Por Miguel Croceri (*)
La representación del peronismo en el Senado de la Nación se encuentra ante una oportunidad estratégica e irrepetible para evitar la consolidación del régimen de ultraderecha que encabeza Javier Milei. Se trata de cómo votará el interbloque de Unión por la Patria respecto de los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo nacional para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Esta vez, el peronismo tiene el poder de decisión. No le hace falta buscar alianzas ni negociar con ningún otro sector ni nada parecido. Solo necesita permanecer unido para resolver si aprueban o rechazan la designación de dos postulantes al máximo tribunal de la judicatura (mal llamada “justicia”).
En la última década y media -desde la disputa legal planteada por el Grupo Clarín contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada a fines de 2009-, la perversión ideológica y moral de la fracción judicial dominante ha convertido a uno de los tres poderes del Estado en una corporación corrompida y antidemocrática.
Tal degeneración del Estado de Derecho no solo afecta a Argentina sino al conjunto de América Latina. Ha sido la base de la “guerra jurídica” -llamada “lawfare” en los ambientes politizados- mediante la cual los poderes de facto persiguen a líderes y otros/as dirigentes populares, realizan simulacros de juicio en su contra (con la sentencia resuelta de antemano), condenan y proscriben a las víctimas (como les pasó a Lula Da Silva o Rafael Correa, y en el nivel nacional a Cristina Kirchner, Amado Boudou y Milagro Sala, entre otros/as), y a veces también las encarcelan (así le ocurrió a Lula y Boudou, a Milagro, etc.; Correa fue obligado a exiliarse y Cristina apeló la sentencia).
En nuestro país, según la Constitución Nacional (artículo 99), el presidente de la Nación designa a los/las jueces/juezas de la Corte pero para ello necesita contar obligatoriamente “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
Significa que en esa Cámara integrada por 72 miembros, si al menos 25 rechazan a un candidato/ta propuesto/ta para formar parte del tribunal, su designación es imposible.
La trascendencia de los nombramientos en el más poderoso órgano judicial se multiplica teniendo en cuenta que, a diferencia de los/las funcionarios/as públicos/as que llegan a su cargo por el voto ciudadano y su mandato tiene una duración limitada, en el caso de los jueces/juezas de la Nación su poder es prácticamente vitalicio. (Hasta los 75 años de edad, pero en ese momento puede haber un nuevo acuerdo del Senado que los/las ratifique por otros cinco años, y así sucesivamente, según el texto constitucional).
Contra Cristina, sabotaje
Hacia fines del segundo periodo presidencial de Cristina Kirchner, la oposición política, social y corporativa estaba en plena etapa de expansión y crecimiento. Todavía no existía una fuerza política que representara a la derecha. El Pro solo gobernaba la ciudad de Buenos Aires y casi no tenía senadores/as nacionales propios/as.
Pero aun así, el antikirchnerismo peronista, radical, progresista y provincialista se unificó en el Senado para sabotear toda posibilidad de que la entonces jefa del Estado pudiera nombrar jueces/juezas en el órgano que encabeza el Poder Judicial.
Transcurría noviembre de 2014, faltaba un año para que finalizara el mandato de Cristina. En ese momento, 28 senadores/as de la oposición se comprometieron públicamente “a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema”. O sea que se negaron siquiera a “tratar”, es decir a considerar, analizar, debatir, discutir la propuesta que fuere.
Eran 28 voluntades, que superaban las 25 requeridas como mínimo para el bloqueo. La decisión fue adoptada por legisladores/as del justicialismo antikirchnerista -muy empoderado en ese tiempo-, la Unión Cívica Radical, lo que entonces se llamaba “Frente Progresista”, representantes de partidos provinciales, y unos pocos/as que pertenecían el Pro. (Ese hecho “le asestó un golpe de knock out al gobierno de Cristina”, expresó con algarabía el diario La Nación al informar del tema, en un artículo titulado “La oposición se comprometió a no elegir un nuevo integrante de la Corte”. Nota del 20/11/2014).
A pesar de ello, la mandataria nacional de ese momento intentó completar la composición del supremo tribunal. Existiendo una vacante producida por el retiro de Eugenio Raúl Zaffaroni -el único que dejó la Corte al cumplir 75 años de edad, como la indica la Constitución-, Cristina postuló en su reemplazo al joven jurista Roberto Carlés, quien tenía 33 años. (La información fue comunicada por el entonces ministro de Justicia, Julio Alak, actual intendente de La Plata. Publicado en el sitio web de la Casa Rosada, posteo del 29/01/2015). La propuesta, tal como lo impuso el sabotaje opositor, nunca llegó a ser tratada.
Meses después anunció que iría de la Corte el juez Carlos Fayt. Un verdadero “supremo” que creía estar -y lo logró- por encima de la Constitución. No solo se negó a dejar su cargo a los 75 años, sino que permaneció hasta los 97. (Sí, noventa y siete años). Atornillado al sillón, se dio el lujo de retirarse una vez que finalizara el gobierno kirchnerista. Haciendo alarde de soberbia e impunidad política, anunció que renunciaba a partir del 11 de diciembre de 2015, al día siguiente de que cambiara el gobierno. Así lo hizo. Murió once meses más tarde, a los 98 años de edad. (Crónica de Infobae, nota del 22/11/2016).
