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La ONU advierte por las políticas de Milei destinadas a la niñez y pide «medidas urgentes» para revertir la situación

"El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo desde fines de 2023 y el impacto que estos pueden tener en la protección de los derechos de los niños", indicaron.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, presentó un informe de diecisiete páginas con observaciones sobre la situación de las infancias en Argentina, con duras advertencias al Gobierno de Javier Milei y un pedido «urgente» para que revierta la situación. «El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos que se están proponiendo desde fines de 2023 y el impacto que estos pueden tener en la protección de los derechos de los niños», indicó.

El organismo internacional puntualizó en la «reducción, fusión y abolición» de Ministerio y la desjerarquización de las políticas de niñez en el organigrama, al tiempo que manifestó su preocupación «por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y las reformas legislativas que promueven el cierre o la degradación de instituciones, reducen el alcance de las políticas públicas en materia de derechos del niño o promueven la derogación de normas que garantizan los derechos del niño».

Asimismo, recordó que en sus observaciones finales anteriores «el Comité insta al Estado parte a defender los más altos estándares de los derechos del niño, mediante reformas normativas progresivas, y poner fin a los retrocesos en materia de derechos del niño; adoptar una legislación marco de protección de la infancia en todas las provincias».

Vale destacar que Milei viajará este fin de semana a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU, que se realizará en Nueva York. Será su primer discurso frente al organismo, donde se espera que defienda sus políticas de ajuste.

A contramano del desfinanciamiento de Milei, el Comité de la ONU advirtió que «que el Estado parte (Argentina) aumente urgentemente las asignaciones presupuestarias para los niños, incluido el presupuesto para personal capacitado, infraestructura adecuada, programas de prevención y atención integral y cuidado, estableciendo objetivos de desempeño que vinculen las metas del programa relacionadas con la infancia con el presupuesto, con asignaciones y gastos reales, para permitir el seguimiento de los resultados y de los el impacto en los niños».

En otro apartado, la ONU pone el foco en las políticas de «no discriminación», prácticamente ausentes en el Gobierno de Milei. «Tomando nota del Mapa Nacional de Discriminación y los programas implementados para prevenir y erradicar la discriminación contra los niños, pero preocupados por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) mediante decreto 696/2024, y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y su potencial impacto en la prevención de la discriminación, el Comité insta al Estado parte a garantizar la aplicación plena y efectiva en todas las provincias de las leyes que prohíben la discriminación y promueven la tolerancia, incluida la Ley 26.892 de 2015, promover la convivencia y abordar la conflictividad social en las instituciones educativas; a fortalecer las instituciones responsables de proteger y promover el derecho a la igualdad y la no discriminación, y a garantizar que la discriminación contra los niños sea abordado eficazmente», indicó.

Otro de los puntos en los que el organismo internacional hace hincapié es en los proyectos de baja de edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo. «El Comité está seriamente preocupado por los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso que rebajarían la edad de responsabilidad penal a 13 años», señala el documento, que también advierte por «las continuas detenciones en comisarías y las prácticas degradantes, los malos tratos y la violencia en el sistema de justicia juvenil».

«El Comité insta al Estado parte a que ponga su sistema de justicia juvenil en plena conformidad con la Convención, en particular derogando la Ley 22278 y mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y se abstenga de reducirla», agrega.


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