Por Gabriela Calotti
Ya no se trata solamente de socavar el pacto democrático que la sociedad argentina edificó desde 1983, ni de quebrantar la lucha por memoria, verdad y justicia, sino que ahora buscan sentar las bases concretas en el camino hacia la impunidad que podría desembocar, al mejor estilo menemista, en indultos a los represores condenados por la Justicia. Desde 2006 hasta junio de este año, tribunales de todo el país dictaron 326 condenas por crímenes de lesa humanidad: de 1.187 condenados detenidos, 508 cumplen arresto domiciliario, según datos del Ministerio Público Fiscal. Los fallecidos vinculados a estos procesos ascienden a 1.586.
Desarmar financiera y estructuralmente aquellos espacios y organismos que en estas últimas décadas llevaron adelante políticas públicas para investigar, esclarecer y castigar penalmente a quienes ejecutaron un plan represivo sistemático de secuestro, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en el marco del terrorismo de Estado es parte de los lineamientos trazados durante la campaña por la dupla Javier Milei-Victoria Villarruel, que llegó a la presidencia hace menos de ocho meses.
«Creo que lo que fueron anunciando durante la etapa electoral y lo que en los primeros meses fueron fundamentalmente gestos simbólicos, hoy empiezan a plasmarse en políticas públicas y se materializa por un lado en el vaciamiento (organismos y espacios de derechos humanos) y en la preparación de un camino de impunidad», opinó Guadalupe Godoy, abogada querellante en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad en La Plata.
En diálogo con Contexto, la letrada consideró que «las visitas que se hicieron a las cárceles, acompañadas con el discurso que ya tenía Villarruel y que ahora expresan otros, como lo está expresando el ministro de Defensa [Luis] Petri, avizoran un camino hacia la impunidad muy a tono con el resto de las políticas públicas en materia de derechos humanos, seguridad e inteligencia, donde lo que se ve muy alevosamente es un regreso a los noventa».
Visita de diputados a genocidas
La visita que seis diputados del bloque oficialista La Libertad Avanza (LLA) realizaron el 11 de julio al Penal Nº 31 de Ezeiza para reunirse con genocidas condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad, entre estos, Alfredo Astiz, Miguel Donda, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, provocó un sacudón en una parte de la sociedad, porque supone haber cruzado una raya en el marco de la convivencia democrática.
La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para el 7 de agosto. El bloque de Unión por la Patria busca respaldo para crear una comisión investigadora que sancione o expulse a los legisladores que fueron a Ezeiza en una combi de la Cámara Baja. Se trata de Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro –estrecho colaborador de Villarruel–, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.
Del encuentro participaron otros genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad: Carlos Suárez Mason hijo, Gerardo Arraez, Honorio Martínez Ruiz, Agustín Oyarzabal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Ángel Britos y Antonio Pernías, entre otros, según diversos medios.
Frente a una clase política que parece vivir en cámara lenta, y mientras Milei y su gente avanzan con la topadora para destruir absolutamente todo, desde los salarios hasta los acuerdos democráticos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal contra los seis diputados mencionados.
La denuncia a la que tuvo acceso Contexto está impulsada por el ex premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la investigadora y socióloga Dora Barrancos y Roberto Cipriano, secretario del organismo. Refieren que las expresiones públicas efectuadas por el diputado Benedit al reivindicar a los genocidas condenados constituyen el delito de «apología del crimen», y por lo tanto «deben investigarse y juzgarse», pues estos delitos «afectan a la sociedad toda».
«La cuestión adquiere mayor gravedad en virtud del rol de funcionario público que reviste el legislador denunciado, rol que lo obliga a respetar la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional desde el año 1994», sostiene la denuncia de la CPM.
