Por Miguel Croceri (*)
El drama que sufren cotidianamente la inmensa mayoría de las familias de Argentina se refleja en múltiples estadísticas. Los estudios que analizan la evolución de los ingresos de trabajadores/as y jubilados/as son (como se suele decir muy acertadamente) apenas “fríos números”. No constituyen “la realidad”, aunque pueden ayudar a mostrarla y, en alguna medida, a comprenderla.
Javier Milei lleva siete meses en el poder -se cumplen este miércoles, 10 de julio- y las consecuencias de sus actos de gobierno no podrían ser más devastadoras.
Algunos ejemplos contribuyen a tomar dimensión. Las jubilaciones mínimas perdieron al 17,5 % de su poder adquisitivo frente a la inflación, si se compara junio del presente 2024 con el mismo mes de 2023. Con un salario mínimo de mayo de este año, se podía comprar el 29 % menos que un año atrás. En el promedio de salarios registrados, la pérdida efectiva contra los precios fue del 20 % interanual, según las últimas mediciones oficiales, correspondientes a abril. (Estas cifras fueron detalladas por la organización Chequeado, dedicada a la verificación del discurso público, en un informe elaborado cuando se cumplió un semestre de la gestión presidencial. Artículo del 10/06/24).
Con el actual gobierno, que es la cabeza de un régimen político de ultraderecha, volvió a estallar en Argentina el drama social y humanitario de quedarse sin trabajo. Las estadísticas siempre llegan más tarde que los padecimientos públicamente invisibles -invisibilizados, en realidad- de las personas comunes del pueblo. Aún con esa salvedad, ya se conoce por datos del Banco Central que solo en el primer cuatrimestre del año (o sea sin contar mayo ni junio) se cerraron 340.000 cuentas sueldo. (Publicado en el portal Infobae, nota del 27/06/24). Una descomunal cantidad de gente que pasó a estar desocupada en apenas unos pocos meses.
La masacre contra los derechos básicos para la vida en comunidad -entre ellos el trabajo, el salario digno, las jubilaciones dignas, etcétera- es simultánea con el derrumbe de la actividad en rubros que implican varios fenómenos económicos a la vez. Tal es el caso de la industria automotriz, que logró una expansión espectacular en los años del kirchnerismo, se vino abajo durante el macrismo, y en el más reciente gobierno peronista se recuperó después de la pandemia.
Pero bajo el gobierno de ahora, debido a que hay menos dinero en las familias y en las empresas para comprar vehículos, y por otra parte en algunos países compradores se redujo la demanda, en definitiva disminuyeron ferozmente y al mismo tiempo el consumo interno y la exportación. El resultado es que la producción de automotores se derrumbó el 40 % en junio, comparado con un año atrás. (Datos del portal I-Profesional, nota del 03/07/24). Esa situación es extremadamente preocupante para las/los trabajadoras/es de ese sector fabril.
Perder o ganar con el dólar
En Argentina el discurso dominante habla todo el tiempo del dólar. El aumento de la cotización en las últimas semanas y días sacudió -como siempre ocurre- a los poderes económicos y políticos, y asimismo a la opinión pública. En el contexto nacional de hoy, es otro indicador del caos reinante.
Cuando aumenta el dólar en nuestro país, solo cabe esperar perjuicios para la mayoría de la sociedad. En cambio, sectores del poder económico se aprestan a ganar siempre más por el incremento de sus enormes rentabilidades. Es el caso de los exportadores de soja o productos derivados, y también de otros empresarios dedicados a cultivos exportables altamente rentables a nivel internacional.
Una de las claves de sus fabulosos negocios es guardar la producción en las “famosas” silobolsas, hasta que la moneda nacional vuelva a devaluarse y ellos reciban más pesos a cambio de cada dólar cobrado por vender sus mercancías al exterior.
Es una forma más de ejercer el poder de manejar los mercados, mientras la gente común del pueblo sufre indefensa las consecuencias de procesos ajenos a su voluntad y a sus posibilidades de control. Aquí se verifica, una vez más, lo que Milei llama acertadamente “capitalismo de libre empresa”.
Algunos datos de acceso público pueden resultar esclarecedores, como por ejemplo las cantidades de soja ya cosechada pero que las empresas deciden no comercializar y, en su lugar, mantenerla precisamente “encanutada” en silobolsas.
