En medio del conflicto gremial que mantiene en alerta a aeronáuticos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que Javier Milei firmará el decreto presidencial «que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, como habilita el artículo 9° de la Ley 23.696 de Reforma del Estado», dejando así a la aerolínea de bandera a un paso de su venta.
Tras el anuncio, la Oficina del Presidente alegó que la empresa estatal, desde 2008 «nunca cerró un año con balance positivo y los aportes del Estado Nacional para cubrir su déficit superan ya los 8.000 millones de dólares». Asimismo, mientras los pilotos reclaman que sus salarios tienen un 70 % de retraso, el Gobierno indicó que estos «son de entre 3 y 10 millones de pesos mensuales, y están asegurados independientemente de las horas de vuelo realizadas».
El decreto pretende acelerar la venta de la aerolínea de bandera que ya es negociada por el Gobierno nacional, que mantuvo encuentros con empresas como Gol (Brasil) y Copa (Panamá), mientras que se esperan nuevas reuniones con Avianca (Colombia) y aerolíneas low cost.
Para que se dé esta privatización, Milei tiene que tener el visto bueno del Congreso, por eso la Oficina del Presidente apuntó directamente contra diputados y senadores. «La privatización de Aerolíneas Argentinas es un paso fundamental en el camino para liberar al país de un gasto insostenible, y además es la única forma de evitar la quiebra y cierre de la compañía», indica el documento publicado. «Los argentinos de bien cuentan con que el Poder Legislativo podrá ponerse de acuerdo para terminar con este flagelo», concluyó.
Vale recordar que el Gobierno, en su Ley de Bases, había tenido un intento de incluir a Aerolíneas entre las empresas a privatizar, pero tras varios reclamos decidió sacarla. Posteriormente, la semana pasada, un proyecto del PRO se vio frustrado por diputados que reclamaban que una posible privatización podría dejar a muchas ciudades del interior sin conectividad.
Es en este marco que Milei la semana que viene avanzará en una nueva estrategia, esta vez mediante un decreto, echándose así mano de la Ley de Reforma del Estado, sancionada por Carlos Saúl Menem. La misma, en su artículo 9, establece que «la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso» y esto le asigna «trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza».