La CPM entiende que «este tipo de publicaciones apologistas que reivindican los métodos aberrantes, haciendo claramente apología del delito, apología en este caso de crímenes de lesa humanidad lesiona a las víctimas, sus familiares y a toda la sociedad», y recuerda que «las víctimas de la última dictadura cívico-militar fueron negadas como sujetos de derecho, que padecieron la desaparición forzada, torturas, secuestro, detenciones ilegales, exilio, insilio, despidos arbitrarios, entre otras prácticas ilegales».
Astiz fue condenado en 2011 por el Tribunal Oral Federal N° 5 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ex-Esma, el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la dictadura en el cual estuvieron secuestradas unas 5.000 personas, de las que sobrevivieron apenas 500. La Justicia argentina lo condenó por la desaparición de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco, así como de otros integrantes del grupo que en los inicios de la dictadura se reunía para buscar a sus familiares en la iglesia Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, donde Astiz se infiltró haciéndose pasar por hermano de un desaparecido.
Que uno de los visitados fuera el exmarino, activo miembro de los grupos de tareas de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, puso en alerta a los organismos de derechos humanos, no solo en nuestro país.
«Francia no olvida«
Ante la negativa del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) de extraditar a Astiz, la Justicia francesa lo condenó en 1990 en ausencia (contumace) a cadena perpetua por el secuestro y desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet, perpetrado el 10 de diciembre de 1977 por el grupo de tareas que integraba Astiz.
Ambas fueron arrojadas con vida al Río de la Plata en los llamados «vuelos de la muerte». El cuerpo de Leonie Duquet apareció en las costas bonaerenses y fue enterrado como NN en el cementerio de General Lavalle durante 28 años junto con los restos de las tres Madres de Plaza de Mayo.
Tras conocerse públicamente la reunión que los diputados mileistas mantuvieron con los genocidas, y justo días antes de que Milei viajara a Francia para participar en la apertura de los Juegos Olímpicos en París y reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, la organización de Franceses Desaparecidos en Argentina, representada por la abogada Sophie Thonon, publicó una carta abierta en los principales diarios galos bajo el título «Francia no olvida».
«Denunciamos la intención de liberar a Alfredo Astiz, responsable de la desaparición de monjas francesas durante la dictadura argentina», advirtieron antes de afirmar que «el verdadero propósito de esta visita fue, de hecho, asegurar a los condenados que sus condenas serían pronto anuladas y que serían puestos en libertad».
Recordaron que Milei, Villarruel y varios ministros y diputados «alimentan la intención de liberar a los criminales condenados» desde diciembre de 2023.
Villarruel no abrió la boca respecto de la visita de diputados de su bloque, pese a que es abiertamente defensora de genocidas y de la «teoría de los dos demonios» y organizadora de visitas al dictador Jorge Rafael Videla. Hay quienes piensan que es muy «bicha» y que «algo estará tramando».
La visita de los diputados de LLA no fue la única a represores. Por un pedido de información pública de la periodista Luciana Bertoia, de Página/12, se supo que el ministro de Defensa, Luis Petri, mandó al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y al director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lucas Erbes, a visitar a genocidas alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo –el capellán de la Bonaerense condenado a perpetua, Christian Von Wernich, y a Julio Simón, conocido como el «Turco Julián», ex integrante de la Policía Federal, condenado a perpetua, entre otras penas– para avanzar en un decreto que buscaría anular el carácter imprescritible de sus delitos.
Meses antes, Petri nombró como asesores de la Dirección de Derechos Humanos a la vicepresidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA), Silvia Ibarzabal, y a Arturo Larrabure, vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), organización presidida por la propia Victoria Villarruel, que así muestra ir tejiendo su estrategia en las sombras o detrás de un acting patriótico –pues, para respaldar la aprobación de la ley Bases en el Senado, consagrando así la entrega de los recursos naturales y la privatización de las empresas nacionales, no le tembló la voz–.
Milei es un ferviente admirador de Carlos Menem. Son varias las señales del Gobierno libertario que van en dirección de la impunidad, y en ese sentido no está de más recordar que el 7 de octubre de 1989 Menem sancionó cuatro decretos mediante los cuales indultó a 220 militares y 70 civiles, entre estos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
Vaciamiento de organismos y espacios
La organización Madres de Plaza de Mayo denunció días atrás la «intervención ilegal» de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). «Las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que el gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo», anunció la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.