La organización empresarial que agrupa a los grandes fabricantes de aceite de soja es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara). Esa entidad informó recientemente que el volumen sojero sin vender es de casi 35.000 millones de toneladas (treinta y cinco mil millones, multiplicados por mil kilos). Equivale al 73 % de la producción total.
A esta altura de 2023 se había vendido el 57 %, en 2022 (muy parecido) el 56 %, en 2021 el 51 % y en 2020 el 48 %. ¿Por qué guardan este año mucho más que en los anteriores? El razonamiento es sencillo: uno de los sectores de negocios más poderosos del país está presionando para -y esperando una- devaluación del peso, en particular de la cotización que establezcan las autoridades públicas para exportar esos productos..
(Los datos aquí mencionados, junto con otros también muy importantes referidos al comercio de los principales cultivos agrícolas, constan en el último reporte mensual de la cámara de industriales aceiteros. Informe de “Ciara”, junio/24). https://www.ciaracec.com.ar/monitor/ahg2j3pw.pdf
Resultado de la acción del gobierno
Por su odio extremista y demencial a todo lo que sea público, manifestado en la violenta exclamación presidencial “¡Amo destruir el Estado desde adentro!”, la administración Milei ha sido brutal para cumplir sus objetivos y particularmente cruel con los/las empleados/as estatales.
El mandatario, acostumbrado a mentir y vomitar barbaridades retóricas, dijo a fines de marzo que había 50.000 despedidos/as en el ámbito nacional y anticipó otros 70.000. Poco después, al comenzar abril, el vocero Manuel Adorni informó de manera oficial que hasta ese momento eran 15.000. (Información del diario La Nación, nota del 03/04/24).
Días atrás, al finalizar junio, la gestión mileísta perpetró un nuevo ataque contra trabajadores/as públicos/as. El dia 30 vencían unos 2.500 contratos laborales que “no fueron renovados”, y de ese modo más gente perdió su fuente laboral.
Eran personas que trabajaban por ejemplo en los ex ministerios de Desarrollo Social y de Mujeres, Géneros y Diversidad, así como en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y también en el Hospital Posadas (dependiente del gobierno nacional y ubicado en la localidad de El Palomar, partido/distrito de Morón, provincia de Buenos Aires), un establecimiento de salud de alta complejidad.
Una de las personas echadas del hospital es una bióloga molecular especializada en la detección y seguimiento de pacientes con leucemia y linfoma. Había ingresado en el año ‘13 y, desde la jubilación de su jefa en el ‘21 y la renuncia de una colega en el ‘22, era la única encargada de procesar muestras para estos diagnósticos. (Crónica de Data Diario, nota del 01/07/24).
En empresas privadas, mientras tanto, se generaliza el despido “por goteo”. Recientemente, por ejemplo, 70 en un mayorista de artículos de perfumería y limpieza en el Conurbano bonaerense, llamado “Medamax”. Otros 40, de un total de 150, en Tenaris Siat, la fábrica del Grupo Techint que elabora tubos en frío para la minería y los hidrocarburos.
Pero además tanto en Techint como en Acíndar hay presiones al personal para negociar “retiros voluntarios”. Según fuentes periodísticas, “en ambas compañías advierten a los operarios que la sanción de la ley Bases abaratará los costos de despido, para persuadirlos a sumarse a los planes de retiro que supuestamente serían más convenientes”. (Informe de Página 12, nota del 04/07/24).
Como resultado de una acción de gobierno que favorece a grandes capitalistas y perjudica al conjunto del pueblo, la masacre social va entrelazada con el caos económico.
Aún así, como brutal paradoja de la celebración del Día de la Independencia, la mayoría de los gobernadores serán cómplices del denominado “Pacto de Mayo” inventado por Milei para tratar de fortalecerse políticamente, mientras crece la resistencia en las bases de la sociedad.
A un presidente desquiciado y a su régimen extremista y violento, solo cabe enfrentarlos y oponerse, en resguardo del derecho individual y colectivo a vivir dignamente y en paz.
A gobernadores que no respetan su obligación democrática de defender los intereses de la Nación y de las familias que la habitan, que la ciudadanía se lo demande.
(*) Publicado en Vaconfirma.com.ar
