Por Miguel Croceri (*)
Las derechas y ultraderechas surgidas en América Latina desde mediados de la década pasada han conseguido avances espectaculares, particularmente ganar elecciones presidenciales en dos de los países más importantes del sur del continente: lo hicieron con Jair Bolsonaro en Brasil (quien gobernó entre el 1ro. de enero de 2018 e igual fecha de 2022) y luego con Javier Milei en Argentina (ganó el balotaje el 19 de noviembre de 2023 y asumió poco después, el 10 de diciembre).
Desde posiciones político-ideológicas contrarias a fenómenos como estos dos, y en el caso de Argentina concretamente, las observaciones, análisis y opiniones de la casi totalidad de comentaristas en televisión, radio, redes, plataformas de comunicación por streaming, etc., se la pasan haciendo alusión al comportamiento -e incluso a «la culpa», la responsabilidad- de las/los votantes.
Muy raramente se trata de observar y poner en los primeros planos de la consideración a los poderes de facto que dominan a las sociedades y que, por lo tanto, inciden de manera determinante en las conductas electorales de la ciudadanía.
En las sociedades capitalistas -como lo son casi todas en el mundo actual- el poderío más determinante lo ejercen, precisamente, los congomerados económicos que son propietarios de grandes volúmenes de capital. Es decir (por si no queda claro), los grandes capitalistas. Más los factores de mando trasnacional cuya sede principal -pero no única- se encuentra en Estados Unidos, como epicentro y jefatura de un sistema de poder global.
Al interior de cada país, por caso el nuestro, el poder económico articula sus intereses a través de corporaciones estatales -fuerzas armadas y «de seguridad», aparato judicial, burocracias en niveles altos de organismos públicos, etc.- y además corporaciones privadas -en especial las cadenas comunicacionales más poderosas, como parte inescindible de las élites empresariales dominantes-.
(Para aproximarse, apenas aproximarse, a la conformación de la cúpula capitalista local, puede tomarse como referencia a la conducción de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. En esa entidad, con rango de «vicepresidente», figuran jerarcas por ejemplo de las fábricas de alimentos Arcor, del Grupo Techint, Grupo Clarín, Laboratorios Bagó, Supermercados Coto, el mediático Cristiano Ratazzi en nombre de las compañías de automóviles Grupo Módena, de los supermercados La Anónima y del Grupo Pérez Companc, entre muchos otros. Ver página web de la Asociación Empresaria Argentina).
Ese conjunto de estructuras de poder son las que están representadas políticamente por las dirigencias, partidos y gobiernos como el que encabezó en su momento Mauricio Macri (2015-2019) y el que ahora preside Milei.
Procesos históricos
Durante gran parte del siglo XX las clases capitalistas latinoamericanas -constituidas en oligarquías que se apropian de las instituciones del Estado- gobernaron a través de dictaduras sostenidas en la violencia del aparato militar y demás estructuras armadas.
Hacia finales de la centuria destruyeron la fortaleza económica de los poderes públicos mediante «golpes de mercado». (Hace algo menos de un año, en un artículo publicado en El Cohete a la Luna, el especialista en estudios económicos Horacio Rovelli describió en qué consisten esos ataques y cuáles son las respuestas posibles. Nota del 08/10/2023). Al mismo tiempo obtuvieron la complicidad dirigencial de partidos y movimientos populares para ejercer el gobierno en función de sus intereses. En Argentina lo hicieron a través del justicialismo liderado por Carlos Menem y también, aunque de manera más fugaz, del radicalismo encabezado por Fernando De la Rúa.
Las actuales derechas y ultraderechas del subcontinente emergerían, años después, como reacción de las clases dominantes de cada país y de la geopolítica estadounidense, para enfrentar y dentro de lo posible derrotar a los procesos populares y soberanistas que se desarrollaron en la región durante los primeros tres lustros de este siglo.
Dichos procesos fueron personificados por figuras como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Rafael Correa, y otros líderes y fuerzas políticas de menor gravitación pero que tenían similar orientación político-ideológica, como el Frente Amplio de Uruguay con José «Pepe» Mujica y la corta experiencia de Fernando Lugo en Paraguay.