Según la versión digital de Tiempo Argentino, circula una resolución del Ministerio de Capital Humano según la cual Sandra Pettovello nombró «rector-organizador» de la UNMa a Eduardo Luis Maurizzio. Esta decisión se suma al desfinanciamiento de la UNMa, que en 2024 no recibió un solo centavo del Gobierno nacional, según su vicerrector, Gustavo Pons.
La embestida contra la UNMa va en línea con las decenas de despidos en el primer semestre del año de trabajadores de áreas vinculadas con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la cual dependen el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que conserva la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el Consejo Federal de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Dirección de Leyes Reparatorias y los sitios de memoria.
De esa secretaría clave dependen cuatro sitios ubicados en la ciudad de Buenos Aires (Automotores Orletti, Olimpo, Virrey Cevallos y Atlético), el Faro de Mar del Plata, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Infantería (RI) 9 de Corrientes. La ex-ESMA –donde la Secretaría de Derechos Humanos tiene su sede– también se verá afectada con los recortes.
La vuelta de la SIDE
Si hay una sigla tenebrosa en la historia argentina del último medio siglo es la del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). ¿Para qué volver a usar esa sigla para reemplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)? ¿Se trata de poner en marcha mecanismos de apriete y extorsión ante el ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno desde el día cero y el saqueo que se viene?
Algunos pocos medios revelaron la decisión del Ejecutivo nacional, que ahora tiene superpoderes votados por la mayoría de los diputados y senadores, de otorgarle a la SIDE 100.000 millones de pesos (unos 105 millones de dólares) para gastos reservados, es decir, que no tendrán que informar en qué lo gastan.
Una fuente consultada por Contexto sobre esta cuestión especuló que ese dinero podría servir para el armado territorial y la campaña de LLA con miras a las legislativas de medio término de 2025.
«Habría que preguntarse por qué recobraron el nombre de la SIDE, por qué tomar el nombre de la SIDE cuando es un nombre tan desprestigiado, porque SIDE se llamó a la agencia de inteligencia durante la dictadura militar y durante los años del menemismo», afirmó a la prensa el ex interventor de la AFI, ex diputado nacional, Agustín Rossi. Según el ex candidato a la vicepresidencia en 2023, «es una estrategia que utiliza el Gobierno para generar terror ante el conjunto de la sociedad».
La SIDE tiene en su poder 250.000 fichas y más de un millón de fojas de papel con documentación institucional relativa al terrorismo de Estado, por ejemplo. Durante la dictadura, cada servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tenía su propia área de antecedentes, y todas ellas intercambiaban información con el Departamento 836 de la SIDE, afirmaba Facundo Fernández Barrio en una nota publicada en El Cohete a la Luna el 11 julio de 2021.
Sin olvidar el papel de la SIDE durante el menemismo y el desvío de las investigaciones del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), que el 18 de julio de 1994 causo 85 muertos y 300 heridos.
Según Guadalupe Godoy, «hay una ofensiva» del Gobierno de Milei-Villarruel sobre políticas «fundantes de lo que fue el gobierno kirchnerista. Si bien el campo popular sostuvo las demandas de memoria, verdad y justicia a lo largo de los años, es cierto que la institucionalización y la estatización de esas políticas se produjo en los gobiernos kirchneristas, y por lo tanto atacar esas políticas, es atacar una suerte de legado de esos Gobiernos».
«Pensando en el momento en el que estamos, hay una suerte de paralelismo con los 90, donde ante la ausencia de alternativa políticas, fueron las Madres las que se convirtieron en un faro ético en el que todos abrevábamos […] la deslegitimación del proceso de derechos humanos tiene que ver […] con romper una suerte de posibilidad de puntos de unión del campo popular», sostuvo la letrada, directora de Políticas y Reparación de la UNLP.
