Ante la incertidumbre que generó el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias y el despido de la mayoría de sus trabajadores, organizaciones feministas realizaron una presentación judicial contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género a los cuales Argentina suscribe.
En este marco, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) presentaron una acción judicial colectiva que exige al Poder Ejecutivo certezas.
Vale destacar que desde que asumió Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional, una de sus primeras medidas fue eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, reducido a Subsecretaría de Prevención de las Violencias, la cual tuvo su primer paso por el Ministerio de Capital Humano y posteriormente por el de Justicia. En este camino, no solo perdió jerarquía: también se denunció un fuerte desmantelamiento de sus áreas y programas, teniendo el golpe final este fin de semana, donde el 85 % del personal fue despedido.
«Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo», anunció el ministro Mariano Cuneo Libarona en sus redes.
En este marco es que las organizaciones denunciantes reclaman al Gobierno que dé certezas «sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido».
«Argentina, desde 1992, ha tenido diferentes organismos dedicados a erradicar las violencias por motivos de género. Sin Ministerio y sin Subsecretaria, la organizaciones indican que las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género».
«El accionar del PEN y el Ministerio de Justicia no solo vulnera derechos individuales sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal», denunciaron.
Es en este escenario que las organizaciones solicitan a la Justicia que otorgue «una medida cautelar que ordene al Estado abstenerse de efectuar reducción o retracción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada al servicio de acceso a justicia y protección de violencia de género, hasta tanto dé
certeza de cómo va a dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de violencia de género y acceso a la justicia».