Como resultado de las renovadas estrategias llevadas a cabo en lo que va de este siglo, los poderes de facto locales y extranjeros consiguieron imponer profundos cambios en la subjetividad social y en el método para controlar las instituciones del Estado. Hoy sus intereses son defendidos por gobiernos y por representantes parlamentarios elegidos mediante el voto de la ciudadanía.
La gran novedad histórica en América Latina es el crecimiento de formaciones que utilizan la vía electoral y al mismo tiempo cualquier tipo de políticas violentas y métodos represivos que les resulten necesarios y funcionales -violencia económica, jurídica, comunicacional y propagandística, policial, para-policial, eventualmente militar o para-militar, etcétera-, todo para propender a la implantación de modelos capitalistas cada vez más crueles y despiadados, y además reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en la región.
(En los últimos años ese tipo de formaciones ganaron elecciones presidenciales en el vecino Brasil, con Bolsonaro, y aquí con Milei. En otros casos no alcanzaron la mayoría de votos pero sí porcentajes altísimos. Incluso el jerarca extremista brasileño perdió en su intento de reelección por menos del 1 % en el balotaje contra Lula. El tema fue comentado, a partir del caso argentino, en una columna que publicó Contexto hace tres meses con el título «El régimen de extrema derecha en su apogeo». Nota del 16/07/24).
Indefensión de las mayorías
El mileísmo ejecuta, desde el Poder Ejecutivo, los planes de la estructura dominante compuesta por el gobierno propiamente dicho y (como se mencionó anteriormente) por factores de poder nacionales e internacionales.
Además, ese esquema institucional y corporativo que constituye integralmente el régimen político gobernante, también está sostenido por las alianzas parlamentarias que le otorgan mayorías en las cámaras del Congreso.
Ese tipo de respaldo en el Poder Legislativo es utilizado ya sea para aprobar leyes -como la canallesca Ley Bases que lleva incluido el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) con el cual se garantiza al capitalismo trasnacional el saqueo legalizado de los recursos naturales de Argentina-, como también para imponer la voluntad presidencial referida a la confiscación de una parte sustancial de las jubilaciones.
El pasado miércoles (11/09), un número legalmente suficiente de diputados/as avaló el veto de Milei a la ley sancionada semanas antes para establecer una -muy módica- recuperación del poder adquisitivo que los haberes jubilatorios perdieron contra la inflación por decisiones del gobierno.
Esa política oficial de violencia humanitaria, social y económica que perjudica a los/las adultos/as mayores ya retirados/as de la actividad laboral, fue sostenida una vez más con el peso del aparato represivo que volvió a descargar su agresividad contra personas que protestaban en las cercanías del edificio legislativo. (Crónica del sitio de noticias elDiarioAr, nota del 11/09/24).
(Fe de erratas: en una columna publicada hace una semana en este portal, el mismo autor de esta nota indicó equivocadamente que la movilización tendría lugar el jueves 12. Lo correcto hubiera sido informar que se realizaría, como así ocurrió, el miércoles 11).
A los regímenes de la nueva ultraderecha como el que encabeza Milei, haber llegado al gobierno mediante un triunfo en las elecciones les otorga un reconocimiento generalizado a su legitimidad de origen.
Sin embargo, esa interpretación simplificadora atenta contra el contenido esencial de una democracia y abandona el principio fundante de la soberanía popular.
Admitir que una gestión gubernamental pueda violar los derechos más elementales de las personas, arrasar las conquistas sociales básicas, destruir el aparato productivo del país, permitir el saqueo de los recursos naturales y someter a la Nación bajo el dominio de intereses extranjeros -ya sea de la superpotencia Estados Unidos, de una potencia intermedia como Israel, o de institucionales de control capitalista global como el Fondo Monetario Internaciona (FMI)-, significa dejar indefenso a la mayoría de la sociedad frente a la voracidad de las minorías privilegiados.
La legitimidad democrática exige que los poderes públicos -ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto de la Nación como de las provincias y, en su medida, las autoridades municipales- representen y defiendan el bien común y los intereses generales de la población.
La vía electoral para acceder a los más altos cargos del Estado es una fuente de poder inicialmente válida, pero su ejercicio no puede basarse en políticas públicas que impliquen violencias de cualquier tipo -ya sea económica, judicial, propagandística, física, emocional, etc.- que causen sufrimientos cada vez mayores para las personas, las familias y el colectivo social en su conjunto.
(*) Publicado en vaconfirma.com.ar