Cuando Fayt hizo saber que dejaría la Corte, pasaron a ser dos las vacantes en el tribunal. La líder del kirchnerismo cumplía los meses finales de su presidencia. En ese marco, retiró el pliego -la documentación- que nominaba a Carlés y no se había tratado. Postuló en cambio a los juristas Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín. (Nuevo anuncio oficial del gobierno a través del ministro Alak, posteo del 29/10/2015). Tampoco estas propuestas fueron consideradas. El sabotaje opositor había cumplido su objetivo.
De Macri a Milei
El 10 de diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió como presidente. Cuatro días después, pisoteando la manda constitucional, nombró por decreto a dos integrantes del supremo tribunal: Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz. Este último era abogado de grandes conglomerados empresariales, entre ellos el Grupo Clarín. (El diario del mismo nombre, medio insignia de los poderes mediáticos hegemónicos, ocultó la violación a la Constitución y en cambio tituló amablemente “Macri cubrió las dos vacantes en la Corte Suprema”. Nota del 14/12/2015).
La alevosía del procedimiento provocó reacciones adversas aun entre los aliados del macrismo, el cual debió mandar al “freezer” el tema momentáneamente. La coalición oficialista de entonces (denominada “Cambiemos”) contaba solo con una ínfima minoría propia en el Senado. La mayoría de la Cámara estaba constituida por el bloque llamado “PJ-Frente para la Victoria”, cuyo presidente era Miguel Pichetto.
De allí salieron los votos necesarios para aprobar, seis meses después, las designaciones que quería Macri. Apenas se opuso un reducido número de senadores/as kirchneristas, y un par más que objetaron en particular a alguno de los postulantes. Pero la votación fue apabullante y rondó los/las 60 legisladores/as, del total de 72. (Reporte de La Política Online, nota del 15/06/2016).
Pasaron ocho años desde aquellas decisiones del Senado que resultaron tenebrosas para los principios democráticos y los intereses populares. Ahora, Milei acaba de enviar a la Cámara alta (tal como había anunciado previamente) la propuesta para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla pasen a integrar el selecto y todopoderoso grupo de jueces supremos.
El primero de ellos ocupa desde hace 20 años un juzgado federal en Buenos Aires, e integra la camarilla habitualmente denominada “de Comodoro Py” (por la calle donde se encuentran los tribunales más poderosos del país, en el barrio porteño de Retiro). El otro es un abogado ultra-conservador que expresa un posicionamiento ideológico similar al del presidente. (Artículo publicado por El Destape al formalizarse las postulaciones. Nota del 27/05/24).
Para ser jueces de la Corte, necesitarían de forma imprescindible que los apoye una parte considerable de los/las senadores/as peronistas. Como ya se indicó en esta columna de opinión, hace falta que se opongan como mínimo 25 miembros de la Cámara. El interbloque de Unión por la Patria cuenta con 33. (Son 17 del bloque Frente Nacional y Popular, que encabeza José Mayans, más 16 de la bancada Unidad Ciudadana, presidida por Juliana Di Tullio). (Puede consultarse la página web del Senado).
Complicidades
¿El peronismo le va a votar a Milei los jueces que él quiere en la Corte Suprema para consolidar su poderío? Hasta el momento no se sabe, pero los pronósticos son favorables al gobierno y sus apadrinados.
En el periodo previo a la elevación de los pliegos a la Cámara, existe una etapa -establecida por Néstor Kirchner en 2003 mediante un decreto de transparencia judicial- para plantear formalmente adhesiones u oposiciones a los nominados. En ese proceso, una de las impugnaciones más contundentes fue ejercida por un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
La presentación expresa su “categórico rechazo” a los candidatos mileístas. Considera “esencial” que la Corte “esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos”. Concluye que “desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar”.
(Aparte de la entidad antes mencionada, también sostienen esa impugnación el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA; la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip; y la Unión de Usuarios y Consumidores. Puede verse más información en la página web del CELS, posteo del 24/04/24).
(El diario derechista La Nación, que paradójicamente tomó posición en contra de Lijo, informó el viernes que su postulación “parece tener el camino allanado” en el Senado, “a pesar del cúmulo de cuestionamientos sin precedentes que formularon asociaciones de abogados, entidades académicas y prestigiosas instituciones de la sociedad civil. El propio candidato y varios de sus patrocinadores dicen ya contar con varios votos más que el mínimo de 48 senadores requeridos”. Nota del 30/05/24).
La complicidad que tuvo la oposición en 2016 para colocar a Rosatti y Rozenkrantz en la cumbre del sistema judicial, clausuró por largo tiempo -quizás por décadas- la chance de conformar una Corte con diversidad ideológica, de género y de representación federal, y abierta a los procesos de transformación de las estructuras económicas y sociales.
El tribunal con más poder para decidir sobre la vida y los bienes de los argentinos y argentinas quedó, en cambio, con una composición que se destaca por su matriz ideológica reaccionaria, sus relaciones funcionales con las corporaciones, y su afinidad con los intereses de Estados Unidos.
Desde entonces Argentina sufre el accionar de un tribunal supremo perfectamente integrado al bloque dominante, garantía de freno a los avances populares y a la democratización de la sociedad.
La situación puede agravarse a niveles extremos en el futuro, si Milei consigue que el Senado convalide a sus propios representantes en el máximo órgano de la judicatura. Todo depende de lo que decidan los/las senadores/as peronistas, que en este caso tiene la fuerza parlamentaria suficiente para defender a la Patria como corresponde.
(*) Fuente original: www.vaconfirma.com.ar
