituto fundamental a la hora de trabajar la discriminación, a la hora de trabajar tantas problemáticas que son estructurales y estructurantes a nuestro país».
También se refirió a los discursos de odio. «Uno nunca sabe a quién le está hablando, pero cuando desde la autoridad máxima, que es el presidente de la nación, a nuestra lógica o nuestra cultura democrática, tiene estos discursos tan misóginos, lesbodiantes, transfóbicos y demás, bueno, las consecuencias son imposibles de medir, pero suceden, y sucede esto que pasó en Barracas también», indicó.
En la misma línea, la periodista y activista Marta Dillon destacó que el caso es un «hecho político, porque es un crimen de odio, y un crimen de odio es un hecho político, más en este marco donde los discursos de odio son política de Estado».
Asamblea en Barracas
La Asamblea de Barracas convocó a movilizarse este lunes desde Plaza Colombia hasta la pensión donde ocurrió el hecho. La actividad será acompañada por un gran número de organizaciones, que hoy se encuentran nucleadas en el grupo Autoconvocadxs lesbianxs de Barracas.
«Desde el primer día hemos denunciado que éste no fue un caso aislado, ni su razón fue por las condiciones habitacionales, económicas o las facultades mentales de la persona que lo provocó: fue un crimen de odio hacia cuatro lesbianas. Los discursos de odio por parte del gobierno nacional, apoyados y viralizados por los medios de comunicación afines a su ideología, se materializan en acciones de violencia concretas en la sociedad», denunciaron en la convocatoria.
