Por Miguel Croceri (*)
En 1976, al perpetrarse el asalto militar-cívico contra las instituciones de la República que dio comienzo a la dictadura genocida, la deuda externa apenas superaba los 8.000 millones de dólares. Pero siete años y medio después, cuando a fines de 1983 empezó la etapa democrática, el monto se había multiplicado por cinco veces y media. Llegaba a los 45.000 millones de dólares.
(Estos y otros datos están explicados en una reseña que publicó hace un años el diario Página 12 con el título “Historia de la deuda externa”. El texto fue elaborada por Carlos Heller, histórico dirigente del crédito cooperativo, también economista y actual diputado nacional de Unión por la Patria. Nota del 13/08/2023).
Quizás sea útil remarcar una precisión (mencionada en el primer párrafo): la deuda externa se mutiplicó por cinco veces y media durante la última dictadura (1976-1983). En esa época no existían «los políticos» tal como hoy se los conoce. Es decir que no existía lo que Javier Milei denomina «la casta».
Justamente, el término «casta» fue un invento retórico extraordinariamente efectivo del entonces candidato y actual gobernante argentino, Invento mentiroso y tramposo fundamental para que su prédica violenta y desquiciada atrapara la ingenua adhesión de millones de ciudadanos y ciudadanos que, a través de su voto, convirtieron a Milei en presidente de la Nación.
Tras aquel golpe de Estado de hace casi cinco décadas -golpe militar, cívico, empresarial, mediático, eclesiástico y del resto de las corporaciones-, «los políticos» fueron eliminados, literalmente, de absolutamente todos los cargos públicos del país.
No hubo más diputados/as, ni senadores/as, ni hubo legisladores/as en ninguna provincia, como tampoco concejales/as en ningún municipio del territorio nacional.
Los únicos que ejercieron la actividad política fueron los jerarcas militares y el conjunto de funcionarios civiles que ellos designaron en absolutamente todos los puestos de poder en las instituciones del Estado de cualquiera de los niveles (nacional, provinciales, municipales).
En la estructura formal del gobierno de la dictadura, un militar usurpaba el máximo cargo estatal con el nombre de «presidente de la Nación». Junto con él, imponían su violenta dominación sobre el conjunto de la sociedad los jefes de las tres fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), los cuales integraban un órgano inventado por ellos que llamaban «Junta Militar».
Hacia abajo funcionaba un gabinete de ministros, que en total eran ocho: dos oligarcas civiles (en el primer gabinete fungió como «ministro de Economía» el más recordado de todos aquellos usurpadores, José Alfredo Martínez de Hoz, y como «ministro de Educación» un dirigente conservador de profesión «docente» llamado Ricardo Pedro Bruera). El resto de los ministerios (seis) se los repartían el Ejército, la Armada y la Fuera Aérea, a razón de dos por cada una de esas instituciones militares.
Pero eso era solo en el gobierno nacional. El esquema de repartirse el poder entre cuatro corporaciones antidemocráticas -una civil y tres militares- se reproducía en cada una de las provincias más la capital federal (o sea Buenos Aires, que aún no constituía una «ciudad autónoma» como pasó a serlo años después debido a la reforma de la Constitución Nacional en 1994), y asimismo en la totalildad de los municipios grandes, medianos o pequeños del vasto territorio nacional.
Víctimas «eliminadas»
Los partidos políticos fueron eliminados y prohibidos. Las elecciones fueron eliminadas. El Congreso fue eliminado. Las Legislatures provinciales fueron eliminadas. Los Concejos Deliberantes fueron eliminados. «Los políticos», como tales, fueron eliminados. (Casi todos eran varones. Muy pocas mujeres tenían oportunidad de desempeñar cargos públicos en ese tiempo histórico, pero una de ellas era nada menos que la derrocada presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón).
