En sesión extraordinaria, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata aprobó esta mañana por unanimidad la declaración de emergencia universitaria. La propuesta fue elevada al cuerpo por el Frente Gremial Universitario, integrado por el gremio docente ADULP, el nodocente ATULP y la Federación Universitaria de La Plata (FULP).
El máximo órgano de cogobierno de la UNLP también rechazó el veto que anunció el presidente Javier Milei para la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, convocó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a rechazar ese veto y a pronunciarse a favor de la universidad pública.
«A tres meses del anterior Consejo Superior, la situación de la Universidad ha empeorado. Hubo un deterioro del poder adquisitivo del orden del 25 %», sostuvo al iniciar la sesión el presidente de la UNLP, Martín López Armengol. «Desde la gestión nacional intentan descontextualizar el reclamo diciendo que la situación financiera del país es crítica, pero en el sector universitario estamos muy por debajo del resto de la Administración Pública y el sector privado», subrayó.
«Hace unos días, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con una amplia mayoría, y esto pone en valor el presupuesto universitario y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y nodocentes», destacó.
A su turno, el secretario general de la Asociación de Docentes de la UNLP, Octavio Miloni, señaló: «Seguimos perdiendo compañeros de la docencia, que deben buscar otros trabajos. Estamos profundamente orgullosos de esta universidad que ha escuchado todos y cada uno de los reclamos, pero continuamos muy lejos de resolver el problema».
Por su parte, el secretario general de los trabajadores nodocentes, Raúl Archuby, señaló: «Todos coincidimos en el diagnóstico, por eso debemos estar en la calle acompañando esta lucha de los trabajadores y los estudiantes».
De esta manera, la UNLP se suma a otras universidades que ya han declarado la emergencia salarial. Entre ellas, Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), San Martín (UNSAM), General Sarmiento (UNGS) y Río Negro (UNRN).
Los reclamos
El reclamo se enmarca en la tensa relación entre los gremios de trabajadores de las universidades de todo el país y el Gobierno nacional, que se niega a otorgar sumas que permitan recuperar la pérdida salarial superior al 50 % desde diciembre de 2023, sobre todo por el impacto de la devaluación y de imponer sumas en la paritaria inferiores al proceso inflacionario.
Los sindicatos vienen reclamando una recomposición salarial que permita recuperar la pérdida acumulada durante el primer semestre del año. Sin embargo, en la última paritaria, el Ministerio de Capital Humano impuso de forma unilateral un 3 % para agosto y 2 % para septiembre, lo que recalentó la relación con los gremios.
El 92 % de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, mientras que al 87 % de los docentes con diez años de antigüedad sus salarios tampoco les alcanza para cubrir la canasta de servicios y bienes que mide la pobreza, según un informe de las universidades de Río Negro y San Martín que difundió el CIN.