Primero por un voto de diferencia y luego por 19, los diputados oficialistas y sus aliados del PRO, mayoría de radicales, de los bloques Encuentro Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica, frenaron cualquier discusión en la cámara Baja para tratar los pedidos de repudio, de investigación y hasta expulsión de los seis diputados libertarios que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza.
«Queremos que se discuta en primer lugar en esta Cámara el hecho de que seis diputados de La Libertad Avanza visitaron genocidas en el penal de Ezeiza y que se trate el proyecto de repudio y una comisión investigadora», planteó en primer lugar el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño, luego de que se alcanzara el quórum necesario para iniciar la sesión.
Sometida a votación la moción de Del Caño fue rechazada por 113 votos contra 112 y 4 abstenciones. La moción de la izquierda tuvo el respaldo de los diputados de ese bloque, de Unión por la Patria (UP), de Innovación Federal, un puñado de la Unión Cívica Radical, cinco de Encuentro Federal, uno de Santa Cruz y uno del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Entre las afirmativas figuró una de las diputadas libertarias, Rocío Bonacci, que integró la comitiva que fue a la cárcel de Ezeiza el 11 de julio pasado para reunirse con represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. Los diputados de La Libertad Avanza (LLA), de Juntos por el Cambio (PRO) y los restantes de los bloques mencionados rechazaron la moción.
Más tarde, 121 diputados rechazaron un proyecto de la legisladora Gisela Marziotta (UP) sobre la expulsión de los diputados y diputadas que visitaron a los genocidas. Esta vez los votos positivos fueron 102 (UP y la izquierda). Los diputados de LLA, Juntos por el Cambio (PRO), varios de la UCR, Encuentro Federal y Coalición Cívica lo frenaron.
Al defender la iniciativa que contemplaba la expulsión de esos seis libertarios por su visita a represores, la diputada sostuvo que “cuando uno es diputado, es diputado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los cuatro años que dura el mandato”.
Consideró que estos diputados “pertenecen al Poder Legislativo, una de las tres patas del Estado que sostienen la democracia, democracia (contra la) que atentaron los genocidas”, afirmó.
De esta forma los diputados oficialistas y aquellos que colaboran desde un principio con el gobierno negacionista de Javier Milei y de Victoria Villarruel permitieron evitar que se discuta qué hacer con las y los diputados de LLA que fueron al penal de Ezeiza y que claramente trabajan para llevar adelante los proyectos de impunidad del oficialismo.
La semana pasada se cayó una sesión en Diputados por falta de quórum para tratar estas iniciativas. Este miércoles, en cambio, los diputados del oficialismo y de la “oposición dialoguista” sí respaldaron el avance de una iniciativa del PRO para limitar el derecho a huelga en el ámbito docente.
El 11 de julio pasado, los diputados de libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci fueron en una combi oficial de la cámara Baja al penal de Ezeiza con la autorización del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y pudieron ingresar a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza autorizados por la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, según la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que el martes reclamó la expulsión de la cámara de esos legisladores.
Allí, según pudo comprobarse después en una fotografía, los diputados se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo), condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio.
Mientras se aguardan los resultados de las pesquisas impulsadas por el juez Ernesto Kreplak a raíz de una denuncia presentada por el abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous para que se investiguen las circunstancias y autorizaciones que permitieron el ingreso a la cárcel de Ezeiza de los citados diputados, al parecer sin cumplir las normas reglamentarias.