Y quienes eran destituidos/as de los cargos de representación política que ejercían -ya sea en puestos surgidos de elecciones o en otros que eran designados por esos representantes votados por la ciudadanía-, en el mejor de los casos se debían ir a su casa contra su voluntad. Y en otros fueron encarcelados u obligados a exiliarse -a veces en un exilio dentro del país, lo que actualmente suele denominarse «insilio»-. Pero en el peor de los casos, fueron asesinados o desaparecidos, es decir eliminados como seres humanos.
Estas últimas víctimas -las que nunca más aparecieron o se comprobó que fueron asesinadas-, previamente habían sido secuestradas, como también lo fueron miles de militantes revolucionarios y de fuerzas populares en general, así como dirigentes políticos, sindicales e incluso del empresariado pequeño y mediano. Algunas personas que sufieron la prisión bajo el régimen dictatorial lograron sobrevivir y posteriormente fueron liberadas, mientras que otras siguen desaparecidas.
Ese proceso de violencia dictatorial atacó desde el más alto nivel político del Estado, es decir desde quien desempeñaba la presidencia de la Nación, y asimismo la titularidad de los ministerios del gabinete nacional y de dependencias de segundas y terceras líneas jerárquicas, y también a los/las senadores/as y diputados/as de la Nación.
Lo mismo pasó con los 24 gobernadores (incluyendo en este grupo al intentende de la capital federal), sus ministros, demás funcionarios y los/las legisladores/as de las provincias, y también con los intendentes y hasta el último concejal u otro funcionario que ocupara un cargo en el gobierno municipal que fuere.
Finalmente, cabe destacar que si bien en el Congreso no hubo más «políticos» que representaran a la ciudadanía, la dictadura inventó su propia esctructura para tener más cargos que repartirse. Así, se fabricó una llamada «Comisión de Asesoramiento Legislativo» (CAL), compuesta por un grupo de jerarcas militares con sus asesores y empleados, que usurpó el edificio del Parlamento y -parece burla pero así ocurrió- también sus funciones.
(Acerca de ese tema, puede consultarse un texto académico publicado por la Universidad Nacional de José C. Paz, UNPaz, denominado “Congreso y dictadura. La Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL)”. Es un artículo de Pedro Caressi y Pedro Fuentes que está disponible mediante versión PDF en “Ab. Revista de Abogacía”, año VIII – Nº 14. Publicación de julio/2024).
Falsificación de la historia
Quizás las precisiones de los párrafos anteriores, particularmente las referidas a las víctimas y su destino a veces mortal, resulten innecesarias -o, mucho peor, insultantes u ofensivas por detallar situaciones terribles pero supuestamente conocidas por toda la sociedad- y sin embargo por momentos parece que hiciera falta volver a decirlo una y mil veces.
Impunemente, la derecha y/o la ultraderecha suelen proclamar que las calamidades del país empezaron «hace 100 años», lo cual significa situar el inicio de todos los problemas en los primeros tiempos del voto universal (o sea desde 1916, aunque el sufragio fue solo masculino hasta 1952, año a partir del cual el peronismo reconoció también el derecho de las mujeres a votar). Así lo hace, sobre todo, el propio Milei, a quien casi nadie sale a desmentirle siquiera su delirante, canallesca y burda mentira de que en aquella época… ¡¡¡ «Argentina era «la primera potencia mundial» !!!
En otras ocasiones, desde ese mismo espectro ideológico-político se dice, con igual impunidad, que todo lo malo comenzó «hace más de 70 años», como sostuvo Macri en incontables oportunidades, refiriéndose al surgimiento del peronismo. (Hoy serían casi 80 años, dado que la irrupción de esa identidad política popular masiva tuvo lugar en 1945).
Frente a semejante falsificación de la historia, probablemente pueda ser necesario reafirmar que Argentina fue destruida en sus bases humanitarias, sociales, económicas, educativas, culturales, etc. cuando no existieron más «los políticos», es decir a partir del golpe de Estado de 1976.
En las décadas previas a la masacre genocida, en el país se había constituido paulatinamente la sociedad más igualitaria de América Latina, con altos niveles de alfabetización, ocupación laboral casi plena, potente desarrollo industrial y -desde el gobierno de Juan Perón, o sea de 1946 en adelante- con creciente acceso de las clases medias y bajas a los servicios de salud y a la vivienda digna.
