El sindicato CTERA denunció al oficialismo por buscar impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial. Después de la represión del miércoles de fuerzas federales a manifestantes mientras se desarrollaba la sesión en el Senado por la Ley Bases, LLA, el PRO, la UCR y la CC se unieron para restringir la protesta de docentes.
Fue a través del dictamen que esas cuatro fuerzas le dieron a un proyecto en la comisión de Educación el pasado jueves, conducida por Alejandro Finocchiaro (PRO), su presidente y ex ministro de Educación del macrismo, quien presentó la iniciativa. Por su parte, desde Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.
El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.
“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.
El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificarciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.
“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria cacional”, cargó el gremio.
El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.
Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.
En tanto, el diputado Hugo Yasky, de extracción sindical docente, dijo durante la comisión: «Esta propuesta pretende hablar en nombre de la prioridad de la educación, habla de esencialidad, y nosotros compartimos eso», comenzó, pero agregó que, de fondo, el proyecto de Finocchiaro es parte del plan del oficialismo de aplicar «el ajuste más feroz que se vivió en la Argentina» y eso recae sobre todo en el «sector público, que es el que está en la mira del ajuste». Y concluyó: «Aunque las dos terceras partes de los docentes tengan salarios indigentes, igual que las escuelas funcionen y encima después nos corren con el ausentismo y los paros».
