Este jueves, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto impulsado por el Gobierno provincial que actualiza la legislación vigente para el abordaje de violencias por razones de género. Desde Provincia destacaron la importancia de este avance «mientras que el Gobierno Nacional desfinancia y desarticula la atención y el abordaje de las violencias».
Con apoyo de la mayoría de los bloques opositores, menos del PRO, la Ley Integral de Abordaje de las Violencias por Razones de Género consiguió su media sanción y se encamina ya a la Cámara de Senadores. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, tiene por objetivo actualizar definiciones de tipos y modalidades de violencias por razones de género y establece un rol central para el Estado.
«Los organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y los municipios bonaerenses adoptarán las medidas necesarias para prevenir, sancionar, reparar y erradicar las violencias por razones de género en el ámbito de sus competencias», señala el proyecto aprobado.
Desde el Ministerio encabezado por Estela Díaz explicaron que esta ley «establece con precisión los principios que rigen las intervenciones en violencia por razones de género, fija los lineamientos de políticas públicas y, especialmente, clarifica el recorrido institucional dentro del Poder Judicial, para garantizar el acceso a derechos y a la justicia con perspectiva de género y diversidad».
«Mientras que el Gobierno Nacional desfinancia y desarticula la atención y el abordaje de las violencias, nuestra Provincia fortalece su trabajo para acompañar a las mujeres y diversidades que atraviesan estas situaciones», agregaron, y destacaron la importancia de «actualizar y mejorar nuestras leyes es fundamental para garantizar más derechos».
El proyecto fue presentado en la legislatura en mayo por la ministra Díaz, que en esa oportunidad destacó que se trata de una normativa con «una mirada integral e interinstitucional del abordaje, que incorpora todo lo que ha cambiado en las relaciones sociales que impacta en las diversas formas de la violencia».
La iniciativa había sido anunciada en el inicio de sesiones legislativas de 2023 por Kicillof con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente, la Ley provincial Nº 12.569 de violencia doméstica familiar, y de incorporar los lineamientos de la Convención de Belém do Pará y de la Ley nacional Nº 26.485.