El arrasamiento y el saqueo de aquella Argentina empezó con la dictadura 1976-1983, y tuvo nuevas etapas devastadoras con los dos periodos posteriores de restauración del capitalismo salvaje extremo, habitualmente llamado «neoliberal».
De esas dos etapas, una fue encabezada por Carlos Menem (1989-99, durante 10 años y medio) y Fernando de la Dúa (1999-2001, dos años), en el periodo que se suele mencionar de forma genérica como «la década de los ’90» -la cual abarcó desde mediados de 1989 hasta el estallido de diciembre de 2001-. Y la otra fue encabezada por Mauricio Macri (diciembre de 2015 a igual mes del ’19).
País amarrado a la deuda externa
Vuelta al principio de este artículo. Pero ahora tomando como propias las explicaciones de Noemí Brenta, doctora en Economía que en 2019 publicó el libro «Historia de la deuda externa argentina. De Martínez de Hoz a Macri». (Editorial Capital Intelectual. Se accede al resumen del texto, con referencias a la autora y posibilidad de adquisición on line de la obra, en la biblioteca digital de Le Monde Diplomatique).
Dice la reseña del libro: (Comienzo de cita) «La gran deuda externa argentina se inició en 1976-80, en tiempos de la dictadura cívico-militar y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, con los préstamos bancarios de fondos provenientes de los precios del petróleo -los denominados petrodólares-; en 1981-92 creció por la estatización de la deuda externa privada y por nuevos préstamos para pagar préstamos viejos y evitar así que los bancos prestamistas debieran pasarlos a pérdidas; entre 1993 y hasta el default de 2001 la deuda creció por el ingreso de capitales especulativos, los únicos aptos para comprar los bonos argentinos; y la deuda nueva aumentó por el pago a los fondos buitre en 2016 y por el ingreso subsiguiente de fondos especulativos. Esto es aplicable al grueso de la deuda, alrededor de un 80 %. Su origen demuestra que el capital prestado a la Argentina fue creado y expandido en la esfera financiera, reproduciendo dinero con dinero, por acumulación de intereses, diferencias de cotizaciones y operaciones más sofisticadas, sin pasar por el ámbito de la producción, donde verdaderamente se genera valor económico.
“Y como Argentina baila en el aquelarre global de la financiarización, por voluntad, resignación o pusilanimidad de sus gobernantes o de los grupos beneficiados, la deuda externa no se destinó a aumentar la capacidad productiva del país y el bienestar de su población. Por el contrario, la nación quedó amarrada por décadas a continuar la transferencia de valor económico a la esfera financiera, provocando la miseria de la mayoría de sus ciudadanos, en un juego macabro de vencedores y vencidos”. (Fin de la cita).
(La introducción al libro de Brenta y una parte del capítulo 1 están disponibles en la web para su lectura y eventual descarga. Acceso al PDF publicado en 2019). https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2019/04/PDF-BRENTA.pdf
En este trágico 2024, en el cual nuestro país sufre una completa devastación de las condiciones de vida de las personas, las familias y de todo el pueblo a una velocidad jamás conocida, quizás resulte necesario reflexionar acerca de cuándo empezó la bancarrota material, espiritual y moral de la Nación.
«Los políticos» fueron eliminados y otras 30.000 personas fueron desaparecidas por la dictadura genocida. Durante ese régimen de violencia estatal no existió lo que Milei llama «la casta». O sea que no existían como responsables de estructuras de poder las/los dirigentes supuestamente culpables de todo, como le han hecho creer a gran parte de la población, incluso a mucha gente de buena fe.
Creencia generada por la prédica de la ultraderecha y sus aliados, y agravada por la defección de las dirigencias democráticas y populares que hace mucho tiempo abandonaron la tarea de esclarecer, enseñar, informar, orientar y educar cívicamente a la sociedad.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
