Por Gabriela Calotti
El Gobierno nacional volvió a la carga con su línea negacionista. Esta vez fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de escandaloso recorrido en la Justicia desde los años 90, quien se pronunció a favor de otorgar la domiciliaria a los represores condenados que están alojados en unidades penitenciarias.
«Para mí hay gente de más de 80 años que está enferma, débil y en la cárcel, que bien podría estar en otras condiciones de detención», dijo el ministro el lunes en Mendoza, durante una entrevista en el programa Uno nunca sabe de MDZ Radio.
«Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, estamos afectando el criterio de dignidad, y esto no se ha convertido en justicia sino se torna en venganza», dijo el ministro yendo más lejos. Aunque consideró: «No podemos olvidar el pasado de ninguna manera […] tener gente que se esté muriendo en la cárcel, y creo que hay más de 300 en edades elevadas en esa prisión. Me parece que es un tema que merece una conversación».
Así se refería el ministro de Milei a los represores detenidos que en tiempos de la dictadura cívico-militar (1976-1983) no eran abuelitos sino miembros de las fuerzas armadas y seguridad que llevaron adelante el terrorismo de Estado con plena conciencia de ello y bajo un pacto de silencio que mantienen aún hoy sobre lo que hicieron y en particular sobre el destino de 30.000 detenidos-desaparecidos. En estos 41 años de democracia, y en particular a partir de 2006, fueron condenados por tribunales de todo el país por delitos de secuestro, tortura, homicidio, desaparición, violaciones y robo de bebés, entre otros. Delitos de lesa humanidad que no prescriben.
Según Cúneo Libarona, «hay que estudiar» el tema, porque además «la prisión domiciliaria es una discrecionalidad del juez»: «eso me produce mucha indignación […] me parece que esas personas merecerían morirse en sus casas con una tobillera, de la mano de su esposa».
«Son gravísimas las afirmaciones del ministro Cúneo Libarona que considera como venganza el proceso de Memoria, Verdad y Justicia», salió a repudiar el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense.
Sin embargo, Moreno aseguró: «No sorprende. No es algo nuevo, porque sigue la línea del Gobierno nacional, de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se dedicó a defender la actuación de los genocidas, y que los visitó en las prisiones en una clara reivindicación del terrorismo de Estado».
Las provocadoras declaraciones de Cúneo Libarona se producen en medio del escándalo desatado por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores condenados con sentencia firme por genocidio en la Unidad Penitenciaria Nº 31 de Ezeiza, entre los que estaba Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason hijo y Adolfo Donda. Además, en esos días se supo públicamente que en marzo dos enviados por el ministro de Defensa de la nación, Luis Petri, visitaron en la Unidad Nº 34 de Campo de Mayo a otros represores condenados igualmente por genocidio, entre estos, el ex capellán de la Bonaerense Christian Federico Von Wernich y Julio Simón, conocido como el «Turco» Julián.
Los diputados oficialistas que visitaron entre otros a Astiz son Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Respecto de las cuestiones de salud planteadas por Cúneo Libarona, Matías Moreno sostuvo que «los penales del Servicio Penitenciario cuentan con toda la capacidad de alojar a personas longevas gracias a su sistema integral de salud», y que sus condiciones son monitoreadas.
Moreno le recordó al ministro que «las condenas a los represores fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, basada en un marco normativo internacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas a tales delitos».
La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el sistema jurídico argentino fue establecida en 1995, mediante la Ley Nº 24.584, siendo aprobada la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad adoptada por las Naciones Unidas de 1968, que excluyó la prescripción de estos delitos.
Durante la entrevista con MDZ Radio, el periodista le preguntó a Cúneo Libarona si su posición de favorecer las domiciliarias va más allá de los delitos por los que fueron condenados. «Cualquier persona. Que mueran como corresponde. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad […] ¿Cuántos años llevan presos, 20, 25, 30? ¿Por qué no los fusilan? ¿Qué quieren hacer?», prosiguió, antes de indicar: «Es un tema que no está definido».
Entonces el periodista insistió: «Bueno, Astiz no tiene 80 años».
«Mi información es que hay más de 300 personas entre 70 y 80 años y hay muchos de 80 y también habría que acordarse de la cantidad de personas –porque yo lo viví porque ya tenía 17, 18 años– que eran ajenas a esta gue… a este conflicto, y fueron víctimas del terrorismo de las organizaciones, y hay muchas víctimas y esos hechos tampoco no fueron juzgados y eso es parte de la historia argentina», planteó Cúneo Libarona, introduciendo así de alguna manera la teoría de los dos demonios.
Cúneo Libarona estuvo en Mendoza para presentar el Código Procesal Penal que entró en vigencia en la Justicia federal. Fue acompañado por los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Horas después, Bullrich también se mostró a favor de otorgar a algunos represores el beneficio de la prisión domiciliaria. «Hay personas de 90 años con enfermedades terribles en la cárcel», dijo.
Aclaremos que de las 642 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, 508 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Otros 78 están alojados en diversos establecimientos penitenciarios y 56 en la Unidad Nº 34 que funciona en Campo de Mayo, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Los clientes de los Cúneo Libarona
El más reciente cliente de Cúneo Libarona, al que terminó defendiendo Augusto Garrido, uno de los abogados del famoso y caro estudio de abogados de la familia Cúneo Libarona, fue el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, condenado en junio a dieciséis años de cárcel por violación y abuso sexual de su sobrina segunda.
Cúneo Libarona llevaba la defensa del exgobernador hasta que Milei lo nombró al frente del Ministerio de Justicia. Lo mismo ocurrió con el represor Enrique Augusto Barre, número dos de Juan Miguel Wolk, el genocida condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad perpetrados en la Brigada de Investigaciones de la Policía bonaerense, conocida como Pozo de Banfield, donde fueron asesinados siete estudiantes secundarios secuestrados en la llamada Noche de los Lápices.
El único imputado absuelto en marzo pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en el Juicio por las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús fue justamente Barre.
Cúneo Libarona se hizo conocido en la década del 90, en pleno menemismo, por empezar a defender a gente de alto perfil mediático, como Guillermo Cóppola, en 1996, en una causa por tenencia ilegal de estupefacientes.
Al año siguiente, el propio abogado, ahora ministro, estuvo preso un mes, acusado de coacción agravada y encubrimiento por el robo de un video en el marco de la causa por el atentado contra la AMIA.
El estudio familiar no se queda atrás. En 2014, uno de los hermanos del ministro, Matías, fue el abogado defensor de Miguel Ángel «Mameluco» Villalba y su hijo Iván en un juicio por narcotráfico que llevó adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín.
